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Escribe:
José Castillo
Kirchner sigue entregando el petróleo
¿De qué “argentinización” están hablando?
La escandalosa prórroga de la concesión a Panamerican Energy en Santa Cruz parece calcada de la época menemista. La “argentinización” de YPF-Repsol metiendo en el negocio a un empresario “K” tampoco resuelve nada
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Más allá de los motivos ligados a la interna del PJ santacruceño, un nuevo escándalo ha estallado en nuestra ya muy vapuleada política petrolera. El yacimiento Cerro Dragón, en Chubut y Santa Cruz, ha sido concesionado a Panamerican Energy (British Petroleum, Amoco y Bulgheroni). Pero no se trata simplemente de un nuevo capítulo de la entrega de nuestros hidrocarburos. Sucede que la concesión recién vencía en el 2017, pero se resolvió “adelantar” la firma de la nueva... ¡en 10 años!. Y se acaba de firmar una nueva por otros diez, pero que comienzan recién al vencimiento de la actual. O sea que vencen en el 2027. Y por si eso fuera poco, la empresa encima tiene la opción de extender el contrato otros 20 años, hasta el 2047. En concreto, se le regala el yacimiento a Panamerican hasta que lo agote, ya que nada quedará de él dentro de 40 años. Si hablamos en plata, digamos que, según el Grupo Moreno, las reservas comprobadas de Cerro Dragón son de 28.653 millones de dólares (en un cálculo conservador). Panamerican Energy deberá desembolsar durante todo el período de explotación apenas 3.352 millones de dólares en concepto de regalías. Lo que se dice un negocio redondo.
El nuevo socio de YPF-Repsol
La principal petrolera del país está sufriendo un proceso de vaciamiento inexorable de su capacidad productiva. La política de su dirección española, avalado por acción y omisión por el Estado Argentino, es maximizar las ganancias que se pueden obtener vía la extracción y venta en el exterior de los pozos existentes. Ni siquiera se invierte para aumentar la capacidad local de refinación, y mucho menos se realizan exploraciones.
Lo que está sucediendo con YPF se puede graficar muy sencillamente. Repsol compró la empresa en 1999 pagando 15.100 millones de dólares. Desde el año 2001 al 2006, pagó utilidades que fueron reenviadas a su casa matriz por 8.200 millones. Resultado: en apenas seis años Repsol recuperó más del 50% del total de lo invertido en la compra.
Esta forma de exprimir a la empresa para sacarle el mayor efectivo posible, la está descapitalizando rápidamente. Esto lo reconoce la propia Repsol. Los españoles quieren desprenderse del 45% de las acciones, y para ello valúan la compañía en apenas 12.000 millones de dólares. La propia casa matriz española reconoce que hoy, con un valor del petróleo muy por encima del que existía cuando adquirieron la empresa, ésta vale 3.000 millones de dólares menos. Los motivos son fáciles de adivinar: están agotando a velocidad astronómica los pozos. El gobierno de Kirchner no hace nada para evitar este desfalco. Ni siquiera hace uso de la única prerrogativa que le queda.
El país posee una “acción de oro” con la que puede vetar las decisiones más escandalosas de los socios españoles. Inclusive tiene una silla en el directorio de la empresa. Increíblemente, Kirchner miente y asegura que ya perdimos la acción de oro y no se puede hacer nada. En esto le hace coro hasta Lavagna, que propone comprar el 25% de YPF vía Enarsa para recuperar la famosa “acción”. Los dos esconden el hecho de que el “director estatal” de YPF-Repsol, siguiendo las directivas del gobierno, acompañó todas y cada una de las políticas definidas por los gerentes de la multinacional española.
Ahora que YPF-Repsol quiere desprenderse de parte de los activos de la empresa para concentrarse en “zonas más rentables a futuro” (se habla de Libia y México), busca un comprador que se haga cargo directamente del 25% del capital (el otro 20% lo negociaría en la Bolsa). El gobierno, siempre listo para cumplir sus deseos, ya “le consiguió comprador”: el empresario Enrique Eskenazi, al cual le brindará todas las facilidades financieras necesarias a costa del ahorro de los argentinos. La Argentina no recuperará nada con este “pase de manos”. Será solo un negociado turbio a medida de Repsol y con una jugosa diferencia financiera para Eskenazi.
Para no quedarnos sin gas ni petróleo; para poder aprovechar la renta que rinde elevados valores internacionales; para tener un sistema energético que no colapse en cualquier momento; para que se cumpla el derecho tan simple de que todos tengan electricidad y calefacción, la única “argentinización” posible pasa por la reestatización de YPF-Repsol y de todas las empresas del complejo gasífero petrolero (como Panamerican), para ponerlas a funcionar bajo control de sus trabajadores, y al servicio de las necesidades populares.
