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Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
Juan Rivera y Federico Ramoi
“Ley de servicios de comunicación audiovisual”
Hecha la ley, hecha la trampa
En nombre de la “polifonía”, el “pluralismo” y el “ataque a los grandes monopolios”, el kirchnerismo presentó el pasado 18 de marzo, en el Teatro Argentino, el anteproyecto de la llamada “Ley de servicios de comunicación audiovisual”. Si bien se anuncia como una superación de la Ley de Radiodifusión nº 22.285/80 de la última dictadura, en realidad no implica grandes modificaciones a la actual estructura de medios.
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Hay que terminar con los monopolios en los multimedios |
El kirchnerismo pretende ahora aprobar un proyecto que, se supone, terminaría con la hiperconcentración mediática. Curiosamente lo anuncia luego de mantener un duro enfrentamiento con una de las más grandes corporaciones multimediáticas a partir del conflicto agrario de 2008, como es Clarín. Hasta entonces, no sólo no había tenido ningún tipo de política para democratizar el sistema de medios, sino que, por el contrario, había profundizado el proceso de concentración iniciado durante la dictadura mediante una serie de decretos que beneficiaron, entre otros, al mismo grupo al que ahora pretende enfrentar con este proyecto. Es que en realidad, más que un intento por acabar con estos pulpos monopólicos, lo que pretende es reducir el poder de los multimedios hostiles a su política, pasándoselo a otros monopolios “amigos”, como Telefónica, quién desde hace ya un tiempo viene presionando para poder ingresar en el fabuloso negocio del triple-play (proveer servicios de Internet, Cable y Telefonía). Cuando la presidenta viajó a España, no fue más que para recibir las directivas necesarias para seguir beneficiando a las empresas de ese país. Telefónica, en esa ocasión, reclamó la reforma de la Ley de Radiodifusión para terminar con los obstáculos que le impedían hacerse del jugoso negocio del tripleplay. Es que de sancionarse, el proyecto permitiría que esta empresa, que ya tiene el monopolio de la telefonía, acceda también al negocio de la televisión por cable, tal como la advierte Verbitsky, a quién nadie acusaría de opositor al gobierno (Página 12, 22-03). Por eso es que los directivos de Telefónica se hicieron presentes en el acto donde se anunció el proyecto oficial.
“Derecho a la expresión” ¿para quién?
Según Cristina, el proyecto tiene por finalidad “que todos los argentinos tengan derecho a la expresión”. Para esto se destinaría un 33% del espacio audiovisual a organizaciones sin fines de lucro, otro 33% al sector público -es decir, el gobierno nacional, gobiernos provinciales o municipales- y el resto quedaría en manos de empresas privadas. Sin embargo, esto no es más que una trampa. En principio, porque el 33% correspondiente al sector público, en manos de este gobierno, difícilmente implique una democratización en cuanto a los contenidos y al acceso al mismo. Lo más probable es que funcione como un apéndice del gobierno, tal como actualmente sucede con la llamada “televisión pública”, en la que las autoridades son designadas a dedo por el gobierno nacional. Sobre todo si consideramos que este gobierno es el mismo que, no sólo ha mantenido hasta ahora vigente la controvertida Ley de Radiodifusión, sino que además ha profundizado la concentración mediática mediante el decreto 527/05 que prorrogó las licencias televisivas de los grupos pertenecientes a Clarín, Hadad y De Narváez. E incluso aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiéndoles que se apropien de la casi totalidad del mercado.
El otro tercio destinado a ONG´s, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, cooperativas, entre otros, es en realidad una abstracción en tanto no se defina cuál va a ser el criterio con el que se distribuirá el espacio, ni tampoco cómo se va a financiar. Es sabido que numerosas ONG´s y cooperativas responden directamente a empresas privadas, por lo cuál, su acceso no modificaría en nada, ni los contenidos ni los intereses de los actuales espacios de cable. O en el caso de las organizaciones sindicales, destinar un espacio a las organizaciones que hoy dirige la burocracia propatronal y pro-kirchnerista, como la CGT o CTA, no implicaría tampoco una “apertura de voces” a favor de los trabajadores. Más bien lo contrario. ¿O acaso alguien cree que el gobierno brindará esos espacios a los miles de luchadores que a diario se expresan contra el modelo kirchnerista y la burocracia sindical?
