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Julio Arditi
Escribe:
Julio Arditi
Secretario General SUTEBA Gral. Sarmiento

Defendamos la educación pública

El gobierno lanzó su proyecto educativo que pronto tendrá forma de ley. Intenta avanzar en la privatización de la escuela pública, dando injerencia a grandes empresas, la Iglesia y organismos internacionales de crédito. Hay que concurrir a la Marcha Federal del día 15 para rechazarlo junto con la comunidad educativa y así defender la educación pública y gratuita. (Ver pág. 2.)

Aquí damos las razones de por qué hay que rechazar el proyecto del gobierno.

Se reafirman y avanzan leyes que privatizan la educación

Tanto la Ley Federal de Educación de Menem, como las reformas educativas sancionadas en las provincias, sumadas a las leyes de Financiamiento Educativo y Educación Técnico-Profesional mantienen firme el proyecto de política educativa del gobierno. Las mismas dejaron los índices más altos de deserción escolar y analfabetismo de la historia, miles de docentes y auxiliares bajo la línea de pobreza y la infraestructura al borde del colapso, con miles de escuelas que se caen a pedazos. Y si los resultados hisde estas leyes no fueron más catastróficos, es porque sus efectos fueron frenados por la lucha incansable que dimos los docentes, estudiantes y toda la comunidad.

Permite la entrada de las grandes empresas

Filmus ya acordó este proyecto con la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina del Libro, Banco Río, Clarín, IBM, La Nación, Techint y Telecom, entre otros, y la Iglesia Católica. Es el proyecto del Banco Mundial para América Latina. Las grandes empresas podrán hacer negocios mediante convenios, acuerdos, creación de ONG que apadrinen áreas, ramas y escuelas. Vienen en busca de mano de obra barata para celebrar ayudantías y pasantías con universidades y colegios secundarios, que consolidarán el trabajo en negro y precarizarán las condiciones laborales. Quieren arrancar a los trabajadores y sus hijos una de las pocas conquistas que aún tenemos: la educación pública y gratuita, repitiendo lo mismo que hicieron con el petróleo (YPF), los teléfonos (Telefónica y Telecom), los aviones (Aerolíneas Argentinas) y los ferrocarriles, entregársela a los empresarios y así lucrar también con la educación de nuestro pueblo.

Perjudica la escuela pública estatal

El documento base que envía el gobierno plantea que la educación es responsabilidad de la familia, de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. Está diciendo que el Estado se debe desentender totalmente de la educación de nuestros hijos, favoreciendo así a la jerarquía católica, la principal empresaria de la educación privada del país, que se beneficia con millones de subvención estatal.

A través de décadas, ninguna organización social, ni empresarial, ni religiosa, ni la Iglesia Católica y menos aún la educación privada, han sido garantes del derecho a educarse. La única que garantizó y garantiza la educación del conjunto de la población, y fundamentalmente de sus sectores más humildes, es la educación pública estatal. De ahí que una ley de educación tiene que fijar como prioridad el sostenimiento de la educación pública, gratuita, laica y estatal.

Peligran el secundario y las escuelas especiales

Con las reformas educativas implementadas y la transferencia de escuelas a las provincias, fue duramente golpeado el nivel medio y el colegio secundario. Intentaron darle un sentido asistencial a la educación vinculado al surgimiento de enormes bolsones de pobreza que el modelo económico generó. Así millones de chicos y jóvenes desertaron en todos los niveles con bochazos masivos en la universidad. Necesitamos recuperar el nivel medio con becas para los alumnos de bajos recursos y títulos que den salida laboral como históricamente hizo el colegio secundario. En relación con los demás niveles educativos como las escuelas especiales o artísticas, corren peligro en la medida que las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito los consideran un “gasto”.

Ataca el salario y derechos laborales de los docentes

También se plantea que las condiciones de trabajo queden en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, que regula la entrada de las grandes empresas al sistema. No es posible una educación digna sin una firme defensa de los derechos laborales docentes. Por eso rechazamos que las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito decidan sobre las condiciones de los docentes, porque eso hará peligrar el Estatuto del Docente y los convenios colectivos laborales de los demás trabajadores de la educación.

Desde Docentes en Marcha y el MST-El Socialista, llamamos a la más amplia unidad entre docentes, padres, alumnos, demás trabajadores y al conjunto de la población, a movilizarnos para evitar que salga una ley de educación con esos lineamientos, como lo haremos el 15 en Plaza de Mayo con la Marcha Federal.


Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.

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