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Escribe:
Juan Rivera
Propuestas contra la inseguridad
Quienes más padecen la inseguridad son los trabajadores y demás sectores populares. Las declaraciones de Susana Giménez, a las cuales se sumó Tinelli, reavivó el debate sobre cómo combatir el delito.
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«No nos vamos a salvar con más mano dura» (Madres contra el Paco) |
En el Conurbano son innumerables los casos de violaciones y asaltos, llegando al extremo de asesinatos que se cometen por un simple par de zapatillas o una bicicleta. Frente a estos hechos, además de luchar por modificar las actuales condiciones de existencia, los trabajadores y vecinos afectados deben movilizarse, coordinar y empezar a autoorganizarse en los barrios con sistemas de alarmas y otros reaseguros que permitan disuadir el delito, incluso con políticas de autodefensa. En varios lugares, además de repudiar a los jueces y policías corruptos, la organización de los vecinos permitió intimar y escrachar a delincuentes y violadores, expulsándolos de los barrios u obligándolos a que restrinjan su accionar. Es necesario seguir avanzando en ese camino, sin confiar en las recetas de la derecha ni en la policía delincuente y corrupta.
Movilizarse sí, pero no para pedir más policía
A caballo de esta real situación se montan los discursos de la derecha exigiendo mano dura. Lamentablemente, si bien repudiamos el asesinato del colaborador de Susana - aunque se trató de un crimen pasional-, sus declaraciones fueron en ese sentido. Distinta fue la posición de la viuda del profesor de gimnasia asesinado también la semana pasada, quién expreso que “el debate no pasa por la pena de muerte o no, sino por la inseguridad. Susana habló desde el dolor. La comprendemos pese a que pensamos de otra manera.”
Los planteos de derecha son una trampa para los trabajadores. No sólo no atacan el problema de raíz, desconociendo las causas reales de la delincuencia, sino que además exigen como solución la criminalización de la pobreza y una mayor intervención policial, cuando esta institución es una de sus principales causantes. No hay delito importante en el que no estén involucradas las cúpulas policiales. Así lo demuestran los casos descubiertos esta semana que involucran a miembros de la Seccional 44ª por integrar una banda de secuestradores, a miembros de la Bonaerense por el cobro de coimas a cambio de no armar causas a inmigrantes y a policías de Laferrere, acusados de liberar zonas, dando vía libre a los delincuentes. Lo mismo con el secuestro de Bergara protagonizado por policías, o incluso el triple crimen vinculado al tráfico de efedrina, donde se descubrió la connivencia de políticos patronales con esas mafas. Por eso resulta necesaria una política que ataque a esta institución, empezando por la expulsión de la fuerza de todo policía involucrado en casos de delito o corrupción, la elección del comisario por voto popular con mandato revocable y la existencia de derechos sindicales para los cuadros inferiores de la policía, garantizándoles el derecho a rechazar cualquier orden represiva y a denunciar a sus superiores ante cualquier hecho delictivo. Tampoco la baja de la edad de imputabilidad de los menores sirve para frenar la delincuencia, más bien lo contrario. Es sabido que los menores son utilizados muchas veces por narcos y grupos organizados para delinquir. Una medida como ésta provocaría, contradictoriamente, que se utilicen y armen a niños cada vez desde menor edad para llevar a cabo estas conductas aberrantes.
Hacen falta medidas de fondo
La lucha contra el delito es también la lucha contra la exclusión social, la desigualdad y los modelos de miseria y desocupación implementados por los sucesivos gobiernos. No es cierto que sean los pobres los causantes de la inseguridad. Los grandes delitos suelen estar protagonizados por grandes grupos mafiosos ligados a las cúpulas policiales y apañados por los políticos de turno y los jueces corruptos que garantizan absoluta impunidad a los ladrones de guante blanco. Aún así, sí es cierto que la pobreza arrastra a muchos al delito callejero como única forma de salir del paso. Muchas veces estas mismas personas son utilizadas como mano de obra de grandes mafias organizadas. Es tan evidente el tema, que hasta la jueza Argibay, de la Corte Suprema, dijo que son necesarias las acciones de “inclusión social, de educación y de darle a la gente lo que necesita para vivir. Así no habría ni la mitad de los actos delictivos que hay.”
La única solución de fondo vendrá de la eliminación de estas condiciones sociales, caldo de cultivo para las conductas delictivas. Mientras tanto, trabajadores y vecinos debemos organizarnos de forma independiente, sin confiar en las falsas “soluciones” que ofrecen los Macri, De Narváez, Scioli, Blumberg, entre otros impulsores de la mano dura.
Cárceles privadas en EE.UU.: Jueces condenan a niños para cobrar coimas
Estados Unidos es el país con más presos del mundo: más de 2 millones. Entre ellos, hay 170.000 menores, sin que los delitos disminuyan, sino que aumentan. Además, para tener tantos presos, han tenido que construir cárceles privadas.
Recientemente en el estado de Pensilvania, 2000 niños fueron enviados a prisión por dos jueces corruptos que fueron coimeados por los empresarios de las cárceles privadas. Claro, estos mercaderes cobran por cada recluso. Los jueces Mark Ciavarella Jr. y Michael Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos. La inmensa mayoría de los niños quedaron presos luego de audiencias que duraron pocos minutos y después de hacerles firmar un papel a los padres en el que renunciaban a un abogado. Se trata de familias pobres. En casi todos los casos eran delitos muy menores o directamente inexistentes. Por ejemplo, una niña de 14 años, Jamie Quinn, fue condenada a un año de prisión por pegarle una cachetada a otra niña de su misma edad, sin provocarle lesiones.
La Corte Suprema de Pensilvania intervino en el caso y los dos jueces fueron declarados culpables. Pero este caso involucra a un sólo condado de Estados Unidos. En todo el país hay denuncias de organizaciones de derechos humanos por casos similares. Decenas de miles de niños son condenados sin derecho a defensa, por el “delito” de ser pobres, negros o latinos.
La crisis alegra a estos empresarios de la cárcel. El diario económico Wall Street Journal informa que “las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de nuevos negocios”. Los siniestros buitres calculan que el estado gastará menos en cárceles, y que por lo tanto les enviarán más presos a ellos. Y que, a su vez, tendrán más “clientes” por la suba de la pobreza extrema que producirá más delitos callejeros. Mientras los delincuentes de guante blanco que provocaron la crisis mundial siguen en libertad. Modelo carcelario que en el país defienden los Blumberg, Scioli, Macri, De Narváez y muchos otros políticos de la mano dura.
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