Además, en tanto el criterio con el que se manejen estos medios sea el mismo que el de los canales privados, las posibilidades de avanzar en la democratización serían prácticamente nulas. De no haber financiamiento estatal, tanto el gobierno como los grandes empresarios continuarían presionando mediante el pago de los espacios publicitarios para que se modifiquen contenidos, tal como lo hacen ahora. Así, teniendo que vender espacios publicitarios a empresas cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de los trabajadores, no hay posibilidad alguna de democratización.
Son necesarias medidas de fondo
La libertad de expresión es una demanda democrática legítima, aunque, como tantas otras libertades, el capitalismo la ha transformado en una mera formalidad. Se supone que cada uno es libre de expresar su opinión. Sin embargo, en tanto los medios se encuentren concentrados en manos de grandes grupos empresariales, y en tanto la información sea considerada una mercancía, serán ellos quienes decidan qué, cuándo y cómo se publica, de acuerdo a sus propios intereses. Por eso es que hay que decir no a los monopolios y multimedios actuales.
Por eso es que hoy, ampliar las libertades de expresión implicaría, en primer término, que el Estado garantice espacios gratuitos en televisión, radio y prensa para todos los partidos por igual, empezando por los de izquierda -hoy discriminados y silenciados por los grandes multimedios-, sindicatos y agrupaciones antiburocráticas, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos y entidades vecinales y culturales sin fines de lucro, garantizándoles un real acceso a los medios materiales para que puedan hacer conocer sus opiniones, como papel, imprentas y emisoras.
Llamamos a rechazar el proyecto oficial y abrir un debate entre todas las organizaciones obreras y populares, culturales y barriales, sobre cuáles deben ser las medidas que avancen hacia una verdadera libertad de expresión.
Carrió con los monopolios
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a manifestar una vez más su total obsecuencia al empresariado y a los grandes monopolios. En nombre de la libertad de expresión, Carrió no hizo más que defender la libertad de empresa. Ni una palabra destinó a denunciar a los grandes multimedios y a la manipulación que éstos ejercen. Lo mismo hizo su aliado Morales, de la UCR, quien llegó a decir que este proyecto pretendía hacer de la Argentina una Venezuela o Cuba. Todos defienden los intereses de los empresarios. Ayer Clarín, hoy Telefónica. Nunca a los trabajadores y sectores populares.
El embajador yanqui apoya al proyecto
El proyecto oficial cuenta con el beneplácito de la embajada norteamericana y de la ONU. Por eso es que el embajador yanqui, Earl Wayne, estuvo presente en el acto donde Cristina presentó el proyecto. Incluso el gobierno ha dicho que su proyecto se inspira en los “democráticos” modelos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Basta recordar que los grandes medios manejados por Bush, mediante un increible mega-operativo publicitario, manipularon la información diciendo que Estados Unidos invadía Irak porque tenía armas nucleares, lo que después se demostró que era falso. O permanentemente agitan el fantasma de una amenaza terrorista y cercenan toda voz que se oponga a semejantes agresiones. Lo mismo hacen con las agresiones genocidas de Israel sobre Palestina y demás temas candentes mundiales.
Curiosamente, también estuvieron presentes los directivos de Telefónica y DirectTV, quienes, si el proyecto realmente se dispusiera atacar la concentración mediática, lo más probable es que estarían vociferando en contra el gobierno. También estuvo la burocracia de la CGT y CTA. ¿Será que para el gobierno son éstas las voces de los trabajadores que de aprobarse el proyecto tendrán espacio en los medios?
Lamentablemente, también estuvieron Hebe de Bonafini y Estela Carlotto, quienes siguen apoyando al gobierno, pese a las medidas contra el pueblo trabajador que día a día Cristina lleva a cabo.
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