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Escribe:
Diego Markin
Ley de medios
¡Hay que reestatizar las telefónicas!
Mientras el gobierno retrocedió con la participación de las telefónicas en la ley de servicios audiovisuales por las críticas de sectores de la oposición y para evitar un nuevo golpe en el Congreso, hay un debate fundamental que era, es y sigue siendo olvidado: la necesidad de reestatizar las empresas de telecomunicaciones.
Ninguna de las voces que desfi laron por las audiencias públicas, canales de televisión, radios o demás medios de comunicación plantearon esta necesidad. Ni Carrió, la UCR, Macri o De Narváez. Que el gobierno saque ahora a las telefónicas de la ley, no quiere decir que no sigan haciendo fabulosas ganancias o “entrar” en el negocio de alguna u otra forma.
Recordemos que la ex ENTel, -empresa producto de varias generaciones de argentinos-, no era en absoluto defi citaria, sino una gallina de huevos de oro. Privatizada por Menem y María Julia Alzogaray el 14 de septiembre de 1990, pasó a ser controlada por Telefónica y Telecom el 7 de noviembre de ese mismo año.
Las privatizaciones de los 90 que impusieron Menem y el FMI -y que este gobierno sigue manteniendo-, fueron uno de los mayores saqueos, junto al de la deuda externa, cometidos contra el pueblo argentino.
El caso de ENTeL así lo manifi esta. Fue valuada en 25.000 millones y vendida a solo 214 millones al contado y 2.500 en papeles de la deuda externa. Con 300.000 líneas casi instaladas para prestigiar a los compradores y, con previo aumento de la tarifa (el pulso aumentó un 198%), se fue constituyendo una gran estafa. Este robo, que contó con la complicidad de la Iglesia (Monseñor Bufano intervino en el confl icto) y de la burocracia sindical de Saúl Ubaldini, tuvo como objetivo incorporar el concepto de lucro sobre el de benefi cio social de los servicios públicos.
De este modo, las Telefónicas iniciaron su actividad y repatriaron ganancias por miles de millones. Comenzaron con una tasa de retorno del 42% y hoy, aún sin el triple play, tienen tasas de ganancias que quintuplican las europeas, lo que les permite amortiguar los déficits que se les producen allá. Además, pese a que en la licitación de los 90 se prohíbe expresamente a las telefónicas intervenir en el negocio de emisión de señales televisivas, Telefónica compró Direct TV y sin ningún tipo de regulación o ley que las habilite, ya promueven el servicio TRÏO (cable, teléfono e Internet en la misma factura). Esta maniobra monopólica, deja en inferioridad a cualquier empresa estatal o privada, por contar las Telefónicas con el más extenso tendido (capilaridad de la red), que viene desde la época de ENTel, y que hoy sirve a 10.000.000 de abonados.
Esto demuestra que la anulación de la participación de las telefónicas en la ley en debate, no es garantía para evitar futuros negocios de éstas en los medios de comunicación. Por ejemplo, al día de hoy, Telecom y Telefónica facturan por año el doble que el Grupo Clarin: 11.000 millones cada una. En el debate planteado con la ley de servicios audiovisuales fue vergonzoso escuchar al dirigente del gremio telefónico, Claudio Marín, defendiendo al artículo que benefi ciaba a la misma empresa Telefónica que dice enfrentar (más papista que los Kirchner), como así también no haber consultado en ningún organismo del gremio sobre la movilización que protagonizó el sindicato en apoyo a dicho proyecto de ley. Yasky, de Ctera, otro tanto. Habló de “retroceso de la democracia” si no se aprueba el proyecto kirchnerista.
Claro está que no se trata de decir “Si a la ley de medios y no a las telefónicas”, como lo plantea Proyecto Sur y Claudio Lozano (CTA), quienes darían el voto favorable para que salga la ley ofi cial. Tampoco alcanza con cuestionar al órgano de aplicación de normas o leyes que, como queda demostrado, no evitan que las empresas privatizadas continúen con sus fabulosos negociados. Se trata de ir a fondo, de recuperar las Telefónicas para sus verdaderos dueños -el pueblo argentino-, para contar con un servicio efi ciente, barato, al servicio de los sectores populares. Para ello hay que reestatizar Telefónica y Telecom, bajo control de sus trabajadores y usuarios, para evitar la corrupción y que, la telefonía, sea puesta al servicio del pueblo.
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