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La CGT y CTA deben llamar a un paro nacional
Prohibir ya los despidos y suspensiones
La presidenta está de gira. Participó de la reunión de los G20 junto a Bush y otros presidentes (ver página 11), acompañada por una comitiva de 70 empresarios para hacer negocios. Ante la crisis mundial, la obsesión de Cristina Kirchner pasa hoy por salvar las ganancias de las grandes patronales, mientras los trabajadores sufren despidos, suspensiones y los salarios siguen perdiendo con la inflación.
Las 15 principales empresas del país han tenido durante el kirchnerismo una rentabilidad anual del 24%, el doble que en Europa (Página12, 16-11). Y las automotrices van a producir en 2008 más de medio millón de automóviles, mientras el “costo” de sus trabajadores representa apenas el 2 o 5% de sus ganancias. Sin embargo, para achicar gastos, están despidiendo y suspendiendo personal a pedido de sus casas matrices. “Es más barato despedir en Rosario que en Detroit”, señaló un directivo de General Motors. Lo que no cuenta este patrón, es que en aquella ciudad, los trabajadores están dispuestos a dar pelea para no pagar los platos rotos de una fiesta donde no comieron ni bebieron.
Cristina, junto al Jefe de Gabinete, el ministro Carlos Tomada y la venia del “representante del movimiento obrero”, Hugo Moyano, están preocupados por ver cómo los empresarios no pierden parte de sus fabulosas ganancias.
“El gobierno busca anunciar antes de fin de año un paquete de estímulos fiscales y financieros para sostener al complejo automotor, que involucra a las nueve terminales automotrices en actividad y al conjunto de autopartistas (más de 400) y 600 concesionarias... El mismo consiste en desgravar las retenciones a las exportaciones (hoy del 5%) y aumentar los reembolsos a esta actividad (que hoy son del 6%)” (Clarín, 15-11). Incluso, al gran Guillermo Moreno se le ocurrió persuadir a las automotrices para que lancen un vehículo económico, “el cual contaría con un mecanismo de financiación especial preferencial con fondos de las AFJP”, quedando claro en qué va a usar la plata de los jubilados este gobierno: en ayudar a las “pobres” automotrices. Una vergüenza.
A todo esto, Hugo Moyano, después de admitir que por información de la mesa chica de la CGT, “la flota de trabajadores” no registraba suspensiones o despidos, tuvo que volver sobre sus pasos. Había argumentado que las bajas no son de planta permanente, sino de contratados o retiros no tan voluntarios, figuras que vienen desde los 90, que ni él ni el kirchnerismo han combatido, a pesar de frases como “vamos a cuidar el empleo”. Luego del fallo de la Corte, reconoció, finalmente, que había ataques a la estabilidad laboral.
Parece que no le habían bastado al jefe de la CGT los titulares de los diarios anunciando despidos y suspensiones en GM, Renault, 1500 en bancarios, 1000 en el rubro electrodomésticos, miles entre trabajadores del cuero, carne, ceramistas, entre un largo etcétera. Ahora, Moyano salió a decir que quiere una doble o triple indemnización. Y su abogado y diputado kirchnerista, Héctor Recalde, que está estudiando una ley con efectos retroactivos para evitar ataques laborales, cuando todo pasaría para el año que viene, ya que el kirchnerismo no piensa tratar ninguna ley al respecto, mientras las suspensiones y despidos se siguen produciendo.
Recalde, incluso, ha reconocido que se podría obligar a las patronales a restituir en sus empleos a los despedidos y pagarles sus días caídos, como ya ocurre en el sector público, donde hay estabilidad y no se permiten despidos sin causa. Esto abona nuestra propuesta, materializada en el proyecto de ley presentado en Córdoba por la diputada de Izquierda Socialista, Liliana Olivero (ver página 3), en el sentido que, si el gobierno quisiera atacar el problema de fondo, se podría aplicar ya una medida, por ley o decreto de necesidad y urgencia, prohibiendo despidos y suspensiones, obligando a las patronales a reincorporar al personal afectado y obligarlas a repartir las horas de trabajo para que trabajen todos, sin reducción salarial, entre otras medidas de emergencia.
La CTA, por su lado, ha dicho que hay que prohibir despidos por seis meses, pero no toma ninguna medida de lucha, más que la marcha fijada para diciembre con el principal reclamo del reconocimiento legal de dicha central.
Llamamos a los trabajadores a exigir a la CGT, y también a la CTA, a que convoquen a una medida nacional, a un paro de todos los trabajadores del país para frenar los despidos y suspensiones. Es muy difícil pelear contra esos flagelos por fábrica, aislados. Es una lucha que hay que dar con el conjunto de los trabajadores. Ante el fallo de la Corte, la CGT dijo que atacaba la “unidad del movimiento obrero”. ¿Por qué entonces no utilizan esa unidad para llamar a pelear ahora?
El reciente paro y movilización del SMATA, las amenazas de parar Rosario si siguen los despidos en GM, las luchas salariales docentes en Capital, Córdoba, Formosa y otras provincias, muestran que la clase obrera está dispuesta a poner lo que siempre puso para defender sus intereses.
Desde cada lugar de trabajo hay que impulsar asambleas para debatir cómo enfrentar los despidos y suspensiones y tomar resoluciones con exigencias a la CGT y CTA. Para que se prohíban ya, la crisis la paguen las patronales y la plata del Estado vaya a salario y trabajo, no a los usureros de la deuda.
¿Y el salario?: Pablo Moyano le exige a su padre
Hugo Moyano archivó cualquier reclamo salarial. “Preferimos cuidar el empleo”, dijo, dejando en banda a millones de trabajadores que ven reducir día a día sus ingresos, culpa de la inflación. Hasta su hijo, Pablo Moyano, le hizo recordar su pasividad: pedirá que Hugo “gestione ante las empresas del transporte el pago de un doble aguinaldo” para los 150.000 camioneros del país. Esa compensación: ¿no se la merecen todos los trabajadores del país?
Obras Sociales: El abogado de Moyano manejará más de 1.000 millones
El gobierno tuvo que volar a Héctor Capaccioli de la Superintendencia de Servicios de Salud y recaudador de la campaña de Cristina, por el escándalo de los cheques recibidos para la campaña presidencial de Forza y otros traficantes de efedrina. En su reemplazo, nombró a Juan Rinaldi, abogado desde hace 23 años de Hugo Moyano, quien manejará ahora más de 1.000 millones de las obras sociales sindicales. Rinaldi también fue director suplente de la AFJP Previsol (Credicoop), a la cual llegó de la mano del burócrata del Suterh, sindicato de los porteros, Víctor Santa María. Dicen que el nombramiento es para compensar el fallo de la Corte, además de sellar con plata el pacto gobierno- CGT en contra de los trabajadores.
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