Quién es “Don Enrique”
Enrique Eskenazi aparece como el futuro dueño del pedazo de YPF-Repsol a “argentinizar”. Este extraño personaje de perfil bajo, acumula un voluminoso currículum a sus 77 años. Titular de Petersen Inversiones, la constructora con que ingresó al mundo de los negocios en los 80, se expandió en la década menemista al sector bancario. Con la privatización de los bancos provinciales se hizo dueño del Banco de San Juan, y a partir de éste adquirió el Nuevo Banco de Santa Fe y el Nuevo BERSA (Banco de Entre Ríos S.A.). También es dueño del Banco de Santa Cruz (compartiendo la propiedad con el gobierno provincial). Antes fue ejecutivo de Bunge y Born, y amigo personal de Corach. Sus relaciones con Kirchner datan de 1996, justamente la época de la privatización del Banco. Desde ese entonces, todas las grandes obras de la provincia pasaron a caer en manos de la constructora Petersen. La “expansión” de la obra pública no se limitó a Santa Cruz: también aparece su nombre muchas veces en la zona de Cuyo. Jamás en su vida tuvo nada que ver con la industria petrolera. Lo que se dice un verdadero “capo-mafia kirchnerista”.
Crisis energética
¡Que no la termine pagando el pueblo!
Los ejemplos sobran. La empresa automotriz DaimlerChrysler está haciendo trabajar a sus operarios en sobreturno, por la noche, porque no tiene energía de 16 a 24. Los aserraderos Tapebycuá, de Celulosa Argentina, ubicados en Corrientes y Usuahia respectivamente, también reprogramaron sus turnos de trabajo. Lo mismo hizo la fábrica de maquinaria agrícola Mainero. La petroquímica Profertil, de Bahía Blanca, lleva 19 días con la producción paralizada. Todos los molinos de trigo se encuentran detenidos. En la provincia de Neuquén ya hubo movilizaciones del Sindicato Ceramista debido a que las plantas están reduciendo horas, con su consiguiente repercusión en el salario.
No son datos aislados. La CGT ha denunciado que hay suspensiones en el 10% del personal de las estaciones de servicio, el 8% de los afiliados a la UOM, el 11% del SMATA y el 18% de los trabajadores del cuero. ¡Lástima que, más allá de sus buenas estadísticas, no llame a los trabajadores a salir a pelear para defender su salario!
Hay que movilizarse ante cualquiera que pretenda despedir o suspender aprovechándose de la crisis. Y si la producción se para, se le debe garantizar a los trabajadores el 100% de su salario. La crisis la generaron las petroleras y los otros pulpos privatizados del complejo energético, con la complicidad del gobierno. Las empresas hoy “perjudicadas” son las mismas que se vienen beneficiando desde hace años, tanto con las leyes flexibilizadoras como con los “bajos costos salariales”. Ellas son las que deben pagar la crisis.
Multas a Shell que ni paga
¿Y Repsol?
El gobierno “multó” a la Shell con 5 millones de dólares por estaciones de servicio de esa compañía que no estaban distribuyendo gasoil. El hecho nos merece tres reflexiones.
Primero. El propio gobierno está demostrando que cuenta con una herramienta, la ley de Abastecimiento (n° 20.680), que autoriza a multar, clausurar, e incluso expropiar y encarcelar al que viole precios máximos, venda en el mercado negro o produzca desabastecimiento. Es un instrumento formidable no sólo para disciplinar a los pulpos energéticos, sino principalmente para la lucha contra la inflación. Pero el gobierno no la usa, “mostrándola” sólo en cuentagotas. Es evidente que no tiene ninguna intención de aplicarla porque significaría ir directamente contra las ganancias de las empresas.
Segundo. Ya es la tercera vez que el gobierno tiene andanadas verbales contra Shell. No estaría mal. Pero lo profundamente sospechoso es que no se dice ni una palabra de YPF-Repsol, la más importante empresa de energía del país y verdadera responsable del descalabro. Por el contrario, se la premia día a día.
Tercero. Y en el caso de Shell, es todo puro discurso. Ya el año pasado se le impuso una multa mucho más grande que la actual: 23 millones de pesos. La multinacional dijo que iba a apelar la medida. De hecho todavía no pagó. Alguien podría pensar que es porque el tema está “parado” en algún juzgado. No. El expediente aún no salió de la Secretaría de Comercio Interior. O sea que el propio gobierno nacional es el que tiene “cajoneada” la multa. Sencillamente, una vergüenza.
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