El
Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
Juan Carlos Giordano
Contra los genocidas y la deuda
Marchemos el 24 en todo el país
Se viene otro 24 de marzo. Las marchas que se preparan en todo el país tienen que ser una nueva puñalada contra la impunidad. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar en Capital de Congreso a Plaza de Mayo, desde las 15. Izquierda Socialista invita a sus lectores a sumarse a su columna.
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Afiche convocando a la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia |
En estos años, los Kirchner se han querido “apropiar” de las banderas de los derechos humanos. Pero eso solo ocurrió en sus discursos. Porque fueron y siguen siendo los organismos de Derechos Humanos combativos y antigubernamentales quienes, junto a miles y miles de viejas y nuevas generaciones, y los partidos de izquierda, venimos combatiendo los pilares fundamentales de la impunidad. Para que todos los genocidas y sus cómplices vayan a la cárcel común, efectiva y perpetua; y se deje de pagar la deuda externa contraída por Videla y Martínez de Hoz. Por eso nos volvemos a movilizar este año.
Cristina y la trampa de “que actúe la justicia”
Luego que el repudio popular obligara a los Kirchner a anular la Obediencia Debida y el Punto Final, Cristina adoptó una política: de ahora en más, “que actúe la justicia”. Esto es, lisa y llanamente, consolidar la impunidad, como dice Juliana García en esta misma página. ¿Nada más puede hacer este gobierno que se reivindica de los “derechos humanos”? ¿Acaso no podría anular los indultos de Menem? ¿No podría dictar el desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores sociales que vienen siendo perseguidos judicialmente desde la década menemista? ¿Cómo puede ser que el delito de genocidio todavía no esté incorporado al Código Penal? Cuando el kirchnerismo tenía mayoría en las cámaras, lo podría haber hecho tranquilamente. O ahora, ya que tanto se habla de ellos, con algún DNU (decreto de necesidad y urgencia). O con alguna ley conjunta, junto a la oposición patronal. ¡Pero no lo hacen porque tanto el peronismo gobernante, como el peronismo disidente, la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, son sostenedores de la impunidad!
“Que actúe la justicia”, es para que los genocidas se sigan muriendo sin condena, gocen de prisiones domiciliarias en countries, como Bussi, y se eternicen los procesos judiciales. Para tener que seguir esperando años para que haya alguna resolución sin que se unifiquen las causas. Donde se obliga a los testigos a volver a declarar a riesgo de perder su vida, como Julio López. Máximas garantías que se les brinda a estos asesinos, cuando no las tenían sus víctimas en los años de plomo. Quienes usurparon el aparato estatal para hacer desaparecer luchadores, robar bebés en cautiverio o endeudar a todo un pueblo, solo merecen que se pudran en la cárcel.
El cáncer de la deuda “no prescribe”
Cristina dio como justificación para pagar la deuda con reservas que los gobiernos anteriores la vienen reconociendo. Que el tema “prescribió” por el paso del tiempo, lo que impediría cuestionarla. Un verso leguleyo para justificar su política rastrera de pagar a toda costa. Pero si habla de “justicia”, podría, por ejemplo, asentarse en el fallo del juez Ballesteros para fundamentar sobre su ilegitimidad e inmediatamente suspender los pagos.
El gobierno, al decir que un hecho ilegal que viene de la dictadura prescribió por el paso del tiempo, ya demuestra que nada tiene que ver con los derechos humanos. Si se hubiera aplicado ese criterio, no se podrían haber anulado la Obediencia Debida y el Punto Final, leyes que terminaron siendo declaradas como si nunca hubieran existido. O no se podría haber retrocedido con las AFJP, acto que emprendió este mismo gobierno.
La deuda externa no prescribe porque es parte del genocidio. Es un delito de lesa humanidad que se sigue cometiendo. Al revés, “el paso del tiempo” ha demostrado que es un mecanismo de sometimiento y una estafa llevando al hambre y pobreza a millones.
Vení con Izquierda Socialista
En estos 34 años que transcurrieron desde el golpe, y ante el clamoroso y reiterado reclamo de justicia, los distintos gobiernos impusieron leyes, indultos y cuanta barrera de impunidad para lograr la “reconciliación” con los militares y salvar a las Fuerzas Armadas. No lo lograron. Con avances y retrocesos, la lucha continúa. Contra los represores de ayer, que siguen en funciones hoy. Así lo demuestra la lista de personal civil e informantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército que sigue actuando.
En estos días el “Tigre” Acosta presentó una carta en el juicio de la ESMA protestando porque los sobrevivientes lo someten al “escarnio” de llegar esposado a las audiencias. Prueba que les duele. Este 24 digamos que queremos no sólo esposas para estos genocidas, sino cárcel común, efectiva y perpetua para sus cómplices civiles.
