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Escribe:
Jose Castillo
El gobierno cede ante los propietarios
El drama de alquilar
El precio de los alquileres es uno de los que más subió este año. Ante la sola mención por parte del gobierno de algún tipo de control, las inmobiliarias retiraron las unidades en oferta. Kirchner retrocedió, dejando desamparados a los locatarios una vez más. Para los trabajadores acceder a la vivienda propia es una quimera
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Los alquileres están por las nubes |
Alquilar, en particular en Capital Federal y Gran Buenos Aires, es cada vez más difícil. Se necesitan dos garantías, recibos de sueldos en blanco y hay que pagar el equivalente a cuatro meses de entrada: dos de garantía y dos de depósito. Ni que hablar cuando llega el momento de renovar un contrato: se están pidiendo aumentos de más del 50% del valor anterior. Los abusos son cosas de todos los días: según la ley de emergencia económica está prohibida la indexación. Pero termina siendo impuesta por las inmobiliarias bajo la amenaza de dejar a las familias en la calle.
Los alquileres y el índice de inflación
A Kirchner todo esto lo tiene sin cuidado. Lo único que le preocupa es que la inflación “luzca bien”. Este año la suba de los alquileres (8,2%) le estaba arruinando el índice. Por eso el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, llegó a esbozar una de sus típicas medidas de “impacto mediático”: crear un registro de los contratos de alquiler, para detectar si existen cláusulas indexatorias o si los propietarios no tienen declarados sus inmuebles. Jamás llegó a plantear siquiera que se congelaran los precios de los alquileres.
Pero la sola mención de que se “controlara” el negocio, hizo poner el grito en el cielo a las grandes inmobiliarias. Mostrando su poder retiraron en un par de días cientos de propiedades en oferta. El gobierno retrocedió de inmediato. Un comunicado del Ministerio de Economía dejó en claro el “malentendido”: “ante distintas versiones que circularon los últimos días, el Ministerio de Economía y Producción informa que no ha estado bajo análisis interferir en el libre juego de la oferta y la demanda del mercado de alquileres”. Los propietarios agradecidos. Y para los desesperados locatarios, cada vez más cerca la única opción del inquilinato, la casilla en la villa, vivir con algún familiar o directamente la calle.
¿Y comprar?
Para muchos trabajadores la sola pregunta parece una burla. Cada vez queda más lejos aquella época en que un obrero, con un crédito hipotecario, podía acceder a su “casita propia”. Hoy, si se quiere comprar un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires, se debe tener al menos 150.000 pesos. Si no se tiene el efectivo y se pide un crédito hipotecario hay que demostrar ingresos por 5.000 pesos y estar dispuesto a pagar una cuota de 1.450 pesos por mes. Prácticamente imposible para cualquier familia trabajadora. La única opción, para millones, es seguir tirando, mes a mes, dinero al barril sin fondo del alquiler y estar cada dos años en la zozobra de no saber donde vivir el mes que viene.
Vivienda digna para todos
La vivienda, junto con la alimentación, la salud y la educación, son los derechos básicos mínimos que se le deben garantizar a toda familia trabajadora. Por eso hay que terminar ya con la especulación inmobiliaria.
Como primera medida, debe decretarse la emergencia habitacional y congelarse los alquileres. Al mismo tiempo hay que colocar un impuesto a la vivienda deshabitada que impida que se retiren las propiedades de la oferta de alquileres. Y a los grandes especuladores, que poseen decenas de unidades en propiedad, se les debe exigir que las alquilen, bajo pena de expropiación. En el caso de que el locador sea una persona de menores recursos imposibilitada de trabajar -jubilado por ejemplo- y el alquiler sea su único ingreso, el Estado le debe alquilar el inmueble, entregándolo después a una familia necesitada.
Al mismo tiempo, el Estado, junto con las comisiones de inquilinos y los sindicatos, debe controlar el mercado inmobiliario, evitando abusos como comisiones excesivas y exigencias de garantías fuera de lugar .
Pero el problema de fondo es que hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Debe comenzar ya mismo un gran plan de construcción de viviendas populares, financiado con los fondos que hoy se destinan a pagar la deuda externa. Esto, junto con la nacionalización de la banca que permita la existencia de créditos hipotecarios accesibles para el bolsillo popular, será lo que finalmente transformará en realidad el hoy ficticio derecho a la vivienda digna para todos.
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