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Escribe:
José Castillo
¿Una ley para ‘democratizar’ los medios?
Se aprobó en Diputados el proyecto ofi cial de ley de servicios de comunicación audiovisual con el voto, no sólo del kirchnerismo, sino también de buena parte de la centroizquierda, entre ellos Claudio Lozano de Proyecto Sur. Luego de la eliminación de la cláusula que permitía el acceso de las Telefónicas, ¿se trata de un proyecto progresista?
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La ley de medios busca más prensa para el gobierno y negocios para sus amigos |
La propaganda del gobierno, el apoyo de fi guras como Pino Solanas y de periodistas prestigiados como Victor Hugo Morales, han generado una gran confusión en importantes sectores populares y de trabajadores. Mucho más cuando, luego de las denuncias acerca de que se estaba montando un negociado alrededor de las telefónicas, Cristina tuvo que retirar el artículo más escandaloso de la ley. ¿Se trata ahora de un proyecto que va a garantizar más “democratización”, entendiendo por esto mayor acceso de voces disidentes y plurales en los medios?
El gobierno utilizó como caballito de batalla que se estaba derogando una ley de la dictadura. Obviamente, nadie puede estar en contra de esto, más bien deberíamos preguntarnos por qué no lo hicieron antes. Lo mismo cuando se denuncia -ahora, no antes, cuando eran amigos de los Kirchner- al poder del multimedio Clarín. Nosotros siempre denunciamos a los monopolios de los medios, el silenciamiento que hacen de la lucha de los trabajadores y a las negreras y antisindicales patronales (no sólo de Clarín, sino también de Telefe, propiedad de Telefónica, C5N, en manos del Grupo Hadad, las radios del grupo Prisa, o el multimedio de América, Vila, Manzano y De Narváez). Obviamente, no tenemos nada que ver con el circo montado por la oposición patronal (radicales, Coalición Cívica, Pro), que esconden, detrás de una supuesta “defensa de la libertad de expresión”, su soporte desvergonzado de los monopolios multimediáticos. Ninguno de ellos se preocupó jamás de garantizarle “la libre expresión” a los trabajadores del Casino, Dana, Subte, Zanón, ferroviarios, Mahle, Jabón Federal o el Hospital Garrahan, por nombrar sólo algunas luchas de los últimos años, o a los que reclaman la aparición con vida de Luciano Arruga o Julio López, todos silenciados o distorsionados por la “prensa libre”.
¿Más voces? ¿Qué voces?
Se sostiene que la ley va a garantizar mayor democracia y acceso a los medios. No es cierto ¿Será que ahora las voces silenciadas de miles de confl ictos obreros y populares, censurados tanto en la multimedia privada como en la televisión pública van a poder difundirse? ¿Es esa la intención del gobierno? No.
Hagamos un test. El gobierno de los Kirchner ya lleva seis años: ¿cuándo hubo un programa para que expusieran los trabajadores del subte o los obreros de Zanón en Canal 7 o en Radio Nacional? ¿Qué espacio o programa gratuito tuvo o tiene la izquierda en “la televisión pública”? ¿Y las asociaciones que luchan contra el tarifazo?
Los burócratas sindicales que apoyan a los Kirchner no necesitan ninguna modificación a la legislación: con la plata que le roban a sus afi liados ya tienen programas en cable, como el del sindicato de camioneros, gastronómicos o del Suterh. ¿Acaso la nueva ley va a permitir que haya un canal donde se expresen las oposiciones sindicales? ¿ O un canal para difundir las propuestas de la izquierda?
La realidad es que van a seguir sin aparecer en el aire, salvo para demonizarlos como “perturbadores que obstaculizan el derecho constitucional al libre tránsito”, como hacen con el confl icto de Terrabusi. Mucho menos se van a dar a conocer las luchas que desde hace años llevan adelante los trabajadores de los medios, como las actuales en el diario Crónica, en Perfi l o las del Sindicato de Televisión.
Más prensa para el gobierno
Es mentira, entonces, que se promueve la nueva ley de medios con el objetivo de “democratizarlos”. Lo que se busca es que el gobierno, debilitado tras su derrota electoral de junio, tenga más poder para meter su política y adornar sus planes de ajuste con doble discurso. Hay que decirlo con claridad: se busca más prensa adicta para el gobierno. Para darle menos espacio a todo aquel que lo critica. Y, en ese marco, obviamente, para seguir silenciando a la izquierda, a los trabajadores y a otros sectores populares que reclaman. Todo atado al proyecto reeleccionista de la familia presidencial. Por supuesto que el proyecto tiene también un segundo objetivo: como sucedió con tantos otros, garantizarle los negocios a sus amigos, sean Telefónica de España, o los empresarios locales Werthein y Eurnekián.
