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Prohibir por ley los despidos y suspensiones

Diversas patronales, encabezadas por multinacionales, están despidiendo y suspendiendo personal o amenazando con esa práctica que parecía olvidada. Se trata de General Motors, Renault, Mercedes Benz, Peugeot, Easy, autopartistas, aceitera Vicentín, los bancos HSBC y Santander, frigoríficos y curtiembres, entre otras.

Argumentan ser víctimas de las consecuencias de la crisis mundial. Las automotrices dicen que el 70% de su producción es para exportar y que los mercados de México y Brasil, sus principales receptores, están cayendo. O que las casas matrices necesitan ajustar. Buscan que la crisis la paguen los trabajadores, cuando son ellas quienes contribuyeron a generarla. Hay que obligarlas a que respondan con sus enormes ganancias (ver recuadro).

Quieren “bajar sus costos” - así le llaman al empleo- para mantener su rentabilidad extraordinaria, disciplinar a los trabajadores para que no haya reivindicaciones salariales, presionar al gobierno para que los siga subsidiando y, de paso, exigir una suba del dólar (el mensaje es “si no devalúan, despedimos”). Las autopartistas, por ejemplo, acaban de ser beneficiadas con el nuevo Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales, mecanismo que les otorga un subsidio en efectivo a las terminales que compran autopartes nacionales. Dirigentes sindicales de General Motors señalaron que dicha patronal “está presionando al gobierno nacional y provincial para que prorroguen los beneficios de la promoción industrial -exenciones impositivas- de los que goza la compañía desde 1997, porque el año que viene se les terminan. Ellos no pagan por las patentes de sus directivos, ni los impuestos inmobiliarios. No se les puede perdonar una fortuna en impuestos si van e echar trabajadores. No puede ser que con un solo mes de crisis piensen en reducir personal.” (Página/12,25-10). Easy echó empleados (luego retrocedió) ante la aparición de un competidor local. Y una multinacional alemana lo hizo porque va a producir un nuevo modelo automotriz en su casa matriz, protegiendo al obrero del primer mundo y despidiendo al del patio trasero como el nuestro.

¿Qué ha dicho el gobierno? Cristina Kirchner y el ministro Tomada vienen anunciando «pactos» con la UIA y la CGT para «proteger el empleo». Pero no han delineado ninguna medida que frene las suspensiones y despidos. Siguen aplicando el Procedimiento Preventivo de Crisis donde se les permite a las patronales justificar medidas antiobreras, finalizado el cual, si no hay acuerdo entre las partes, las patronales quedan liberadas para despedir. ¿Por qué no las obligan a abrir sus libros contables para que se sepa cuánto ganaron en estos años?

Si bien no impide las cesantías, ni siquiera el gobierno reimplanta la doble indemnización, que Kirchner derogó hace unos años por presión de las patronales.

¿Y los dirigentes sindicales? Moyano se ha transformado en vocero de las patronales. Habla de «proteger la industria y el compre nacional» y ha archivado cualquier reclamo salarial. Héctor Recalde, abogado de la CGT y diputado kirchnerista, señaló que «en promedio los haberes de los trabajadores alcanzan para comprar la mitad que hace 30 años». Pero Moyano ya ni habla del doble aguinaldo ni de los 500 pesos por única vez. La CGT viene haciendo esfuerzos para contener al movimiento obrero, para no permitir la reapertura de las paritarias. Otro tanto hace Yasky de la CTA. Pero las concesionarias del SMATA están de paro y marchan.

Ante ello los trabajadores están mostrando otro camino. A la vanguardia están los de General Motors, que han obligado a la patronal a frenar los despidos y amenazan con tomar la planta si no los reincorporan (ver contratapa). Con asambleas y marchas, los trabajadores de Easy (no la «intervención presidencial») han obligado a echar atrás los más de 500 despidos.

Estas luchas marcan el camino, mostrando que se puede obligar a que la crisis la paguen las patronales y capitalistas, no los trabajadores.

Nuestra diputada de Córdoba, Liliana Olivero, ha presentado un proyecto para que se prohíban los despidos y suspensiones y llama a seguir el ejemplo a nivel nacional (ver contratapa). ¡Ni un despido y suspensión más! Que por ley, también se repartan las horas de trabajo sin tocar el salario. Estatización de toda fábrica o establecimiento que cierre o despida, para ponerlo a funcionar bajo control de sus trabajadores.

Hay que llamar también a pelear por un aumento salarial de emergencia para enfrentar el flagelo de la inflación, exigiendo que la CGT rompa el pacto con el gobierno y tome alguna medida de lucha. Que la CTA coordine a docentes y estatales que están reclamando en varias provincias.

Con estas medidas podremos evitar que la crisis la paguen los trabajadores.

Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.

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