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Juan Rivera

Masivo repudio en Valentín Alsina

El miércoles pasado, un joven de 14 años baleó a Daniel Capristo cuando éste intentaba impedir un robo. Los vecinos, al oír los disparos, salieron de sus casas, detuvieron al asesino y luego descargaron su bronca contra fiscales y policías, por su incapacidad para resolver los problemas de inseguridad o por su directa complicidad.

El repudiable asesinato del camionero de Valentín Alsina despertó la bronca de sus familiares y amigos. Cuando el fiscal Enrique Lázzari se acercó al lugar, fue agredido por los vecinos, quienes expresaron así su indignación ante un problema que los golpea a diario. Lo mismo ocurrió con el secretario de Seguridad de Lanús y con la policía, que intentó en vano calmarlos.

Posteriormente, una movilización espontánea convocó a ocho mil personas a la plaza central de Valentín Alsina. Lo mismo ocurrió el viernes, aunque esta vez marcharon hacia el Obelisco e improvisaron allí un acto en el que el único orador fue el hijo de la víctima, Facundo Capristo. Ambas movilizaciones expresaron un contenido político diametralmente opuesto al de las marchas de los defensores de la mano dura, como Blumberg o Pando. De hecho, el falso ingeniero intentó acercarse y fue abucheado por los vecinos. Se volvió a escuchar, como en 2001, el “que se vayan todos” y fuertes críticas orientadas principalmente hacia Cristina Kirchner, Daniel Scioli, contra el intendente de Lanús, Daniel Díaz Pérez, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Tanto la paliza a policías y fiscales, como los cánticos y las críticas que se escuchaban en la plaza, golpeaban objetivamente contra los principales responsables de la inseguridad: la institución policial, la “justicia” y los políticos patronales de turno.

El gobierno juega por derecha; los vecinos se organizan

El gobierno, hasta ahora, venía jugando a dos puntas. Por un lado negaba la inseguridad, argumentando que sólo era un “fantasma” que agitaba la “derecha”; y por el otro, terminaba coincidiendo con ésta en sus recetas de mano dura y más policías en las calles.

Los vecinos de Valentín Alsina, en cambio, demostraron con sus declaraciones una falta total de confianza hacia estas instituciones que, más que garantes de la seguridad, actúan como encubridoras o directamente promotoras del delito. Un vecino de los Capristo dijo: “Los vecinos nos cuidamos entre nosotros. Estamos todos armados. Si escuchamos algo, salimos todos a ayudar.” En la misma línea, otro afirmó: “Hasta que no nos organicemos como vecinos, como barrio, no vamos a poder cambiar las cosas”. De hecho, fueron ellos mismos quienes se encargaron de detener al delincuente, no la policía. Seguir con la autoorganización de los vecinos, con sistemas de alarmas y mecanismos de autodefensa, es el camino para disuadir a los delincuentes.

“Algo tenemos que hacer”, pero no cualquier cosa

Lamentablemente, la justa bronca e indignación de los vecinos decantó en un falso debate, fogoneado por los medios y el gobierno, acerca de la necesidad de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Los vecinos del barrio impulsaron un petitorio para bajar la edad de 16 a 14 años. Sin embargo, los menores son sólo un eslabón en la cadena delictiva, rehenes del crimen organizado, coaligado con las cúpulas policiales y con políticos mafiosos. Estos utilizan a los jóvenes como mano de obra barata (ver recuadro). El gobierno, que ya había impulsado proyectos de este tipo, aprovecha este reclamo y avanza en la judicialización de jóvenes desclasados para descomprimir la bronca y desviar las miradas que hoy cuestionan a la policía, la justicia y los políticos patronales. Acordamos con el hijo de Capristo, quién dijo que “algo tenemos que hacer”. Sin embargo, no creemos que bajar la edad de punibilidad penal resuelva algo. Al contrario, esto haría que se busquen chicos cada vez menores para que sean quienes lleven adelante el trabajo sucio, mientras los grandes delincuentes continúan actuando impunemente. El crimen organizado y el tráfico de drogas -contracara del uso de jóvenes para delinquir- no existirían sin la complicidad de las cúpulas policiales y sin el “apadrinamiento” de jueces y políticos corruptos.

