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Escribe:
José Castillo
Aerolíneas
¡Ni un peso a Marsans!
Es obvio que hay que reestatizar Aerolíneas, cuestión básica para terminar con casi 20 años de vaciamiento y negociados. La pregunta es cómo y quién paga los negociados que se hicieron con ella; y si efectivamente se trata del primer paso para tener, de una vez por todas, una aerolínea de bandera al servicio del desarrollo del país.
El proyecto oficialista presentado en el Congreso, está muy lejos de avanzar en ese objetivo. En su redacción original planteaba incluso la reprivatización de la compañía una vez que el Estado la saneara. Cuestión con la que han que tenido que dar marcha atrás por el riesgo de perder el apoyo, incluso de los sindicatos con direcciones más pro-oficialistas, y ante la posibilidad de sufrir otra derrota en el Parlamento similar a la de la resolución 125.
Pero el planteo del gobierno, en esencia, implica un negocio a la medida de Marsans. En los considerandos del proyecto se denuncian todos los delitos cometidos por el grupo español, que terminaron llevando la deuda de la empresa al increíble valor de 890 millones de dólares. Hay de todo: deuda inflada, cargas a Aerolíneas de costos que pertenecen a otras empresas del grupo que siguen operando como si nada en la región, como Air Comet; el escándalo de la sobreventa de pasajes; operaciones para transferirle las ganancias a Austral y las pérdidas a Aerolíneas, maniobras de vaciamiento, etcétera.
Pero lo concreto es que el gobierno, además de no explicar por qué sus representantes en el directorio avalaron con su firma todos y cada uno de los balances, termina luego planteando en el proyecto a votar, que se dé por aprobada el acta acuerdo entre el gobierno y Marsans: en dos palabras, que el Estado argentino se haga cargo de la deuda de la empresa. Es tan burdo que algunos ya empiezan a llamarla “una nueva ley de punto final”, donde se reconoce que Marsans delinquió, pero se cierra para siempre cualquier castigo.
El otro gran tema, es que además vamos a pagarle a los españoles por el valor de las acciones de la compañía. El mecanismo es que el gobierno fijará un precio, Marsans otro, y como seguramente no habrá acuerdo, deberá ser un “tribunal internacional independiente conformado por expertos de grandes estudios” (que ya nos podemos imaginar a favor de quién fallará) el que defina la cotización. Según el proyecto del gobierno, el Estado argentino se compromete a aceptar la decisión del tribunal.
Reestatizar el 100%
El proyecto presentado por un conjunto de bloques opositores (UCR, ARI, PRO) tampoco es salida. Por un lado, porque plantea como primer paso la quiebra de la empresa, lo que abre serias posibilidades de liquidación de la compañía, con pérdida de rutas y negocios, que quedarían servidas en bandeja para las grandes aerolíneas internacionales. Pero sobre todo, porque dice explícitamente que lo que debe hacerse es volver a reprivatizar.
El único camino pasa por reestatizar la empresa sin reconocer la deuda de Marsans y, en aquellos casos que se trate de acreedores reales, vinculados a la normal operatoria de la compañía (como pasajeros con boletos ya comprados, o deudas por combustible o repuestos), obligar a que sea el propio grupo Marsans el que tenga que responder con el resto de sus activos. Al mismo tiempo, no hay que pagar un sólo peso por “compra de acciones”. Hay que rescindir el contrato por incumplimiento manifiesto y proceder a la reestatización de la empresa. Luego, garantizándoles los puestos de trabajo a todos sus integrantes, como así también a los de Austral, proceder a relanzar una Aerolíneas Argentinas estatal, gestionada por sus trabajadores, que tenga como objetivo central transformarse realmente en una aerolínea de bandera, uniéndo todas las rutas del país y no solamente las rentables. Y haciendo que el transporte aéreo deje de ser un “lujo”, transformándose en un servicio accesible para el conjunto de la clase trabajadora.
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