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Impunidad
I
El ex comisario Luis Patti, ejerció su cargo en la policía durante los terroríficos años de la dictadura, fue responsable de desapariciones y tiene siete casos probados en su contra. En su momento declaró públicamente que para esclarecer un delito hay que cometer tres o cuatro, admitió haber cometido homicidios al enfrentarse con el “enemigo”, y prefiere ser llamado torturador antes que coimero.
En la Argentina de la impunidad, la semana pasada, la “justicia” decidió dejarlo en libertad después del fallo de la Corte kirchnerista. Este asesino no sólo está libre, sino que fue elegido diputado y quiere asumir. Hay que seguir movilizados, exigiendo que haya juicio y castigo a todos los culpables del genocidio de la dictadura militar. Patti, no sólo no debería asumir como diputado por ser un genocida, sino que debería estar preso.
II
Un nuevo triunfo puso en evidencia la impunidad que envuelve la “política de derechos humanos” del gobierno. Gracias a la constante movilización reclamando por la aparición con vida de Julio López y para terminar con la impunidad, se logró que la Cámara Federal de La Plata fallara como lo quería la querella. Los camaristas tuvieron que acceder a recalificar la causa como “presunta desaparición forzada de persona”, y también se ordenó que la Policía Bonaerense sea apartada del caso por “negligencia manifiesta” durante la investigación, dadas las reiteradas irregularidades que cometieron desde el principio. El cambio de carátula también es importante, porque mientras el gobierno decía que López “estaba en la casa de una tía” o “debajo de un puente”, la justicia “independiente” lo seguía caratulando como “averiguación de paradero”.
Ahora, hay que seguir rechazando a dos de los jueces de la causa (Alberto Durán y Alicia Di Donato), ya que uno es muy cercano a la Bonaerense y la otra perteneció a esa fuerza durante la dictadura. Izquierda Socialista firmó una solicitada a tal fin.
III
Es una victoria popular que se haya logrado la nulidad del indulto que beneficiaba a Martínez de Hoz. El ex ministro de economía de Videla puede ahora ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, aunque seguro irá a “prisión domiciliaria”. La pregunta es ¿por qué el gobierno no anula todos los indultos a los genocidas? Además, queda pendiente castigar la colaboración logística, económica, denuncias y secuestros de la burocracia sindical y el empresariado, muchos de ellos actuales socios del gobierno.
Según el CELS hay sólo 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos. 190 de las tres Fuerzas Armadas, 95 de la Bonaerense, 18 de la Federal, y 28 son civiles pero en su mayoría “personal de inteligencia”. Cristina dijo que sólo falta enjuiciar a 500 responsables más. Un nuevo punto final que prepara, el cual tenemos que rechazar.
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