El
Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
Adriana Calvo
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos
“Cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas”
Después de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se abrieron distintos canales judiciales para juzgar y castigar a los genocidas. Actualmente se están ventilando juicios contra Etchecolatz y el “Turco” Julián, los más emblemáticos. Queda la tarea de anular los indultos. Estuvimos con Adriana Calvo, referente de esta lucha, que nos dijo lo siguiente.
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Marcha del 24 de marzo de 2006 |
El juicio a Etchecolatz tiene el valor simbólico de ser, muy especialmente, producto de nuestra lucha, ya que se inició en 1999 cuando estaban en plena vigencia las leyes infames de Punto Final y Obediencia Debida y ninguno de los que después cambiaron de idea hablaba de anularlas, tampoco Kirchner. Fue a partir del Juicio por la Verdad de La Plata, una más de las herramientas que sirvieron para mantener y renovar la exigencia de justicia para nuestros compañeros. El juez Leopoldo Schifrin, integrante de la Cámara Federal que lleva adelante ese juicio, hastiado de escuchar semana tras semana tanto horror impune, logró que el tribunal ordenara a un juez de primera instancia abrir una causa penal por las ocho víctimas cuyos casos se habían presentado hasta ese momento en el Juicio por la Verdad y por los que Etchecolatz no había sido juzgado en los ’80.
La causa tuvo un trámite muy lento porque no encontró jueces dispuestos a impulsarla en serio y detener a Etchecolatz, para eso debían declarar inconstitucional la Ley de Obediencia Debida. Pero lo notable es que nuestra lucha inclaudicable de más de veinte años consiguió que tampoco se animaran a cerrarla aplicando las leyes de impunidad; en cambio, los jueces se declaraban incompetentes y la causa iba de un juzgado a otro. Mientras tanto, la APDH La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nos presentamos inmediatamente como querellantes, fuimos aportando todas las pruebas necesarias. Por ese motivo es que la etapa de instrucción terminó antes que las demás y llegó a juicio oral en primer término.
En marzo de 2001, un año y medio después de iniciado el juicio a Etchecolatz, la causa Poblete en la que se investigaba sólo la supresión de identidad de una niña apropiada luego de ser secuestrada con sus padres, marca otro hito en la lucha contra la impunidad: por primera vez un juez declara la inconstitucionalidad de las leyes y ordena la indagatoria de Julio Héctor Simón, “el Turco Julián”, por su responsabilidad en la desaparición de los padres de la niña.
Sin embargo, ninguno de estos dos juicios es lo que buscamos, en ambos se juzga sólo a un represor, por ocho víctimas en uno y por dos en el otro, mientras que nuestra consigna es “Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros”. Pero avanzamos en ese camino, al menos en el juicio a Etchecolatz donde somos querellantes representados por abogados de distintos organismos de derechos humanos, pensamos mostrar que esos ocho no fueron casos aislados sino parte de un plan de exterminio, de un genocidio.
Y avanzamos también en un camino de unidad y organización. Hemos logrado la formación, en Buenos Aires y La Plata, de un espacio llamado Justicia Ya, en el que participan no sólo organismos de derechos humanos sino también organizaciones sociales, sindicales y políticas. Es en ese espacio donde se toman las decisiones respecto de la política que impulsamos en las causas. Este tipo de organización amplia es el único que garantizará el avance de los juicios, ya que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces han sido cómplices de la impunidad y sólo lograremos vencer su resistencia a hacer justicia si es el pueblo todo, a través de sus organizaciones, el que toma estas causas en sus manos.
Este camino plural y unitario es también el que nos permitirá dar los importantes pasos que nos faltan. Uno de ellos es conseguir que el gobierno, además de actos simbólicos, produzca hechos concretos como remover a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura. Sólo por dar un ejemplo, la actual Cámara de Casación, por la que indefectiblemente pasan todos estos juicios, es un escándalo. Y la situación en el interior del país es más que alarmante.
Conseguir también que se entienda que los sobrevivientes ni vamos a vivir cuarenta años más para seguir dando testimonio en infinitos juicios como éstos, ni estamos dispuestos a pasar lo que nos queda de vida repitiendo una y otra vez el horror vivido. La solución es sencilla, todos la conocemos: debe juzgarse y condenarse con cárcel, común, efectiva y perpetua a todos los genocidas, precisamente por eso, porque son genocidas.
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