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Escribe:
Hernán Marquetich
Patti preso
Nuevo triunfo de la movilización popular
Se ha dado un nuevo paso en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas de la última dictadura militar. Es producto de la movilización popular y no por el doble discurso kirchnerista.
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Acusado de haber participado en el secuestro de siete personas durante la última dictadura militar mientras “trabajaba” en la comisaría del partido de Escobar, Luis Abelardo Patti ha quedado preso, compartiendo sus días de cárcel con el cura Von Wernich y el ex policía Etchecolatz, entre otros genocidas, en el pabellón especial para represores en el penal de Marcos Paz.
Este ex oficial de la policía bonaerense ya conoce la vida en la cárcel, ya que estuvo tras las rejas por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereira Rossi, fusilados en una emboscada en 1983, y por la aplicación de tormentos al vendedor de churros Miguel Ángel Guerrero y al ex preso Mario Claudio Barzola, en la comisaría de Pilar. En ambos casos terminó liberado.
Hay que recordar que Patti entró a la política de la mano de Menem que lo envió a investigar el crimen de María Soledad Morales (su conclusión fue que la joven había sido asesinada por motivos pasionales y que quien fuera encontrado culpable posteriormente, Guillermo Luque, no tenía nada que ver); y también gracias a Eduardo Duhalde que lo nombró interventor del Mercado Central.
Así, este paladín de la “mano dura” andaba suelto por la calle, siendo un asesino y torturador, gozando de la impunidad que otorgaron los sucesivos gobiernos desde 1983 hasta la fecha. Y es hasta la fecha, ya que por más que Kirchner diga estar satisfecho con esta resolución, su gobierno ha continuado con la impunidad de los anteriores. Por más que quiera aparecer como el gobierno de los “derechos humanos”, sigue manteniendo los indultos, no desmantela el aparato represivo, asciende a militares involucrados en la causa de la ESMA, mandó a la Gendarmería a reprimir a los docentes en Santa Cruz y el caso de la desaparición del compañero Julio López sigue sin resolverse, producto de la desidia gubernamental.
Que Luis Patti esté preso es producto directo de la movilización popular de todos estos años, movilización que hay que continuar por la posibilidad de que este genocida sea excarcelado. Y porque hay que seguir la pelea por el juicio y castigo a todos los represores, asesinos y cómplices, sean civiles o de las fuerzas de seguridad, que estuvieron involucrados con la Triple A o con el genocidio perpetrado por la dictadura militar.
Cristina les dará “máximas garantías” a los represores
En un extenso reportaje brindado por la presidenta electa a Página/12 el pasado domingo 25, abordó varios temas. Una de las preguntas que le formularon fue: “¿Tiene prevista alguna medida para acelerar o facilitar los juicios a los represores por violación de derechos humanos?”. Cristina contestó: “Conozco un proyecto del radicalismo redactado por Ricardo Gil lavedra... Me preocupa que ese proyecto permita que se acumule prueba de otros expedientes sin que los acusados (léase genocidas) hayan podido controlarla. Puede afectar el derecho de defensa y colocarlos en horrible posición... A los represores se les dan todos los derechos que consagra la Constitución...”.
¡Sí, leyó bien! A más de tres décadas del golpe y cuando aún los genocidas andan sueltos, Cristina les promete máximas garantías constitucionales a quienes asesinaron y torturaron. Al revés, habría que invertirles la carga de la prueba, presumir que son culpables, mandarlos a la cárcel y que ellos demuestren su inocencia. Cristina ni siquiera quiere unificar las causas y acumular todas las pruebas para que no sigan declarando después de treinta años testigos como Julio López a costa de sus vidas.
Por eso el gobierno pide que “actúe la justicia”. Porque sabe, que si no es por la lucha popular, de esa forma la impunidad seguirá adelante.
Escribe:
Julio Poblesec 
Según Nilda Garré
“Las Fuerzas Armadas son una institución indispensable”
En los últimos días presenciamos la inauguración del Museo de la Memoria en la ESMA, el encarcelamiento de Luis Patti por su complicidad en la desaparición de 7 personas, las declamaciones de Kirchner por la lentitud de los procesos contra los genocidas, y un hecho inédito como fue la destitución del general Montero, jefe de inteligencia del Ejército, por una movida con la cual intentaba impedir que Nilda Garré continuara en su cargo como ministra de Defensa, llegando a sospecharse de la participación en ésta de Aníbal Fernández.
Muchos compañeros podrían pensar que el gobierno se ha decidido a lanzarse contra los militares y represores, poner en marcha la justicia y no permitir más actos de corrupción, aún a costa de la destitución de altas autoridades militares. Esto está muy lejos de ser cierto. No hay que dejarse engañar.
Digan lo que diga en sus discursos a favor de los derechos humanos, más allá de lo que pretenda aparentar con acciones superficiales que no hacen mella en la estructura de las fuerzas militares y policiales, este gobierno no tiene la menor intención de desmantelar los aparatos represivos, y ni siquiera la de encarcelar a los genocidas que las integran, aún sabiendo que muchos siguen actuando, como lo demuestran la desaparición de Julio López y otros lamentables ejemplos. En este gobierno, las pocas veces que cae un represor o un corrupto, es sólo para encubrir a muchos otros.
Las intenciones de los Kirchner para con las Fuerzas Armadas son claras: lavarles la cara ante la sociedad, y preservarlas de todo legítimo reclamo de justicia real y efectiva. Prueba de esto son las propias declaraciones que Nilda Garré hiciera en un reportaje del diario La Nación antes de ser confirmada en su cargo por Cristina Kirchner. La ministra manifestó que “nadie en la Argentina ha hablado nunca de limitar las Fuerzas Armadas, de disolverlas ni de sancionarlas; todo lo contrario. Las instrucciones que recibí del Presidente fueron que ésta es una institución a la que había que normalizar en el sentido de ratificar su vocación democrática, pero también normalizar su relación con la sociedad” (…) “Acá se ha instalado en un sector la idea que desde el Estado, y de las actuales autoridades del Gobierno, se ha venido a humillar a las Fuerzas Armadas o a vengarse de ellas. Y la verdad que esto no es así, son una institución del Estado indispensable”.
Contrariamente a lo que piensan la ministra, Kirchner y la futura presidenta que la reeligió, en nuestro país no habrá justicia ni libertades democráticas garantizadas plenamente mientras no se disuelvan los aparatos represivos, mientras continúen en sus cúpulas y dentro de sus filas los genocidas de ayer y represores de hoy, mientras no haya juicio, castigo y cárcel común para todos los militares y civiles que participaron del genocidio de la última dictadura.
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