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Escribe:
José Castillo
Fin de las AFJP
¿A dónde va a ir la plata?
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del gobierno que termina con la jubilación privada. Lo hizo no sólo con los votos propios, sino también con el apoyo de bancadas opositoras como la del PS, Solidaridad e Igualdad (ex ARI) y de Claudio Lozano. Pero se negaron a garantizar la intangibilidad de los fondos, por lo que estos pueden ser utilizados para fines distintos al pago de jubilaciones y pensiones.
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La plata de las ex AFJP debe ir a los jubilados, no a la deuda extern |
Siempre sostuvimos que la jubilación privada fue uno de los mayores robos de la década del ´90, lo que ya es mucho decir. Millones de trabajadores fueron obligados a “optar” por una AFJP, y vieron durante años cómo una parte de su sueldo iba a engrosar las comisiones de esas empresas con nombre de fantasía, que detrás escondían a un banco o una compañía de seguros transnacional. Los pocos que llegaron a jubilarse, descubrieron que, lejos de pasar una “vejez maravillosa” como mostraban los folletos de colores, recibirían una miseria, y que incluso el propio estado tendría que cubrir la diferencia para que llegar a la mínima. Por todo esto no nos sumamos, ante la estatización de las AFJP, al coro de los que gritaban que se había producido una “violación a la propiedad privada”, o que el estado se robaría la plata, como si ellos no hubieran producido todos los desfalcos habidos y por haber en estos 14 años de funcionamiento del sistema.
Los trabajadores desconfiamos... y tenemos razón
Es la discusión en cada lugar de trabajo: ¿porqué el gobierno ahora hace esto? ¿para qué van a usar esos fondos? Tenemos que ser claros: la duda está más que justificada. Todos los gobiernos anteriores (peronistas, radicales o militares) se robaron la plata de las cajas jubilatorias, las vaciaron y sometieron a los abuelos a la miseria.
Este gobierno ya cuenta con “antecedentes” al respecto: hace un par de años que viene utilizando el superávit del Anses para pagar vencimientos de deuda externa. Y es un secreto a gritos que Cristina, después que le falló la Resolución 125 y descubrió, crisis mundial mediante, que ningún pago al Club de París le abriría nuevos créditos, viene buscando desesperadamente nuevas cajas a las que echar mano. Es que el año que viene vencen 20.000 millones de dólares de deuda y todavía no está claro cómo se van a pagar.
Por eso, ante la medida del gobierno, el debate debía girar alrededor de un punto: que los fondos se declaren “intangibles”. Esto quiere decir, blanco sobre negro, que no se pudieran usar para ningún otro destino que no fuera pagarle a los jubilados y pensionados. Pero el gobierno se negó rotundamente a aceptar esto, mostrando la hilacha de sus verdaderas intenciones.
Finalmente el proyecto fue aprobado prácticamente sin modificaciones importantes. Apenas se le hicieron algunos maquillajes “de palabra”, para darle a algunos diputados la excusa de que no habían votado el proyecto “tal como vino desde el Ejecutivo”. Así, Claudio Lozano, Macaluse y María América González, que tienen una larga trayectoria en denunciar los desfalcos jubilatorios y estuvieron estos años oponiéndose a las AFJP, lamentablemente le lavaron la cara al proyecto oficial, votándolo a favor aún a sabiendas de que se le otorgaba un cheque en blanco al gobierno para que el dinero vaya a cualquier lugar menos a los bolsillos de los jubilados.
Una salida real para los trabajadores y los jubilados hubiera sido un proyecto distinto, que expropiara a las AFJP sin indemnización, se les exigiera la devolución de los 20.000 millones de dólares de comisiones y se implementara un sistema jubilatorio estatal y único. Que, por sobre todo, declarara que los fondos del Anses son intocables, y deben ser administrados por los trabajadores y los jubilados, sus verdaderos dueños, no los burócratas del gobierno de turno, y mucho menos “comisiones” con participación de la UIA o los banqueros. Y, finalmente, que comenzara de una vez a hacerse justicia con nuestros abuelos, otorgando un aumento de emergencia de 1.000 pesos y poniendo en marcha el 82% móvil, impidiéndose que esa plata vaya para la deuda externa.
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