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No al Pacto Social

Ganó Cristina y se inicia el segundo mandato del gobierno kirchnerista. ¿Su política va a beneficiar a los trabajadores y al pueblo? A quienes la votaron les decimos: miremos los hechos.

El primer acto del gobierno después de su triunfo fue despedir a trece trabajadores del INDEC (ver páginas centrales). En vez de ir contra los formadores de precios, los especuladores o los funcionarios corruptos y autoritarios que intervinieron el Instituto, el gobierno arremetió contra sus trabajadores que valientemente vienen denunciando la manipulación de los índices y sufriendo las patoteadas de la burocracia oficialista de UPCN.

No fue “una medida tomada en un conflicto laboral”. Fue una clara decisión política del kirchnerismo para deshacerse de trabajadores que vienen cuestionando su nefasta actuación que perjudica al conjunto de los trabajadores.

“Empezó a funcionar el Pacto Social”, dijo un trabajador del Instituto. ¡Y con mucha razón! Se refería al rol prestado al gobierno por ATE y la CTA. Ambas organizaciones apostaron sólo al “diálogo” y terminaron siendo la correa de transmisión de la “salida” oficial ante los despidos, aceptando sus traslados con el argumento de que “no se podía hacer otra cosa”, cuando la CTA ni siquiera tomó alguna medida en apoyo.

 

El Pacto Social que Cristina está delineando, de la mano de los grandes empresarios y la burocracia sindical CGT-CTA, tiene claros objetivos: imponer techos salariales, contener las luchas de los trabajadores y apuntar contra las nuevas conducciones combativas del movimiento obrero.

Cristina ya ha dicho que hay que “convivir” con la inflación, el impuesto que arrasa con los ingresos populares. Se prepara un tarifazo y se habla de aumentar los boletos del transporte en Capital y Provincia de Buenos Aires (ya que en el interior vienen subiendo). Se “enfriarán las obras públicas” (menos reactivación y empleo); se achicará el gasto público (menos salud y educación), y la plata de la recaudación, incluso los 1.500 millones más de retenciones al campo, irá para subsidiar a grandes empresarios y para más pagos de la deuda.

Para eso tiene que darle una clara señal a los grandes empresarios, multinacionales y al imperialismo de que va a hacer todo lo posible por “disciplinar al movimiento obrero”, usando los favores de la burocracia sindical, cuyos dirigentes se pelean por espacios de poder, la plata de las obras sociales, y a ver quién tiene mejores antecedentes en contener las luchas.

Los traslados en el INDEC, la brutal represión a trabajadores del transporte y a los trabajadores pesqueros de Mar del Plata, la patota kirchnerista del Sindicato de Marítimos apaleando a trabajadores del Casino cuando estaban en asamblea, las amenazas contra los asambleístas de Gualeguaychú, son sólo muestras de lo que nos espera. Es el camino que el gobierno ya eligió reprimiendo a los docentes de Santa Cruz, enviando la patota y Gendarmería al Francés o embistiendo contra los trabajadores del subte.

La judicialización de la protesta social es otro rubro del Pacto Social. Los dirigentes y trabajadores combativos ferroviarios de los Cuerpos de Delegados de TBA Sarmiento (incluído el “Pollo” Sobrero”) y Mitre, afrontan nuevos procesos judiciales, igual que otros sectores combativos del movimiento obrero. Por eso el “nuevo gobierno” va a enfrentar mucho más directamente a los trabajadores. Esa es la esencia de su política que seguramente seguirá envuelto en un doble discurso.

 

Siempre los Pactos Sociales fueron una trampa para los trabajadores. Ponen de ejemplo el Pacto de la Moncloa (España- 1977), pero ese pacto fijaba topes salariales, castigaba con despidos a quienes los desobedecían, no combatía el desempleo y se abría el ingreso a la banca extranjera, lo que provocó duras luchas de los trabajadores españoles.

Otro pacto social fue el de la década del 70 en el gobierno justicialista de entonces con Gelbard, que con el verso de “combatir la inflación”, tenía como objetivo el congelamiento salarial. Todo terminó en el “Rodrigazo”, la primer huelga general que le hicieron los trabajadores peronistas a su propio gobierno. Otros Pactos se sucedieron en años posteriores con Alfonsín, Menem y De la Rúa. Pactos fijando “techos salariales” ocurrieron con Kirchner. Ahora vienen por más.

Pero le será muy difícil a Cristina y a la burocracia sindical imponer sus planes. Los trabajadores no han dejado de luchar en estos años. Fueron los petroleros de Las Heras los que hicieron punta en 2005 y de allí se sucedieron grandes luchas como las del Subte, aeronáuticos, ferroviarios. En estos años la rebelión docente en varias provincias terminó en un claro avance para los docentes de Santa Cruz, lo que demuestra que, más que derrotas importantes del movimiento obrero, hay triunfos y clara voluntad de seguir la pelea.

 

Por eso, en cada asamblea o instancia sindical, hay que pronunciarse claramente contra el Pacto Social y el techo salarial. Por el apoyo a los que luchan. Basta de perseguir a los que luchan y judicializar la protesta social. No al tarifazo. Plata para salarios, trabajo y educación, no para la deuda externa y las privatizadas. Que la CGT y CTA no entren al Pacto Social y llamen a coordinar las luchas en curso tomando alguna medida nacional.

En los próximos meses se avecina esta gran pulseada nacional. Por defender el salario e impedir que se imponga el Pacto Social. La falta de festejos tanto antes como después del triunfo de Cristina y la constatación después del 28 de que nadie dice “yo la voté”, está demostrando que la clase obrera no le ha dado ningún “cheque en blanco” al gobierno ni se ha ilusionado con ninguna “luna de miel”, sino que augura que va a dar pelea.


Varizat quedó libre

¿Lo recuerda? Es el político kirchnerista que atropelló con su 4x4 a docentes santacruceños. Pagó 15 mil pesos de fianza y así recuperó la libertad. El Defensor de Cámara dijo claramente que Varizat no fue excarcelado antes “por las repercusiones sociales” (Agencia OPI, Santa Cruz). Ergo: por el impacto negativo en las elecciones del 28.

La libertad se la dieron porque está acusado de un delito excarcelable y porque consideran que “no evadirá la actuación de la justicia”. Mentiras. Estos funcionarios corruptos amigos del poder son los que manejan la Justicia y la pueden evadir fácilmente tomándose un avión y mudándose al exterior. Una prueba más de la impunidad que reina en la provincia del presidente.


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