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Escribe:
José Castillo
¿Qué medidas hay que tomar para que baje la carne?
Los precios en las carnicerías y góndolas crecen a razón de casi el 10% por semana. El gobierno vuelve, otra vez, a los precios de referencia para los “cortes populares”, que después no se consiguen en ningún lado.
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Hay que imponer precios máximos a la carne |
Para medir el “termómetro” de la inflación basta darse una vuelta por cualquier supermercado. Desde las últimas semanas de febrero la remarcación no tiene pausa. Lo más terrible son los aumentos de la carne. Desde enero ya subió un 16%. Y en las últimas dos semanas crecen casi día a día. Lo puede comprobar cualquiera viendo, horrorizado, que el kilo de asado está a 16 pesos.
¿Por qué aumenta?
Debe haber pocos productos donde la cadena esté tan monopolizada. Empecemos por los productores. Nos quieren “vender” que se trata de un negocio de pequeños empresarios. ¡Falso! Si bien es cierto que existen 200.000 productores, el 40% del stock está en manos de 1.250 hacendados: Duhau, Larreta-Anchorena, Leloir, De Apellaniz, Gómez Alzaga, Blaquier y los grupos Bunge y Born, Pérez Companc, Bemberg y Werthein, quienes concentran el 32% de la tierra bonaerense. Ellos son los que están liquidando el stock ganadero: la propia Confederaciones Rurales Argentinas reconoce que se están faenando animales cada vez más jóvenes y que hay liquidación de vientres (o sea que se matan a las hembras, bajando la capacidad de reproducción). Están “rematando” la riqueza ganadera argentina, para dedicar más campo a cultivos como la soja.
Pero ahí la cadena apenas empieza. Luego los animales llegan al Mercado de Liniers y se “cotizan”. En realidad se ponen de acuerdo los consignatarios, muchos de ellos también propietarios de ganado, con los frigoríficos y las grandes cadenas de supermercados, y fijan el precio a voluntad. Veamos: hay 55 casas consignatarias, pero 9 aportan el 30% del total de la hacienda. Del otro lado hay 200 compradores habilitados, pero las grandes compras la hacen los supermercados y los frigoríficos del ABC (Swift, Quickfood y Finexcor).
El gobierno grita, “posa” para la foto, pero no hace nada útil para permitir que la carne vuelva a ser un producto accesible al bolsillo del trabajador. El sábado hubo un acuerdo de precios para 13 cortes “populares”. Pero nadie se lo cree: el asado quedó en 10,01 pesos, cuando es inconseguible a menos de 16.
Lo peor pasó al día siguiente, cuando directamente no hubo ninguno de los cortes populares en las góndolas, donde sólo se encontraban los “premium”, envasados al vacío y de calidad de exportación. Así, el asado terminó “cotizando” a 20 pesos, el bife de chorizo a 30 y la colita de cuadril a 27. Es obvio que el gobierno no controla nada.
Por el derecho a comer carne a un precio razonable
La carne es una parte vital de la dieta alimentaria de los argentinos. Por eso se deben fijar precios máximos (y no simplemente “indicativos” o “acordados”) para todos los cortes, incluyendo los de cuarto trasero, como la nalga y el vacío, que se pretende dejar como “premium” para la exportación. A la vez, para que no se descargue todo el costo sobre el pequeño carnicero, hay que poner también precios máximos a la media res que sale del frigorífico. Ello, y la eliminación del IVA, son las dos políticas elementales que deben estar acompañadas por un real control del cumplimiento de esos valores, realizada por las asociaciones de consumidores y organizaciones sindicales, aplicando la Ley de Abastecimiento que permite multar, clausurar, expropiar o encarcelar al que viole los precios máximos o produzca desabastecimiento.
A la vez, para terminar con la especulación en el ingreso de animales, hay que reestatizar el Mercado de Liniers, eliminar el sistema de consignatarios y que sea el Estado quien fije el precio del kilo vivo, actuando como intermediario entre productores y consumidores, estatizando a la vez a los grandes frigoríficos.
La Argentina es un gran proveedor mundial de carnes, pero ello no puede ir en detrimento del consumo interno. Hay que nacionalizar el comercio exterior, de forma tal que permita determinar anualmente cuál es el saldo exportable una vez cubiertas las necesidades internas. Y, a la vez, para que las divisas que se obtengan puedan ser aplicadas a las necesidades populares.
Por último, el stock ganadero es una riqueza que nos importa a todos. Se impone una reforma agraria, que expropie a los grandes terratenientes, y planifique racionalmente el aumento, engorde y calidad sanitaria de nuestro stock ganadero, bajo control de los trabajadores del INTA y el SENASA. Solo así podemos tener carne a precio accesible en las mesas populares.
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