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Juliana García
Reportaje a Juliana García
En 1977, un grupo paramilitar irrumpió en la casa de Villa Adelina, donde Juliana, de tres años de edad, vivía con sus padres, militantes Montoneros. Antonio García fue fusilado y Beatriz Recchia secuestrada, con un embarazo de cinco meses. Dio a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo y su hijo aún está apropiado. Juliana trabaja desde Abuelas buscando a su hermano y castigo para los asesinos y apropiadores. Fue entrevistada por El Socialista, y esto nos dijo:
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Eduardo Alfonso, partícipe del operativo que secuestró a los padres de Juliana. |
Estas semanas fueron de novedades importantes
Sí, hace unos días viajamos a Paraguay con Estela Carlotto y Alan Iud, abogado de Abuelas, por la extradición del médico militar Norberto Bianco, principal responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
El juez federal de San Martín, Suares Araujo, después de muchos reclamos aceptó llamarlo a indagatoria. Pero como ya había ocurrido en otra oportunidad, donde había huido, el juez, sin tener en cuenta este antecedente, no tomó ningún recaudo facilitando de esa manera una nueva fuga a Paraguay. En mayo se pidió la extradición. Decidimos viajar a Paraguay y nos recibió el presidente Lugo. Nos dijo que él aprobaría la resolución de extradición. También hablamos con el fiscal y en esa misma fecha notificó al juez que aceptaba el pedido de extradición. Está todo dado para que salga el fallo antes de fin de año, pero habrá apelaciones que la demorarán. Nuestra política es estarle encima, presionando. El viaje fue muy positivo y en Paraguay llegó a los medios masivos.
También hay novedades con el asesinato de tus padres
Sí. A través de una investigación de la secretaría de derechos humanos, aparecen datos en el legajo de Eduardo Alfonso. Alfonso era general de brigada, secretario general del ejército cuando estaba Brinzoni, su mano derecha. Lo condecoran por participar en el operativo donde asesinan a mi padre y se llevan a mi madre embarazada, por ser “herido en combate”. Los abogados de Abuelas hicieron la presentación en la conocida “causa de Campo de Mayo” contra Santiago Omar Riveros y en el juzgado de San Martín del mismo Suares Araujo y se pidió que lo citaran. Luego de decir que no podía porque tenía “otras prioridades”, se lo llama a indagatoria sin tomar ninguna prevención. Alfonso manda su abogado a avisar que estará ausente hasta el 10 de diciembre y el juez, alegremente, con un genocida que puede escapar, acepta y lo cita para el 11. No sabemos si se presentará ni si el juez le aplicará lo que correspondería, la prisión preventiva.
Tanto la detención de Bianco como de Alfonso pueden ser significativas
Alfonso no había sido señalado como represor, “estaba limpio”, tuvo tres ascensos en democracia, a pesar que su legajo fue visto en ambas cámaras del Congreso. Miles de militares estaban en los 70 y siguen en actividad sin denuncias. Alfonso encabezó un pedido militar de “habeas corpus” para saber qué información se tenía sobre ellos, para dejarlos tranquilos.
Bianco es uno de los represores más denunciados por detenidos, parteras y médicos del hospital militar. Entregaba chicos nacidos en cautiverio y hasta se apropió dos para él, un varón que hace unos años recuperó su identidad, Pablo Casariego; y Carolina, quien recientemente se analizó pero aún no dio con sus familiares. Pese a todo, Bianco estaba en libertad y ahora en “prisión domiciliaria”, sin control policial.
Bianco sabe donde están los chicos que nacieron en Campo de Mayo. Si hablara se podrían recuperar muchos de los que buscan las Abuelas.
¿Cómo ves la dinámica de recuperación de los chicos apropiados y de justicia por los desaparecidos?
A este ritmo nunca llegaremos a resolverlos. Mientras sigamos en el caso por caso, es como si estuviéramos jugando a las escondidas y haciendo todo a pulmón, viendo “si alguno da”. Una declaración reciente de Abuelas denuncia la ausencia de justicia en la que estamos con este Estado, la falta de voluntad política del Ejecutivo y de coordinación e iniciativas especiales con los poderes legislativos y judiciales. La justicia lenta, más en el caso de las Abuelas, no es justicia.
Hace falta una medida masiva de búsqueda, una medida política. Acá hubo un genocidio y hay una herida social, que debemos cicatrizar como sociedad, con toda la verdad y justicia. Hay una generación de jóvenes nacidos entre 1975 y 1981 entre los que están los más de 400 chicos apropiados, que no saben quiénes son sus familiares. A través de un mecanismo como la renovación del DNI, por ejemplo, debería analizarse el ADN de esa generación y cotejarlos con el banco de datos de Abuelas. Y así se resolverían rápidamente la mayoría de los casos.
El caso Alfonso, muestra otro aspecto de la impunidad de la que gozan miles de genocidas. En las fuerzas armadas deberían estar siendo juzgados todos los que estuvieron en actividad durante el genocidio y ellos demostrar que no tuvieron nada que ver, haciendo lo que se llama la “inversión de la carga de la prueba”. Así podría avanzar la justicia y encarcelar de una vez por todas, en cárceles comunes, a todos los represores de ayer y de hoy.
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