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Escribe:
José Castillo
Nacionalizar el comercio exterior
¡Pero de verdad!
Desde el gobierno corren rumores de una supuesta “nacionalización” del comercio exterior de granos. Se crearía un organismo mixto, con participación de las grandes exportadoras. Las entidades del campo se oponen desde la posición reaccionaria de exigir la absoluta “liberalización” del comercio. La propuesta del kirchnerismo: mucho menos que el IAPI
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Silos de Cargill. Rosario. Hay que nacionalizar urgente el comercio exterior |
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Solicitada de las cámaras patronales del agro, exportadoras, bolsas de comercio y la Mesa de Enlace rechazando la tibia amenaza oficial de regular el comercio de granos |
La noticia empezó a correr el jueves pasado. Se crearía un organismo mixto (entre el estado y los exportadores privados) para controlar y regular el comercio exterior de granos (trigo, maíz, soja y girasol) y según algunas versiones, también de carnes y leche. Inmediatamente se empezó a agitar que se estaba a punto de “nacionalizar el comercio exterior”. La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y el diario La Nación salieron violentamente a oponerse, denunciando que se trataba de un hecho gravísimo de violación a la “libertad de comercio”. Agitaron incluso que el gobierno se proponía reeditar el IAPI. Carrió, la UCR, el PJ disidente de Solá, el menemismo y el PRO, inmediatamente les hicieron coro. Lo más terrible fue que la Federación Agraria, en una traición absoluta a su propio programa, también utilizó argumentos similares para oponerse, con el centro en que “mientras estuviera este gobierno, ningún control tiene sentido”, firmando incluso una solicitada (ver facsímil) con todas las cámaras empresariales del agro, bolsas de comercio, monopolios exportadores y la Sociedad Rural. Lo que le valió fuertes roces y/o divisiones internas.
El IAPI de Perón
El Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio (IAPI), que existió durante el primer peronismo, fue una nacionalización parcial del comercio exterior. Compraba las cosechas a los productores a un precio establecido por el propio Estado y luego lo exportaba al valor del mercado mundial (generalmente más elevado). Esa nacionalización fue parcial, ya que en el directorio del IAPI estaban las grandes exportadoras de esa época (entre ellas la emblemática Bunge y Born), y más de un negociado fue realizado a favor de ellas. Aún así, millones de dólares de la renta terrateniente fueron transferidos al Estado, y se pudieron hacer obras públicas como escuelas y hospitales. No era el tipo de organismo que les servían a los grandes terratenientes: fue una de las primeras instituciones clausuradas con el golpe de 1955.
Pero la intervención en el comercio exterior no la inventó el peronismo ni siempre fue en contra de los grandes terratenientes. Ya en la crisis del ´30, los conservadores habían creado las Juntas Reguladoras de Granos y de Carnes para garantizar precios mínimos a los grandes terratenientes. Las juntas reguladoras siguieron existiendo en las décadas siguientes, y la mayoría de las veces sirvieron más para garantizar las ganancias de la oligarquía y monopolios exportadores, que para que el pequeño productor consiguiera un precio mínimo. Aún así desaparecieron en los ´90, en nombre del más absoluto “libre mercado”. Desde entonces, su reapertura, bajo control de los pequeños productores, junto con la nacionalización del comercio exterior y la reforma agraria, pasaron a ser parte del programa de la Federación Agraria. Esto nos permite ver el enorme salto regresivo que han dado los dirigentes nacionales de esta organización al oponerse a cualquier control del comercio exterior.
¿Qué nacionalización del comercio exterior?
Lamentablemente, lo que está planeando el gobierno de Cristina, está muy lejos de ninguna “nacionalización del comercio exterior”. Sería una oficina (en el marco de la ONCAA) que “regularía” el comercio exterior de productos agropecuarios, en cuyo directorio habría un 50% para los exportadores (Dreyfuss, Bunge y Born, Cargill, Vicentin, Aceitera General Deheza), un organismo para “facilitar” los negocios de exportación (como, por otra parte, ya existen en países como Rusia, México, Australia o Canadá). A pesar de eso, los grandes capitalistas del campo y las exportadoras ponen el grito en el cielo. Es que, en el “descontrol” actual, evadiendo impuestos, manejando puertos privados propios donde ni siquiera hay claridad de las cantidades exportadas y fugando divisas, hasta el más mínimo “control” del estado les pone en riesgo parte de sus superganancias.
Pero una verdadera nacionalización del comercio exterior significaría que el organismo fuera 100% estatal (sin la presencia los grandes exportadores) y estuviera bajo control de los trabajadores de la ciudad y el campo, y de los pequeños productores. Debería incluir a todo el comercio exterior, y no sólo al agrario (los monopolios de la alimentación, las terminales automotrices y las petroleras son los otros grandes saqueadores del trabajo nacional vía el mercado externo). Tendría el monopolio sobre toda las operaciones de compra y venta con el exterior. Compraría a los productores nacionales pagándoles en pesos, garantizando primero el abastecimiento del mercado interno. Luego vendería, obteniendo las divisas extranjeras correspondientes, que serían utilizadas para comprar aquellos bienes indispensables que el país no está en condiciones de producir -no como ahora, que son utilizadas para toda clase de importaciones innecesarias, para pagar deuda externa o, a veces, ni siquiera reingresan al país-. Esa “nacionalización del comercio exterior”, junto con otras medidas de fondo, como nacionalizar la banca, los puertos, reponer la flota mercante del estado, dejar de pagar la deuda externa y realizar la reforma agraria, sí que serían pasos importantísimos de un programa económico al servicio de la clase trabajadora. Muy lejos, lejísimo, del actual planteo de Cristina.
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