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Escribe:
Federico Ramoi
Causa ESMA
Otro represor muere en la impunidad
El genocida y ex prefecto Hector Antonio Febres murió este lunes 10. Aunque en su celda, otro represor que muere sin condena. Otro represor que muere en la impunidad.
La ESMA fue uno de los principales centros clandestinos de detención. Aquí desempeñó sus funciones Febres, dentro de un grupo de tareas. De los más de 5000 detenidos-desaparecidos que pasaron por la ESMA, 445 estuvieron secuestrados durante el período en que él actuó. Durante ese mismo tiempo, al menos 16 mujeres embarazadas tuvieron a sus bebés en cautiverio. La mayoría de ellas continúan desaparecidas y sus bebés apropiados.
Estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un exterminio planificado, perpetrado desde el poder del Estado, que perseguía el objetivo de implementar un proyecto económico, político y social de saqueo. Para lograrlo necesitaba disciplinar a los trabajadores y al conjunto del pueblo.
Los Kirchner dicen ante el genocidio que “hay que dejar actuar a la justicia”, porque saben que el Poder Judicial está haciendo todo lo posible para salvar a los represores. Por eso están fraccionando o dividiendo las causas, negando que fue un plan sistemático, cuando no se debería juzgar cada hecho por separado sino unificar todas las causas bajo la carátula de genocidio. Eso es lo que están haciendo en la causa ESMA. Por ejemplo, Febres fue procesado por sólo cuatro delitos aislados (lo que por supuesto reduce muchos años la pena). También, de esa forma, se somete a los testigos a tener que contar reiteradamente lo que les ocurrió. Lo único que logran con esto es remover constantemente su sufrimiento, y exponerlos más al riesgo de venganzas de sus torturadores, como ocurrió con Julio López.
Estos asesinos ya han sido encontrado culpables. Por eso se debería invertir la carga de la prueba, o sea, declararlos culpables y que sean ellos quienes deban demostrar su inocencia.
Y también hay otras maneras en que se sostiene la impunidad: manteniendo el esquema económico instaurado por la dictadura, no revocando los indultos, negándose a abrir los archivos de las fuerzas armadas y a desmantelar el aparato represivo.
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