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“No se puede juzgar a los genocidas caso por caso”En el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Py, Capital, se está desarrollando el juicio relativo a la causa “Atlético-Banco-Olimpo (ABO)”, que investiga las violaciones a los derechos humanos en esos centros clandestinos de detención. Entrevistamos a nuestro compañero de Izquierda Socialista, Manuel Alonso, secuestrado en el Atlético en 1977, quien declaró la semana pasada como testigo. Una de sus reflexiones fue la frase que encabeza esta nota
En este tramo de la causa, la acusación se limita a la privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por 181 personas detenidasdesaparecidas. Se estima que por esos centros pasaron más de dos mil secuestrados. Durante el debate declararán alrededor de 400 testigos y su finalización está prevista para octubre. Entre los genocidas imputados se encuentran: Samuel Miara, Subcomisario de la PFA, alias “Cobani”; Julio Héctor Simón, Oficial de la PFA, alias “Turco Julián”; Raúl Antonio Guglielminetti, Agente Civil de Inteligencia del Ejercito, alias “Mayor Guastavino”; Ricardo Taddei, Principal de la PFA, alias “El padre o el cura”; Eduardo Emilio Kalinec, Comisario (R) PFA, alias “Doctor K”, Enrique José Del Pino alias “Capitán Miguel” Capitán del Ejército, de un total de 15 acusados. Manuel ¿Cómo fue tu testimonio? Relaté los hechos relacionados con mi detención en El Atletico. Desde 1973 militaba en la Juventud Socialista de Avanzada, que era la juventud del “glorioso” PST -como le decíamos-. En la noche del 3 de octubre de 1977 nos secuestran a mí y a mi compañera. Teníamos 20 años. Nos allanan la casa. Habíamos terminado de cenar cuando irrumpen en la habitación, rompiendo y dando vuelta todo. Nos vendan y arrastran por el pasillo hasta los autos. En un momento aparece un patrullero de la Comisaría 50 de Capital, al que el grupo de tareas le aclara que “la zona está liberada”. Nos llevan hasta un garage con una oficina. Era “El Atlético”, que funcionaba en Paseo Colón y San Juan, plena Capital. Nos toman los datos identificatorios y me dicen que a partir de ese momento pasaba a ser el “E-58”. ¿Los torturaron? Nos llevan al sótano, nos desvisten, golpean y nos llevan hasta “los quirófanos” que eran las salas de tortura. Nos picanean y nos interrogan sobre nombres, direcciones y actividades del partido. Terminada esa primera sesión me rapan y nos llevan a bañarnos. Nos colocan grillos (cadenas con dos candados en los tobillos). Y nos pasan a una sala donde nos dan una hoja y una birome para que hagamos una declaración. De ahí nos conducen a las leoneras (habitación con pequeños boxes con paredes de 1,5 metros de altura), de donde nos sacaban para torturarnos reiteradamente durante días. Después me pasaron a una celda. Antes de liberarnos nos dieron una arenga sobre la guerra contra la subversión, nos subieron a una Citroneta y nos dejaron vendados en la zona de La Boca. ¿El Tribunal te preguntó por qué no habías hecho la denuncia ante la Conadep en el 83? Sí, les dije que nuestro partido, que durante la dictadura luchó permanentemente en defensa de los derechos humanos, cuestionaba a la Conadep por tratarse de una Comisión de notables creada por Alfonsín en respuesta a la enorme presión de las masas, pero con la intención de evitar que se juzgase a todos los genocidas y sus cómplices, limitándose a las Juntas. Por eso después se dictaron la Obediencia Debida y el Punto Final. Gracias a la movilización se logró voltear esas leyes, abriendo la posibilidad de que se desarrollen los juicios. Algo más que nos quieras comentar del juicio… Si. Que me indignó la actuación de la defensora oficial de estos canallas, la Dra. Verónica Blanco. Su objetivo principal es tratar de desacreditar a los testigos, como hizo, por ejemplo, con un hombre de más de 80 años que había sido secuestrado junto a su esposa e hija, aún desaparecida, porque no recordaba con precisión determinados detalles ¡de hace más de 30 años! Es siniestro que las víctimas tengamos que revivir una y otra vez las vejaciones sufridas y soportar este trato, teniendo que demostrar que fuimos secuestrados y torturados, debiendo reconocer a nuestros verdugos para lograr inculparlos, mientras ellos, que tuvieron todo el poder del estado para hacer desaparecer personas y pruebas, gozan del beneficio de la presunción de inocencia, del arresto domiciliario en muchos casos y otras concesiones. Al finalizar tu testimonio hubo un cálido aplauso de los presentes… Yo no presencié otras audiencias, pero supongo que es una forma de expresar la satisfacción por haber logrado que se esté juzgando a estos asesinos, una muestra de solidaridad con las víctimas y en memoria de los 30.000 desaparecidos. Me emocioné mucho. Entiendo que a todos los testigos les debe pasar lo mismo. Remover el pasado es duro. Pero uno siente que está poniendo un granito de arena para que se haga justicia. ¿Qué medidas harían falta para lograr el juicio y castigo de todos los genocidas? Depende de una voluntad política que no existe. Habría que terminar con todo resabio que garantice la impunidad, por ejemplo, anulando inmediatamente los indultos de Menem, que aún siguen vigentes. Unificar todas las causas, para que testigos y víctimas no deambulen de juzgado en juzgado, declarando lo mismo. Tendría que invertirse la carga de la prueba, considerando culpables a todos los militares y civiles que tuvieron funciones desde el año 75 al 83, en organismos de seguridad e inteligencia, debiendo ellos demostrar su inocencia. Mientras tanto deberían estar presos en cárcel común y de por vida. Lograr esto es una tarea pendiente. La lucha de todos estos años fue el motor que permitió llegar a estos juicios. Es imprescindible continuar con la movilización en la más amplia unidad, como en los 24 de marzo y aniversarios de la desaparición de Julio López. Un desafío y una tarea pendientes que la voluntad popular puede convertir en realidad. ¿Qué opinás de los “derechos humanos” del gobierno?Estos juicios no son producto de la voluntad política de ninguno de los distintos gobiernos, desde Alfonsín hasta los Kirchner. Son fruto de la lucha de miles y miles de viejas y nuevas generaciones que, junto con los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, permanentemente nos movilizamos por el juicio y castigo de todos los culpables. El delito de genocidio no existe en la legislación argentina. Por lo tanto no se consideran todas las violaciones a los derechos humanos hechas por la dictadura como un plan sistemático que persiguió el exterminio de miles de luchadores para llevar a cabo sus planes económicos y políticos de sometimiento y explotación. En este marco, la lucha va imponiendo dificultosamente el juzgamiento de una parte de los genocidas, caso por caso, delito por delito, persona por persona. No existe una decisión política para juzgar a todos los genocidas y a sus colaboradores civiles. Por eso continúa la impunidad para miles de responsables de estos crímenes de lesa humanidad. “No pierdan más el tiempo…”En su testimonio, Manuel también recordó: “En una de las sesiones entra a la sala alguien a quien los torturadores se refieren como “El Capitán” y pregunta cuándo habíamos entrado, si ya habíamos cantado y de qué organización éramos. Cuando le responden que habíamos llegado el lunes, no habíamos cantado y éramos del PST, el Capitán los increpa: “no pierdan más el tiempo ¿no saben que los del PST si no cantaron en los dos primeros días, no cantan más?”. Lo sentí como un reconocimiento a la moral revolucionaria, cuya confianza en la clase trabajadora nos daba a miles la fortaleza para resistir.” |
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