Para terminar con el delito es necesario avanzar primero en el desmantelamiento de las cúpulas policiales, al mismo tiempo que se termina con las “cocinas” de paco y el narcotráfico, en el camino de terminar con las políticas de pobreza y marginación que arrastran a miles de jóvenes a estas prácticas. Mientras tanto, es necesario abrir el debate sobre una legislación penal para menores. Y terminar con los actuales “reformatorios”, creando institutos capaces de garantizar a los jóvenes una verdadera reinserción social. Ya que actualmente hay sólo 20 institutos cerrados, de los cuáles sólo dos cumplen con las condiciones necesarias, mientras el resto funcionan como simples depósitos humanos con condiciones aún peores que las del sistema carcelario para adultos.

¿Quiénes están detrás de los menores?

Generalmente, detrás de los menores que salen a robar hay una red delictiva integrada por mayores, de las cuales son parte jueces, policías y políticos patronales. En el caso del robo de autos -como el de Valentín Alsina-, necesariamente hay detrás un arreglo con la policía. El chico que roba entrega el vehículo a su jefe inmediato, quien ya lo tiene ubicado, generalmente en un desarmadero. Debido al sistema de chips y codificaciones que hoy tienen las llaves de los autos, es necesario que el robo se efectúe a mano armada. Para eso se utiliza a menores, inexpertos en muchos casos, quienes por pocos pesos, a veces víctimas también de drogas como el paco, asaltan a mano armada. Éstos, por temor, falta de experiencia o por los efectos de la droga, disparan ante cualquier imprevisto, como ocurrió en el caso Capristo. Estos pibes son fácilmente reemplazables y, por lo tanto, también desechables. Si algo le llegara a salir mal y es detenido, su “puntero” rápidamente contará con otro.

Sin complicidad policial, los desarmaderos no podrían existir, porque resultan inocultables. Y sin desarmaderos el robo de autos sería prácticamente nulo. Por eso es que para terminar con esto es necesario avanzar en el desmantelamiento de estas grandes “corporaciones” del crimen que abundan en el conurbano. Pero esto no lo puede llevar adelante la misma fuerza que entre sus filas cuenta con numerosos delincuentes que hacen de esto un gran negocio. Por eso resulta imperioso avanzar sobre la propia institución policial, desbaratando las cúpulas policiales implicadas en casos de corrupción o delito y a sus padrinos políticos.

Revisando archivos: El pasado menemista de Daniel Scioli

Como buen político patronal, Daniel Scioli no ha tenido problemas en acompañar distintos gobiernos, si la oportunidad lo requería. Estuvo con Menem, Rodríguez Saa, Duhalde y Kirchner.

Hijo de un empresario de electrodomésticos, durante la década de los 80 combinaba las carreras de off shore con su actividad como empresario y la vida en pareja con la modelo Karina Rabollini. Las revistas del corazón lo habían transformado en una de las caras de la farándula. Con buenas relaciones políticas, en los 90, el secretario privado de Menem, Ramón Hernández, le gestionó el sponsoreo de YPF por dos millones de dólares, para su carrera deportiva.

En política, Scioli encuentra su punto de partida en 1997, año en que fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de su amigo Carlos Menem. En 2001, el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá lo catapultó al Ejecutivo como secretario de Deportes y Turismo. Siendo posteriormente confirmado en el cargo por Eduardo Duhalde, quien lo eligió en el 2003 para que acompañe a Néstor Kirchner en la fórmula presidencial, llegó así a la vicepresidencia de la Nación. Cuando, gracias a la movilización popular, el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Scioli dejó trascender su desacuerdo con la medida, a la que consideró “una clara señal de inseguridad jurídica”. O sea, un pronunciamiento claro a favor de seguir manteniendo la impunidad para los militares genocidas. No es de extrañar de alguien que cuenta como amigos a empresarios como Daniel Hadad, Eduardo Eurnekian o Jorge Brito, además de tener excelentes vínculos con los obispos.

Como candidato de los Kirchner, en 2007, llega a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Desde que asumió no sólo han aumentado los índices de pobreza y exclusión social de la población bonaerense, sino que sus propuestas para combatir la inseguridad se reducen a la represión, el aumento de la presencia policial, ensañándose desde hace tiempo con los menores diciendo que hay que bajar la edad de imputabilidad.

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