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Escribe:
Daniel Campos
Los empresarios y la Iglesia con la Ley de Educación
Las grandes empresas y la jerarquía de la Iglesia Católica apoyan entusiastas la Ley de Educación. Así lo hicieron saber a través de sendas cartas enviadas al ministro Filmus por el Consudec (Consejo Nacional de Educación Católica) y la UIA (Unión Industrial Argentina). La nueva ley no sólo reconoce a las grandes empresas y a la Iglesia como garantes de la educación, sino que les asegura subsidios, negocios y ganancias.
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La Iglesia debe sacar las manos de la educación |
Para el gobierno de Kirchner, “las acciones educativas son responsabilidad primaria de la familia, del Estado nacional, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales” ( Doc, pág. 17). Sin embargo, la institución que históricamente garantizó y garantiza la educación del conjunto de la población, y fundamentalmente de sus sectores más humildes, ha sido la educación estatal. Ninguna organización “social”, ni empresarial, ni religiosa, ni la Iglesia Católica y menos aún la educación privada, han sido garantes del derecho a educarse de la mayoría de la población y, sobre todo, de sus capas más humildes y necesitadas.
Los empresarios y la Iglesia, agradecidos
En su carta a Filmus, la UIA le informa su “total coincidencia” con el proyecto para “mantener con las empresas de la zona de influencia convenios de pasantías docentes y de alumnos”. Es decir, lo que más le interesa a los empresarios es mano de obra barata de alumnos y docentes. La Iglesia, en su carta del 27-6 plantea su acuerdo con la ley porque reconoce “a la escuela pública en su doble gestión estatal y privada” y ”su expresión más justa radica en el reparto proporcional de los fondos destinados a la educación” que “se complementan con el esfuerzo de la Iglesia (…) que sostiene con recursos edificios, materiales, didácticos (…) una oferta educativa que sería imposible de mantener por el Estado”. Es falso que sin el aporte de la Iglesia decaería la educación. La Iglesia está unida al Estado por la Constitución Nacional y esta “unión” se expresa en que el Estado paga los sueldos de todos sus funcionarios (obispos, cardenales, etcétera) y sostiene su poderosa estructura, con lo cual la Iglesia le quita dinero a todos los habitantes del país, independientemente de su creencia religiosa y ubicación social, y a la obra pública, a la salud, a los salarios de los trabajadores estatales, entre otros.
Al estar reconocida por esta ley, la jerarquía católica se asegura seguir sacándole plata al presupuesto educativo y ser la principal empresaria de la educación privada. En relación con los derechos laborales de los docentes, el documento del Consudec dice: “El vínculo laboral del profesional docente con su empleador difiere sustancialmente a que sea en dependencia del Estado (…) de una entidad privada en sus diversas configuraciones, ONG, asociaciones, fundaciones y entidades religiosas o confesionales”. Esto es lo que cualquier docente conoce de memoria. En las escuelas privadas se pisotean los derechos laborales, existiendo condiciones de explotación, trabajo en negro y salarios más bajos que en la estatal. Esta “diferencia sustancial” es lo que la Iglesia saluda que continúe.
Debemos rechazar la Ley Nacional de Educación
Creemos necesario una ley que fije que el aumento del presupuesto a la educación pública, tanto nacional como provinciales, sea utilizando el superávit fiscal del que hoy gozan tanto la Nación como las provincias. Y eliminar el subsidio a la educación privada para asistir de emergencia a las escuelas y universidades estatales, que reciben a la población más humilde y necesitada. A su vez, las escuelas privadas que, por carecer de este subsidio no puedan sostenerse, deben pasar a la órbita estatal, garantizando de esta manera la fuente de trabajo de los docentes y el servicio que de ellas recibe la comunidad. Hay plata de sobra para implementar estas medidas. Pero sólo será posible conseguirla llevando adelante una lucha unificada entre los docentes y la comunidad educativa. Esta lucha debe comenzar rechazando el proyecto de ley que pretende implementar el gobierno de Kirchner, que favorece exclusivamente a los grandes empresarios y a la iglesia. Desde el MST-El Socialista proponemos llevar adelante esta tarea.
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