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Escribe:
Juliana García
Hija de desaparecidos y candidata a legisladora por el Frente de Izquierda
Derechos Humanos
“Las declaraciones de Fernández Meijide merecen un justo repudio”
Juliana tiene sus padres desaparecidos y hace unos meses recuperó la identidad de su hermana apropiada en 1977. Fue candidata del Frente de Izquierda por Izquierda Socialista.
“Hay que reconocer culpas, perdonar y rebajar penas de genocidas”. Los desaparecidos “son sólo 9.000”. No lo dijo Cecilia Pando. Fue Meijide, al presentar “su verdad” sobre los desaparecidos. La cifra de surge de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparecidos), que en 1983 fue el organismo creado por Alfonsín para elaborar un informe para el juicio a la cúpula militar genocida. Esa cifra reducida se debe a que a la CONADEP no se le permitía ni investigar ni abrir archivos militares o policiales. Quienes declaraban lo hacían voluntariamente, bajo riesgo de represalias, como ocurrió con Julio López. Debido a la presión en esos años (recién se salía de la dictadura), muchos no denunciaron la desaparición de sus familiares. La cifra estimativa de 30 mil de los organismos de DD.HH. se apoya en los 500 Centros Clandestinos de Detención conocidos. ¡Si en cada CCD hacían desaparecer sólo ocho personas por año de dictadura, eso daría 30.000! Pero aún así, ¿serían menos genocidas por asesinar 8.000 en vez 30.000? La discusión de las cifras es tan sólo una evasiva para no discutir las verdaderas preguntas que nos hacemos: ¿Dónde están los cuerpos de los desaparecidos? ¿Y sus hijos apropiados? Abuelas y familiares mueren sin saberlo. No lo sabrán perdonando a genocidas como propone Meijide, ni rebajando penas a Videla, Menéndez o Astiz. Meijide habla de Sudáfrica, donde perdonaban a genocidas del Apartheid si aportaban datos y si mostraban “arrepentimiento” por sus crímenes, pero eso no dio frutos. Aquí ningún genocida muestra “arrepentimiento” y, aun acorralados socialmente, miles siguen libres o haciendo de las suyas, como lo demuestra la desaparición de Julio López. Hace falta juzgar a todos y hacer una investigación a fondo. Cada tanto aparecen archivos con datos en comisarías o reparticiones. ¿Por qué no se sistematiza una búsqueda, en vez de esperar casualidades? ¿Por qué no se abren los archivos militares, policiales y de las empresas vinculadas al genocidio, con comisiones integradas por organismos de DD.HH., familiares y trabajadores? ¿Por qué no se realizan análisis de ADN a todos los nacidos entre 1975 y 1982 para cotejar con el Banco de datos de Abuelas? Así, con decisión política y medidas efectivas se sabría la verdad de los desaparecidos y recuperarían la identidad casi 500 chicos apropiados.
Lo de Meijide es lamentable. Es funcional a la política de impunidad, de “olvido y perdón” y de desmovilizar los reclamos de justicia.
Sólo con la movilización popular podremos imponer cárcel común y efectiva para todos los represores de ayer y de hoy y sus cómplices, saldando de esa forma las cuentas pendientes con el genocidio argentino.
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