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Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Julio López, Carlos Fuentealba
La misma impunidad
Al cumplirse 9 meses de la desaparición de Julio López, las organizaciones que participamos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia emitimos la siguiente declaración.
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A nueve meses de la desaparición del compañero Jorge Julio López, las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales, estudiantiles y políticas que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia seguimos exigiendo al Gobierno su aparición con vida y el castigo de los responsables políticos y materiales de su secuestro.
A nueve meses de la desaparición de Julio, denunciamos que la causa judicial en la que se investiga el hecho es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecerlo. No hay un sólo imputado, una sola pista firme, un solo indicio. En cambio, sí hay muestras específicas de:
Inacción tanto del juez como del fiscal de la causa. El fiscal estuvo ausente de la causa durante 4 meses hasta que, molesto por las denuncias públicas de los querellantes, solicitó que se disponga el secreto del sumario. El juez, que no dirige ni controla la investigación, otorgó esa medida y la levantó 10 días después sin fundamentación alguna.
Encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal. Ocultamiento de información, frustración de pruebas, abandono de líneas de investigación. Ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial. Mientras tanto permanecen impunes los autores de las amenazas y ataques a testigos, querellantes, abogados y jueces -y también a sus familias-, así como los responsables de la desaparición de Luis Gerez. Y las bandas fascistas siguen operando con total libertad. En los últimos días fue secuestrado el hijo de dos militantes populares de solo 8 años y también Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, que ya estaba bajo la supuesta protección del Estado. En esta situación de creciente impunidad comenzará en pocos días el juicio oral al cura represor Christian Von Wernich. En ese marco, rechazamos las declaraciones del Cardenal Bergoglio y hacemos responsable al Gobierno de la seguridad de los testigos, los abogados y los militantes que participarán de ese juicio.
Pero la desaparición de Julio y las amenazas y secuestros a compañeros vinculados a los juicios contra los genocidas no son las únicas muestras de impunidad. La represión a los luchadores obreros y populares continúa. Hace menos de dos meses fue fusilado por la policía de Sobisch el compañero docente Carlos Fuentealba en el marco de una lucha que convocó a todos los trabajadores docentes de la provincia de Neuquén. El sargento Darío Poblete, involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y condenado por torturas, es hoy el “preso” que ayuda en las requisas en la penitenciaría. Fueron brutalmente reprimidos los trabajadores docentes, petroleros y municipales de Santa Cruz, provincia que sigue ocupada por la Gendarmería. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires con los trabajadores del Casino. Los militantes populares siguen siendo procesados y continúan detenidos los trabajadores de Las Heras, los compañeros que fueron apresados en una manifestación realizada en Buenos Aires en solidaridad con el pueblo de Neuquén, los campesinos paraguayos y el compañero detenido en ocasión de la protesta espontánea de la estación de Haedo hace un año. El gatillo fácil sigue a la orden del día, más de 650 jóvenes fueron asesinados desde que asumió este gobierno. El presidente Kirchner acaba de impulsar la sanción, entre gallos y medias noches, de la nefasta ley antiterrorista que le exige el gobierno de Bush. En tiempo record, menos de una semana, el proyecto enviado por el ejecutivo, fue aprobado por ambas Cámaras. Esta ley tiene como objetivo extender el poder de represión al movimiento popular, ampliando las atribuciones de la policía, organismos de inteligencia, jueces y fiscales. Se enmarca en la doctrina jurídica más retrograda y fascista, crea delitos que no penan hechos sino a quienes pertenezcan a una organización política, social, gremial o de derechos humanos, que arbitrariamente sea definida como “terrorista”. El gobierno que se dice defensor de los Derechos Humanos, legisla la represión. En todo el país se multiplican las luchas exigiendo políticas que atiendan a la resolución de las necesidades populares y para terminar con la impunidad. La respuesta es represión. Por todo esto, en este mes de junio, a 9 meses de la desaparición de Julio López y cuando se cumplen cinco años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y cinco años de impunidad de los autores intelectuales del mismo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ha decidido unir los dos reclamos y convocar a participar masivamente de la movilización que se realizará el 26 de junio en el Puente Pueyrredón. Porque Darío y Maxi, Julio López, Carlos Fuentealba, forman parte de la misma impunidad.
Astiz condenado a perpetua en Italia
El Tribunal Penal de Roma confirmó la sentencia a cadena perpetua y “en rebeldía” (porque no se presentaron), contra cinco militares argentinos por la desaparición y muerte de tres italo-argentinos durante la última dictadura militar. Los condenados son Alfredo Astiz, los capitanes de navío Jorge Eduardo Acosta y Raúl Vildoza, el contralmirante Antonio Vañek y el prefecto naval Héctor Antonio Febres. La sentencia será distribuída en escuelas secundarias de Roma para formar a sus alumnos.
Esta sentencia contrasta con la actitud del gobierno de Kirchner que se empeña en mantener los indultos a los genocidas.
“Ley antiterrorista”
El Congreso vota ley ordenada por Bush
El gobierno de Kirchner hizo aprobar por el Congreso, en tiempo record, la Ley Antiterrorista encomendada por Bush. Comencemos por recordar que la más importante organización terrorista a escala mundial, responsable de bombardear viviendas, asesinar niños, fabricar miles de armas atómicas, secuestrar gente y torturar masivamente a sus prisioneros en Irak, Afganistán, Palestina y decenas de países, es el gobierno de Estados Unidos.
Pero la ley, aprobada por los diputados del PJ y la UCR, no es para castigar a Bush y a sus cómplices. Todo lo contrario. Es un mamarracho jurídico similar al que ya existe en Chile y otros países, cuyo objetivo es amenazar a todos los movimientos de resistencia al imperialismo y la explotación. En Chile sirvió para procesar a dirigentes mapuches, a los que acusaron de incendio de bosques.
Gastón Chillier y Andrea Pochak, titulares del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) puntualizan que la ley “castiga a quienes integren una agrupación política que hubiera participado de protestas en el marco de las cuales se cometieran delitos comunes” (Clarín, 18/6). Parte de la normativa contempla penas de 5 a 20 años de prisión para aquel que tome parte de un grupo ilícito destinado a “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, para lo cual se disponga de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas”. Es evidente que esta norma, interpretada por un juez reaccionario, puede castigar cualquier huelga o lucha contra alguna medida del gobierno con el sólo recurso policial de “encontrar” una granada de gas o cualquier arma, acusando así colectivamente a los que protestan y exponiéndolos a gravísimas condenas penales.
Las organizaciones de derechos humanos condenaron esta ley. Hasta Hebe de Bonafini, caracterizada en los últimos años por una cerrada defensa del gobierno de Kirchner, la denunció en términos durísimos, diciendo que está dictada por Bush y amenazando con “tomar la Casa de Gobierno”. Denunciamos al gobierno de Kirchner por esta ley represiva y por acatar las órdenes de Bush.
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