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Escribe:
Daniel Campos
Caso López
El gobierno no quiere llegar a la verdad
A más de un mes de su desaparición, queda claro que, lamentablemente, el caso del compañero Julio López es un secuestro. Ni está escondido, ni confundido, ni atemorizado, como falsamente plantearon Hebe de Bonafini o funcionarios del gobierno. La movilización por la aparición con vida y el esclarecimiento hasta conocer toda la verdad sobre su situación debe continuar con más fuerza que nunca.
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Una de las últimas fotos de Jorge López antes de su desaparición |
La desaparición de Jorge Julio López no se dio en cualquier momento: desapareció en la madrugada del lunes 18 de septiembre, día en que se exponían los alegatos y era imperioso que López estuviera en la sala juzgadora, ya que su ausencia impedía a dos abogados alegar. Precisamente los dos que solicitarían la condena por genocidio. Esta circunstancia era conocida por el tribunal y también por la defensa de Etchecolatz, y sólo fue posible que el alegato se hiciera en forma completa gracias a un recurso legal de carácter extraordinario.
Complicidad de la policía y el gobierno
La Policía Bonaerense está gravemente sospechada. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos al gobierno de que tome medidas preventivas, no lo ha hecho. Como apartar a todo el personal de la comisaría de Punta Lara (desde donde surgió la información de que el cadáver calcinado y amordazado que apareció en señal mafiosa era el de Julio). Investigar a la comisaría de Los Hornos en La Plata, con jurisdicción sobre el barrio de Julio, o que se exonere a los sesenta policías que actuaron en centros clandestinos de detención durante la dictadura y continúan en actividad. La realidad es que nunca se concretaron, mostrando la escandalosa impunidad que el gobierno les garantiza a los genocidas y represores.
El gobierno kirchnerista de Solá explica que no apartaron al personal de la comisaría de Punta Lara ni investigaron quién hizo la llamada, porque dijeron que quien llamó no había dicho que el cadáver era de López, sino que “podía” ser de López. Sobre los sesenta efectivos “residuales” de la policía que actuaron en la dictadura, ahora aumentaron a “un centenar” el lunes 25 de septiembre, según dijo Solá en conferencia de prensa. Sin embargo, no exoneraron a ninguno, sólo jubilaron a los 36 que estaban en edad de retiro. La explicación fue que había temor a demandas laborales contra el Estado. Recordemos que está en plena vigencia la ley que permite al Ejecutivo provincial echar a cualquier miembro de la policía sin mediar motivo. Sobre los policías imputados en la causa “Comisaría 5ª”, y a los que viven en el mismo barrio de López, la respuesta gubernamental fue que “no lo puede hacer público porque teme insubordinaciones si toma medidas ejemplificadoras”.
Un escándalo de complicidad del gobierno mientras muchos de los genocidas siguen en actividad en las fuerzas armadas, en las de seguridad y en los servicios de inteligencia. Y aquellos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente, como el asesino Astiz.
Para llegar a la verdad, comisión investigadora independiente
El gobierno dice no tener noticias, ni pistas firmes de su paradero. La Justicia tampoco sabe nada. La SIDE y los organismos de seguridad dicen desconocer datos sobre dónde puede estar.
Es necesario constituir una comisión investigadora independiente encabezada por los familiares de López y sus abogados querellantes, organismos de derechos humanos, personalidades, organizaciones políticas y sociales, dirigentes sindicales, legisladores, artistas y todos aquellos que quieran llegar a la verdad y castigar a los responsables.
El gobierno debe colocar a disposición de esta comisión todos los libros y archivos de la SIDE y los organismos de seguridad y tener acceso a toda la información disponible sobre Julio para transmitirla periódicamente a la población.
Es que el gobierno y los organismos de seguridad del Estado están demostrando que no garantizan los más elementales derechos de conocer qué ocurre con este caso, poniendo en peligro derechos democráticos fundamentales. Como cuando el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, solicitó una custodia para testigos y el Ministerio del Interior la rechazó, sin dar una sola explicación de la negativa.
Es necesaria la remoción de los fiscales y jueces cómplices de la dictadura, la exoneración y baja deshonrosa de todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se hayan desempeñado en los campos de concentración y el desmantelamiento total de todo el aparato represivo.
A la vez, seguiremos impulsando y llamando a la más amplia unidad para seguir la lucha por el total esclarecimiento del caso de Julio Jorge López.
Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.
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