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Escribe:
Gabriel Catalano
La sequía hace estragos
¿Emergencia para quiénes?
El campo atraviesa la peor sequía de los últimos cincuenta años. Se multiplican las pérdidas y las quejas de los afectados. El gobierno anuncia medidas que favorecen a los grandes propietarios del agro y no toma ninguna medida de fondo. ¿Cuál es el plan de emergencia que necesitan los pequeños y medianos productores?
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Las medidas deben ir en beneficio de los pequeños productores, no de los burgueses del campo |
Las imágenes son desoladoras y provienen de todo el país. En la región sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cientos de productores están al borde de la quiebra económica por la sequía, además de padecer el ataque de la tucura (especie de langosta) propias de estas circunstancias. En Santiago del Estero la situación es desesperante, ya causó la muerte de 44.000 animales y otros 220.000, de persistir esta situación, corren serios riesgos. En Chubut se perdieron un millón de ovejas, en Santa Fe otros 200.000 animales, en Córdoba 40.000 cabezas de ganado. Y en la mayoría de las provincias las superficies sembradas son hasta del 50% menor que el año anterior. En todo el país se calcula que la pérdida de cosechas costará 30.000 millones de pesos y que ya murieron medio millón de vacas. Cada día que pasa la situación empeora.
Cristina sigue privilegiando a los grandes pooles de siembra
Mientras los pequeños productores enfrentan esta situación, el gobierno no aplica una política que los auxilie. Por un lado el Secretario de Industria Guillermo Moreno, en una nueva versión de asistencialismo agrario, comenzó a recorrer algunos pueblos del interior repartiendo maíz como si fueron unos pocos los productores que necesitan ayuda. Y por el otro, la presidenta anunció como gran solución, entre otras medidas, la apertura de una línea de créditos, por la cual el Banco Nación financiaría la compra de maquinaría agrícola de origen nacional. Si la situación no fuera tan trágica, el anuncio sería cómico. ¡Mientras no se puede parar la muerte de miles de animales y las cosechas se calcinan bajo el sol abrasador del verano, el gobierno ofrece facilidades para comprar tractores y cosechadoras!
Esta medida sólo puede ser aprovechada por los grandes terratenientes y pooles de siembra que tienen la rentabilidad suficiente como para “aguantar” estos meses de sequía e incluso poder pensar en renovar la maquinaría. Es por esto también que el gobierno sigue sin tocar a los grandes terratenientes como Benetton (dueño de 900.000 hectáreas), Cresud (de George Soros con 620.000 has), Bunge y Born (260.000), Amalita Fortabat (220.000) o Pérez Companc (155.000), los grandes beneficiarios del boom de los altos precios internacionales de los cereales que siguen especulando, ya que se calcula que tienen almacenados 8 millones de toneladas de soja a la espera de que suba el precio del poroto para mejor venderlas.
Medidas de emergencia para asistir a los pequeños productores
Atrás quedó la polémica Resolución 125 que proponía las retenciones móviles. Hoy con los precios internacionales de los cereales en baja y la tremenda sequía que golpea especialmente a los productores de menores recursos, la situación es muy distinta. La salida indudablemente no es la que propone el gobierno, como tampoco lo es la que sostiene la Mesa de Enlace que insiste en que se eliminen todo tipo de retenciones y no haya trabas para las exportaciones de carnes. En primer lugar, el gobierno debería declarar otro tipo de emergencia nacional, una que sea exclusivamente para los productores chicos y medianos, no para los grandes, que deben seguir pagando sus impuestos. Además, debería habilitar de forma urgente subsidios para agua y forraje para que los animales dejen de morir. Y modificar el esquema de retenciones vigente, aplicando retenciones diferenciadas, dónde los mayores porcentajes sean para los terratenientes y pooles de siembra y se les baje a los pequeños productores. Es decir, un programa de emergencia que tenga el objetivo de ayudar a los productores chicos fuertemente castigados por la sequía, que sea ejecutado y controlado por ellos mismos, en el camino de lograr medidas de fondo como la reforma agraria y el monopolio estatal del comercio exterior, para garantizar el abastecimiento interno y el no aumento de los precios de la canasta familiar. Si los pequeños productores retoman la lucha para lograr estas medidas, seguramente lograrían el apoyo del pueblo trabajador de las ciudades y con ello la fuerza necesaria para triunfar.
La Federación Agraria en el acto de Paraná Metal
Recientemente en Rosario, la Federación Agraria Argentina (FAA), con su titular Eduardo Buzzi y una delegación de pequeños productores, participó solidariamente del acto realizado por los trabajadores de la metalúrgica Paraná Metal contra los despidos y suspensiones. Al contrario de lo que sostienen otros sectores de izquierda, lo consideramos un hecho positivo. Por eso desde las páginas de este semanario venimos proponiendo unir los reclamos de los pequeños productores con el de los trabajadores y demás sectores populares para poder frenar el modelo kirchnerista. Así lo hicimos en el momento más álgido del conflicto agrario contra la Resolución 125, y con más razón lo seguimos haciendo en momentos en que animales y cosechas desaparecen por la sequía, y cuando las suspensiones y despidos golpean a los trabajadores como consecuencia de la crisis económica mundial y de la política oficial. Esperamos que este primer paso positivo de Buzzi y FAA no sea un hecho aislado y no tengamos que lamentar que sigan detrás de la política de las organizaciones de los grandes propietarios rurales como la Sociedad Rural, CRA o Coninagro agrupados en la Mesa de Enlace. Para enfrentar con éxito la sequía y el modelo K, los pequeños productores deben movilizarse por sus reivindicaciones propias y unirse a los trabajadores urbanos, para lo cual el acto en Paraná Metal junto a los trabajadores metalúrgicos es un ejemplo a seguir, llamando a la conducción de la FAA a que así lo haga.
G. C.
Glifosato: Monsanto asesina
Pese a estar prohibido en varios países del mundo, el glifosato -conocido como “Roundup” por su nombre de circulación comercial de Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo- es hoy el herbicida más utilizado por la industria de producción sojera local. Incluso la fábrica argentina de Monsanto, ubicada en Zárate, es la más importante productora del agrotóxico en toda América latina.
Además de las terribles consecuencias ambientales, son infinitos los casos de envenenamiento, cáncer, abortos espontáneos o de nacimientos con malformaciones congénitas provocados a los habitantes de las localidades que se encuentran expuestas a las fumigaciones realizadas con este producto.
Uno de los casos de mayor resonancia fue el del barrio de Ituzaingó Anexo, Córdoba, en donde de un total de cinco mil habitantes, 200 padecen cáncer. Ante las constantes denuncias de las Madres de Ituzaingo, grupo surgido al calor de este flagelo, se logró que se apruebe un fallo judicial que prohíbe el uso de Roundup cerca de zonas urbanas.
El gobierno nacional, responsable directo, junto con las grandes patronales del campo, del avance del cultivo de soja, y por lo tanto también de las consecuencias sociales y ambientales que este Glifosato genera, en vez de prohibir su uso y avanzar sobre la empresa, ha respondido a este reclamo de manera lamentable: creando una comisión investigadora de las denuncias por contaminación. ¡Cómo si aún hicieran falta más pruebas para demostrar los efectos tóxicos del producto!
Es que tal como ha quedado en evidencia con el veto presidencial a la Ley de Glaciares, o con las amenazas de desalojo por parte del gobierno para con los asambleístas de Gualeguaychú, la única política de Estado de este gobierno es la de garantizar las jugosas ganancias de estos grandes pulpos empresariales sin importar las consecuencias sociales y ambientales que ello implique. Un verdadero crimen…
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