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Escribe:
José Castillo
El proyecto del gobierno es una trampa
En la noche del jueves pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto sobre Aerolíneas Argentinas. Más allá de que el gobierno quiera disfrazarlo como una victoria contundente de su política, lo cierto es que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo sufrió considerables modificaciones, ante el riesgo de volver a tener una contundente derrota, como en el caso de la Resolución 125. En concreto, los Kirchner pretendían hacer votar una simple ratificación del acta firmada entre el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime y el Grupo Marsans, a la medida de éste último. No sólo se le reconocía explícitamente toda la deuda a la empresa, sino que encima el Estado argentino iba a pagarle por una “compra” de acciones, con una valuación de la compañía decidida en última instancia por un Tribunal Internacional. Y además, se decía explícitamente que el objetivo era sanear la empresa para luego reprivatizarla.
Pero ese proyecto corría el riesgo de ser “otra resolución 125”, sumando un masivo repudio social e incluso, corriendo el riesgo de ser derrotado en el propio Congreso.
Por eso se modificó el texto oficial, sacando las cuestiones más aberrantes de la propuesta original. Así, “la versión modificada” se aprobó, sumando no sólo todos los votos kirchneristas (incluso los que habían votado en contra en el caso de la 125), los radicales K, varias fuerzas provinciales e incluso a los disidentes del ARI (Solidaridad e Igualdad) y a Claudio Lozano de Proyecto Sur. Hugo Moyano y los sindicatos aeronáuticos se movilizaron al Congreso y festejaron el resultado como un gran triunfo popular.
Pero tenemos que ser claros: ¿efectivamente la votación en Diputados abre el camino para una Aerolíneas Argentinas estatal y eficiente, castigando por contrapartida a los empresarios que la vaciaron en estos años? Lamentablemente no es así: el acta firmada por Jaime y Marsans no está “ratificada” en el proyecto votado, pero tampoco figura explícitamente como “rechazada”. O sea que se abre una zona gris, como ya lo ha planteado con claridad el propio Marsans. Tampoco se rechaza la deuda de la empresa. Y, lo que es peor, no se trata de una expropiación (aunque algunos escribas del gobierno usen demagógicamente esta palabra), sino lisa y llanamente de la compra de las acciones por parte del Estado argentino. Ni siquiera se constituye una Sociedad del Estado (requisito legal para definirla como empresa pública), manteniéndose por el contrario la figura de Sociedad Anónima, en la que el Estado tendrá una participación, más allá que ahora pase a ser mayoritaria. Es cierto que se eliminó la aberración de que la cotización final la haga un tribunal internacional, sosteniéndose ahora que dependerá de la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Pero, si hasta ahora el propio gobierno argentino venía aprobando los balances de Marsans, ¿qué garantía tenemos de los miembros de esta comisión, que son los mismos que autorizan los aumentos de tarifas para las otras privatizadas? Además, Marsans ha advertido que si no acuerda con el valor de la cotización, va a apelar al Ciadi (tribunal internacional del Banco Mundial), del que la Argentina forma parte, a diferencia de Bolivia que se retiró el año pasado.
En síntesis, ahora a Aerolíneas hay que reconstruirla y sanearla. Y el primer paso es la expropiación, pero de verdad, no retóricamente.
No hay que pagarle un peso a Marsans, y obligarlo a que responda por la deuda de la empresa con los otros activos del grupo. Y de ahí en más, sí comenzar el despegue de Aerolíneas, bajo el control de sus trabajadores, y no de los mismos funcionarios políticos que fueron cómplices con su firma del vaciamiento de estos años.
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