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Escribe:
Atilio Salusso
¿Y Julio López?
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Este jueves 18 se cumplen dos años de la segunda desaparición de Julio López. La presidenta... ¿usará esta vez la cadena nacional para dar explicaciones al pueblo por qué, al día de hoy, no existen imputados en la causa, no hay ninguna línea firme de investigación, ninguno de los represores denunciados por López fue citado a declarar y el único procesado es un militante por haber pintado una pared reclamando “aparición con vida”?
“La desaparición de Julio es la demostración más brutal de la impunidad que sigue recorriendo la Argentina”, señala el documento elaborado por Memoria, Verdad y Justicia, que será leído en la marcha a Plaza de Mayo.
Según el gobierno nacional -antes Kirchner, ahora Cristina- y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires que se sucedieron, Solá y ahora Scioli, “todo el aparato del Estado” se había puesto al servicio de investigar el caso López. Pero desde el principio la policía borró pruebas y encubrió a sus secuestradores.
El juez de la causa, Arnaldo Corazza, se inclina por la hipótesis que, ex policías bonaerenses, lo mataron porque Julio se negó a desdecirse de los dichos en el juicio que inculpaban a Etchecolatz. ¿Se avanzó en esa línea de investigación? No.
se ha planificado desde la cárcel de Marcos Paz, donde se alojan muchos genocidas. Los allanamientos del lugar demostraron que los mismos tenían teléfonos celulares, plasmas y que entraban bolsas llenas de mercaderías que nadie revisaba. ¿Qué se hizo ante eso? Nada. El magistrado ya sentenció: “no estamos preparados para casos como el de López” (Página 12,9-9). Un adelanto de que la justicia está solo para meter preso a ladrones de gallina.
Por su parte, el ex ministro de Seguridad, León Arslanian, reiteró que cree que López está muerto. Un claro intento de poner un nuevo punto final.
Si a eso le sumamos que la Sala de la Cámara de Apelaciones, que entiende en la causa, está integrada por el juez Alberto Durán -de pública relación con la policía bonaerense- y la jueza Alicia Di Donato, quien formó parte de esa fuerza durante los años de la dictadura, el círculo de impunidad no puede ser más aberrante. Cuando la presidenta dice “debe actuar la Justicia”, se refiere a esto.
Más que nunca hay que seguir movilizados por aparición con vida, castigo a los culpables, por una comisión investigadora independiente que llegue a la verdad y el pleno desmantelamiento de todo el aparato represivo, que el gobierno nacional, sigue dejando intacto.
Fuerzas Armadas: “Una estructura para delinquir”
Varias veces la ministra Garré ha dicho que las actuales Fuerzas Armadas son confiables y democráticas. Pero fue tal el escándalo que ella misma tuvo obligada a denunciar a 30 militares de carrera y 71 civiles ligados a ellos, por defraudar al Estado. Se los acusa de “asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica”. Favorecían a “empresas fantasmas mediante una estructura destinada a delinquir que operaba dentro del Ejército Argentino” (Página 12, 6-9).
Además de asesinos, chorros.
Etchecolatz con privilegios
El asesino Miguel Etchecolatz fue autorizado para hacerse chequeos médicos durante tres días en la Fundación Favaloro. Los gastos van a ser solventados por el Estado.
Anteriormente, fue autorizado para lo mismo en el Sanatorio Guemes, pero, enterados los trabajadores, se negaron a atenderlo.
Mientras el pueblo repudia a estos asesinos la Justicia les cuida su salud.
Piden investigar a los compañeros de López
El abogado de la familia López ha pedido “investigar a organismos y militantes de derechos humanos” que estaban cerca de López.
Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos desaparecidos y Justicia Ya!, le adelantó al magistrado: “si usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos”.
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