Que los trabajadores, sus delegados y comisiones internas combativas, las organizaciones populares opositoras y la propia izquierda tengan el acceso democrático que les corresponde en los medios gráfi cos y audiovisuales, depende de que se les garantice espacios a todos, sin ninguna injerencia sobre los contenidos de las programaciones. Nada de esto está planteado en la ley votada. Por eso, diferenciándose claramente de la oposición patronal, lo que hubiera hecho un legislador de Izquierda Socialista en el Congreso es votar un proyecto propio, llamando a discutirlo entre los trabajadores, en primer lugar los de los gremios involucrados (televisión, prensa, gráfi cos, artistas, telefónicos y publicidad) y denunciar al proyecto ofi cial como una expresión más, quizás una de las más grandes, del doble discurso kirchnerista.
Con la ley seguirán los negocios de las telefónicas
Cuando las telefónicas obtuvieron a precio de remate Entel, una de las excusas para valuarlas tan bajo era que tenían prohibido hacer transmisión de imagen (léase televisión). Pasaron 17 años, Telefónica y Telecom hicieron superganancias multimillonarias e incluso hubo varios cambios de paquetes accionarios. La realidad es que hoy Telefónica de Argentina sigue siendo de Telefónica de España, y Telecom tiene una propiedad dividida entre Telecom Italia (donde a la vez están los españoles) y el grupo Werthein (uno de los empresarios amigos del gobierno). En las idas y vueltas de estos últimos meses, se habla de la venta de la parte accionaria de Telecom en manos de los italianos a Eurnekián (que a la vez vendría asociado a Slim, el magnate mexicano de medios). Todos estos son los pulpos que tratan de meterse en el nuevo negocio de las telecomunicaciones. ¿En qué consiste? En el cortísimo plazo en el llamado Triple Play: ofrecer por una sola vía cable, teléfono e Internet. Hoy a millones de hogares argentinos “llegan” dos cables: el del teléfono y el del cable. Los dos ofrecen Internet por banda ancha, pero ninguno puede ofrecer los tres servicios juntos. El que lo logre se quedará con el negocio. Pero esto sólo será el comienzo: se viene la televisión digital, que va a permitir articular un sinnúmero de servicios, desde vender programación (pay per view), ofrecer canales de alta definición, hasta realizar transacciones comerciales con el servicio.
Los socialistas no estamos en contra del cambio tecnológico. Al contrario. Pero así como en la época en que sólo existía la prensa gráfi ca exigíamos que se repartiera democráticamente las “cuotas” de papel para el movimiento obrero, única garantía de que pudiera expresarse, de la misma forma nos planteamos hoy la verdadera democratización de los nuevos medios audiovisuales.
No estamos en contra del Triple Play: ¿quién puede oponerse a que una familia trabajadora pague una sola factura que englobe tres servicios que van, vía la convergencia tecnológica, a ser uno sólo? El problema es quién tiene el control del servicio y las tarifas. Y hoy, la realidad es que el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila- Manzano-De Narváez (Supercanal). Por eso no va a estar garantizado ni el real acceso al servicio para los sectores populares -ya que estos monopolios terminarán cobrando tarifas astronómicas- ni la “pluralidad de los contenidos”, ya que estos monstruos son los dueños de canales y programaciones. Como muestra basta un botón. No hace falta que la ley “autorice” a las telefónicas a tener medios audiovisuales: hace años que Telefónica es dueña de Telefé, algo formalmente “prohibido” por la ley de telecomunicaciones. Por si fuera poco, ya se compró también Direct TV para ofrecer el servicio desde el lado Satelital.
Por eso se impone reestatizar las telefónicas. Y además terminar con el dominio del Grupo Clarín y otros multimedios sobre el servicio del cable. Dos medidas básicas que, junto al reparto de los recursos técnicos y las bandas horarias en forma democrática, empezarían a garantizarle a los trabajadores, sus comisiones internas, cuerpos de delegados, organizaciones populares y a la izquierda la posibilidad de hacer oir su voz, hoy absolutamente silenciadas, tanto por la multimedia privada como por los medios “públicos” manejados por el kirchnerismo.
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