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Escribe:
Miguel Lamas
Enorme movilización en Bolivia
Dos millones contra la oligarquía
Una gigantesca movilización protagonizaron trabajadores, campesinos y estudiantes bolivianos en La Ceja de El Alto (ciudad pegada a La Paz), contra los intentos oligárquicos de mudar la capital de La Paz a Sucre.
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Masiva marcha en El Alto, Bolivia (foto enviada a esta redacción por SOMOSSUR, Cochabamba) |
La arremetida de la derecha para mudar la capital responde a un objetivo inmediato, que es terminar de liquidar a la Asamblea Constituyente sin que resuelva nada. Y a uno estratégico: alejar la sede del poder de la presión directa de las masas revolucionarias de El Alto y La Paz.
En la movilización, realizada en el centro de la ciudad de El Alto el 20 de julio, Braulio Rocha, representante de los trabajadores gremiales (vendedores callejeros) de El Alto afirmó: “como vanguardia revolucionaria rechazamos el traslado de la sede a Sucre planteada por políticos de derecha. Defenderemos la Constituyente como instrumento que garantice un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos indígenas. Recordamos la agenda de octubre y le decimos al país entero que la sede no está en venta, que la sede no se mueve, carajo” (www.bolpress.com).
Constituyente paralizada
La Asamblea Constituyente no aprobó hasta ahora ni un artículo. El gobernante MAS primero aceptó un régimen electoral antidemocrático que dio a la oligarquía una representación superior a su proporción de votantes. Y luego aceptó que para aprobar los artículos de la nueva Constitución se necesitan dos tercios de los votos. El MAS tiene mayoría absoluta, pero no los dos tercios. El resultado es que la Constituyente está paralizada.
Evo no concurrió a la movilización de El Alto, aunque sí lo hicieron dirigentes del MAS. Evo no lo hizo porque busca nuevamente una salida negociada con los oligarcas. El 6 de agosto vence el mandato de la Constituyente. Hay acuerdo para una ampliación del plazo, pero la derecha lo condiciona a impedir que se puedan aprobar cambios constitucionales por mayoría simple. Es decir, el acuerdismo del gobierno con la derecha condena a la Constituyente a la impotencia.
“Cumbre Social” exige autonomías indígenas
La derecha domina 4 de los 9 departamentos (equivalentes a las provincias argentinas): Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Esos departamentos tienen las mejores tierras y todo el gas y petróleo. Por eso exigen autonomía total para manejar desde los gobiernos departamentales la propiedad de la tierra y los hidrocarburos.
Pero se oponen al viejo reclamo democrático de autonomía de los pueblos indígenas porque gran parte de la tierra y de los hidrocarburos está precisamente en esos territorios que se separarían de los actuales departamentos. Este es el debate central ahora en la Constituyente.
La “cumbre social” reunida el 26 de julio, con la asistencia de 15000 campesinos e indígenas, cuya principal organización es la CSUTCB (Central campesina, sus dirigentes fueron fundadores del MAS), reclamó la plena autonomía de los territorios indígenas y que los recursos mineros y de hidrocarburos sean controlados por el Estado central. La resolución también señala la defensa de la Asamblea Constituyente como originaria y fundacional, ofreció a los asambleístas su respaldo, a la vez que los instaron a cumplir con el mandato de las organizaciones sociales (www.constituyentesoberana.org).
Presión popular
El gobierno de Evo Morales está atrapado entre su política acuerdista y de mantener los marcos capitalistas y le enorme presión de las masas movilizadas que vuelve a manifestarse exigiendo cumplimiento de la “agenda de octubre” (nacionalizaciones, expulsar a las multinacionales, quitarle la tierra a la oligarquía, autonomías indígenas). Ninguno de estos objetivos fue cumplido por el gobierno. La “nacionalización” de hidrocarburos se limitó a un aumento importante de los impuestos que pagan las multinacionales, hecho positivo, pero absolutamente insuficiente. Los 5000 mineros estatales de Huanuni vienen de una fuerte huelga exigiendo una ley de nacionalización con control obrero para la minería. La huelga terminó con un compromiso del gobierno de impulsar la ley.
En los próximos días se avecina una nueva gran batalla política y social. La derecha amenaza con declarar autónomos de hecho los departamentos que controla. En oposición a esto, el 7 de agosto habrá una gran movilización de los movimientos indígenas y campesinos en Santa Cruz, cueva de la oligarquía, por el aniversario de la Constituyente.
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