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El genocida Bussi en un country
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La sentencia a cadena perpetua y cárcel común recaída contra el asesino Menéndez en Córdoba, después de más de tres décadas de ocurrido el genocidio y a pesar de la Obediencia Debida, Punto Final e indultos, muestra que la lucha popular sigue dando frutos. Pero la Justicia, si bien no le queda otra que condenar a estos genocidas, sigue con la impunidad. Eso se mostró al no enviar a Bussi, en el reciente fallo, a cárcel común, como reclaman los organismos de Derechos Humanos y millones en el país.
“La sacamos mejor de lo que pensamos”, le comentó Bussi al abogado defensor de Menéndez (Clarín, 30-08). Porque pensó que los jueces ordenarían en la sentencia su traslado a la cárcel de Villa Urquiza. En cambio, seguirá gozando de prisión domiciliaria en el lujoso country de Yerba Buena, donde vive con su esposa y recibe con frecuencia las visitas de sus nietas que viven en el mismo barrio privado.
Mientras tanto, por orden expresa de jueces federales de todo el país, militares y marinos en actividad ofician de remiseros, cadetes y custodios, y a la vez de policías y guardiacárceles de sus camaradas retirados procesados por crímenes de lesa humanidad. En esos lugares disfrutan de los privilegios de realizar caminatas, salir a nadar o ir al Hospital Militar o al Naval, las veces que quieran. Por estos días, hay aún 34 militares alojados en Campo de Mayo, más una docena en el cuartel La Unión del Cuerpo III en Córdoba, y otros tantos dispersos en cuarteles de otras partes del país. El alojamiento de procesados con prisión preventiva en cuarteles, donde en muchos de ellos se cometieron los aberrantes delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas, en 2003, pero nada cambió.
A esto lleva la política del gobierno de enviar el tema del genocidio “a la justicia”, sin que se unifiquen las causas para permitir que se juzgue con la máxima pena a todos los responsables, permitiendo de esa manera que muchos represores se mueran en la impunidad, sigan haciendo desaparecer gente -como a Julio López-, o se fuguen, como Corres. Un nuevo “punto final” que debe ser denunciado como tal.
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