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Escribe:
Juan Rivera
Si votás a Kirchner habrá más despidos
A contrapelo de lo que declara el gobierno, somos categóricos: cada voto que saque el peronismo de los Kirchner se traducirá después del 28 en más despidos y suspensiones.
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Kirchner-Scioli: están tapando los despidos |
Durante la campaña el gobierno se jacta de haber “creado” cuatro millones de puestos de trabajo. E incluso ha dicho que con su modelo no habrá despidos.
Es cierto que, comparando el periodo actual con el del pico de la crisis de 2001, hay más empleo. El kirchnerismo, a caballo de la devaluación -que saqueó el bolsillo de los trabajadores-, logró reactivar a ciertos sectores de la economía, creando nuevos puestos de trabajo. Aún así, lo que no dicen es que hace ya dos años que la demanda de empleo está estancada. Tampoco han dicho una palabra acerca del tipo de empleo creado: hoy, a más de seis años de gestión, casi el 50% de los trabajadores está en negro.
En cuanto a los despidos, el gobierno los venía encubriendo. Ahora Moyano, quien hasta hace poco negaba que los hubiera, ha tenido que reconocerlos y prometer “hacer algo” después del 28, para no ensuciar la campaña oficial. Según datos del INDEC -que esconde cifras hostiles al gobierno-, en el último año se perdieron 232.000 puestos de trabajo en blanco.
La política del gobierno tiene como único objetivo contener la posible ola de despidos hasta el 28 de junio con enormes subsidios a las patronales, incluso a multinacionales como Volkswagen y Peugeot, las cuáles han registrado enormes ganancias en el último período. Mediante el Programa de Recuperación Productiva (Repro), los Kirchner están asignando 600 pesos por cada trabajador, a cambio de que no los despidan hasta diciembre de 2009, lo cual hace suponer que luego de esa fecha empezarán a despedir. De noviembre a esta parte, el gobierno ha destinado 159 millones de pesos en este programa, avalando en muchos casos miles de suspensiones. Todo en complicidad con la traidora CGT.
Noemí Rial, viceministra de Trabajo y candidata a diputada nacional junto a Heller-Kirchner, ha dicho que después de las elecciones podrían subirse los montos de los seguros de desempleo -lo que implica reconocer oficialmente que habrá más despidos-. Los cuales, además de miserables (máximo 400 pesos y por un año), sólo son cobrados por 125 mil trabajadores despedidos, de un total de 1,2 millones de desempleados, según el INDEC (aunque varios gremios aseguran que el número sería el doble).
Estas medidas no solo no resuelven ni por asomo el problema de los despidos, sino que incluso tienen fecha de vencimiento. Después de las elecciones los empresarios tendrán las manos libres para enfrentar la crisis a su manera, con más despidos, suspensiones y rebajas salariales.
Votar por los Kirchner-Scioli (que llevan de candidatos a burócratas sindicales) es para que haya más despidos. Se llenan la boca hablando de “modelo nacional y popular”, cuando representan al mismo peronismo que vino gobernando durante décadas, sin resolver los urgentes problemas de los trabajadores, mientras el FMI y los grandes empresarios hicieron fortunas. Lo mismo ocurrirá con De Narváez, Carrió y la UCR. En cambio, votar al Frente de Izquierda es para que se prohíban los despidos y suspensiones.
Con De Narváez va a seguir la inseguridad
Defraudados por el kirchnerismo, hay quienes empiezan a buscar una nueva alternativa. Frente a esto, una millonaria campaña publicitaria intenta mostrar a De Narváez como alguien nuevo en la política e interesado por los problemas de inseguridad. Sin embargo, nada de esto es cierto.
Este personaje no tiene nada de novedoso. Fue quien financió la campaña de Menem en los 90, lo apoyó luego en su enfrentamiento con el kirchnerismo en 2003 para luego pasarse de lleno al oficialismo. Luego, en 2005, se pasó nuevamente a las listas anti-kirchneristas de la mano de Chiche Duhalde y hoy es su esposo quien lo asesora desde las sombras. Es el candidato con más fortuna de los que están en danza, cambia su celular todos los días y hace campaña con Macri, quien se jacta de sacar con una patota a los pobres de las calles. Nada más alejado de los problemas reales de los trabajadores y el pueblo.
En cuanto a su supuesta preocupación por la inseguridad, no se trata más que de un intento por captar el voto de todos aquellos que efectivamente se ven afectados por este flagelo. De Narváez no sólo no tiene que andar preocupándose por la inseguridad -que afecta a los sectores más desfavorecidos y no a quienes, como él, tienen seguridad privadasino que tampoco propone medidas que puedan dar una real respuesta.
Dice que va a combatir la inseguridad con “empleo”, cuando fue él quien dejó en la calle a todos los trabajadores de Casa Tía, la empresa que heredó de sus abuelos. Además, en ningún momento se propone atacar a las cúpulas policiales ni a los políticos y jueces corruptos, única forma de terminar con el crimen organizado. Por el contrario, toda su política está orientada hacia el endurecimiento de las penas y la judicialización de la pobreza. Por eso decimos que cada voto a Unión-Pro, además de no ser ninguna alternativa al kirchnerismo, tampoco resolverá los problemas de inseguridad y empleo.
Carrió-Stolbizer: Proponen sacarle las retenciones a los oligarcas
Desde que estalló el conflicto por la 125, en 2008, Carrió se ha mostrado como una férrea defensora de los intereses de la oligarquía y los pooles de siembra, planteando la necesidad de eliminar todo tipo de retenciones a la soja. Hoy continúa levantando el mismo planteo. Por eso es que han hecho el lanzamiento de campaña del Acuerdo Cívico y Social en la localidad rural de Exaltación de la Cruz. Allí, la dupla Carrió-Stolbizer se despachó contra el gobierno y propuso como una de sus políticas centrales la eliminación de todas las retenciones, empezando por las de la carne, la leche y las economías regionales, para luego ir eliminando gradualmente el resto, hasta llegar a su desaparición.
Así como las retenciones que intentó poner el gobierno gravaban de igual manera a pequeños productores que a los millonarios como Grobocopatel o Urquía, el Acuerdo Cívico propone que nadie pague nada, permitiendo que los grandes grupos económicos que hoy explotan el campo se alcen con fabulosas ganancias. En nombre del “campo”, en realidad, defienden sólo a las grandes patronales del sector.
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