El gobierno ha montado una provocación para este 24. De la mano de Hebe de Bonafini y la Unidad Ejecutora Bicentenario dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, ha convocado a un festival en Plaza de Mayo a la misma hora en que ya estaba convocada la tradicional marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Todo para que las consignas históricas de esta fecha no retumben otra vez en la histórica plaza. Maniobra que denunciamos y, como tantas otras, seguramente fracasará.
El 24 es un día de repudio a los genocidas, sus cómplices civiles, políticos y económicos. También, un día de homenaje para los 30.000 desaparecidos, de los cuales nuestro partido antecesor, el PST, tiene cerca de cien. Por eso llamamos a nuestros amigos, simpatizantes y lectores a que nos acompañen, sumándose a las columnas de nuestro partido.
Uruguay: Genocida viejo sigue siendo asesino
Es una conquista de las luchas por los derechos humanos que los delitos de lesa humanidad no prescriban con el paso del tiempo. El presidente uruguayo José Mujica pretende ignorarlo, con el argumento de que Dios lo libre de tener viejos presos. En septiembre del año pasado ya había anticipado que no le gustaba “tener ancianos militares presos”. Pretende que se apruebe una disposición que permita que los mayores de 70 años, sean presos comunes o genocidas, puedan disfrutar arresto domiciliario. Para completarla, agregó que para él “la Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. En su habitual lenguaje campechano, lindante en lo guarango, descalifica la lucha por el castigo a los responsables del genocidio en el Uruguay.
Lo menos que se puede decir es que el flamante presidente tiene “hedor” a traición a la lucha de las miles de víctimas de una dictadura feroz que, en relación a la cantidad de población, fue peor aun que la argentina. Sus aberrantes declaraciones provocaron críticas dentro del Frente Amplio y de algunos de sus parlamentarios.
Escribe:
Juliana García
Hija de desaparecidos y candidata a legisladora por el Frente de Izquierda
“La Obediencia Debida continúa”
Esto nos dijo Juliana García Recchia, militante de derechos humanos e hija de desaparecidos, a quien entrevistamos. Hace poco más de un año, y tras una “búsqueda de 32 años”, pudo reencontrarse con su hermana apropiada.
• El año pasado, al ser liberado uno de los autores materiales del secuestro y asesinato de tu padre, nos dijiste que era otra muestra de que continuaba la obediencia debida. ¿Esto sigue?
-Hay una larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas. Hay ejemplos tremendos como el del Tribunal Oral Federal Nº 5, que contaba en sus filas hasta hace un par de años con el “Dr.” Guillermo Madueño como juez titular, hoy preso, acusado de complicidad con delitos cometidos por la dictadura. O el juez federal Guillermo Gordo, aún en funciones, también acusado por algunos organismos de tener vínculos con los genocidas, que el año pasado absolvió a 3 Jefes de Área de represión.
Como ejemplo te dí el fallo que ordenó la liberación del represor Eduardo Alfonso, de probada actuación en el asesinato de mi padre, exculpado por tratarse de una “orden de guerra que estaría obligado a cumplir”. Esta misma Cámara ya se había expedido en su momento en contra de la nulidad de estas leyes por considerarla “inconstitucional”.
Por otra parte, los genocidas que van a juicio son, en su mayoría, los mismos que continúan acumulando condenas a perpetua. Mientras fueron miles los involucrados en la represión, incluidos civiles. Por eso digo que continúa la aplicación de la teoría de la Obediencia Debida, más allá de que esas leyes hayan sido anuladas por el Congreso producto de la movilización de cientos de miles a lo largo de todos estos años.
• El gobierno sigue utilizando la bandera de defensa de los derechos humanos como propia ¿Cuál es su rol?
-Cuando Cristina dice que el tema genocidio “debe quedar en manos de la justicia”, deja a criterio de cada juez la resolución de las causas sabiendo que hay jueces que vienen desde la dictadura y que la figura del genocidio no existe en la legislación argentina.
Al negarse a tomar las decisiones políticas que permitirían enjuiciar y castigar a todos los genocidas y sus cómplices y decir “que se encargue la justicia”, están sembrando la impunidad. En el país hubo un plan represivo sistemático llevado a cabo por la dictadura, y así debe encararse el juzgamiento, no caso por caso, hecho por hecho, y sólo hacia las cúpulas.
Se impone la necesidad de invertir la causalidad de la prueba para todos los militares que revistaron durante la dictadura, que se sistematice la búsqueda de los chicos, que se ordene la realización del ADN a todos los nacidos entre 1975 y 1982 para cotejar con el Banco de datos de Abuelas, que se obligue a que se abran los archivos militares, policiales y de las empresas vinculadas al genocidio, con comisiones integradas por organismos de DD.HH., familiares y trabajadores.
Escribe:
Carlos Bach
El golpe y sus cómplices civiles
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Videla y monseñor Arana. Santa Rosa, La Pampa. 1977 |
El 24 de marzo de 1976, Argentina sufrió el golpe militar más sangriento de toda su historia. Con el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, Videla y Massera golpearon a la clase obrera mediante secuestros, torturas y desapariciones. Todo para imponer el plan económico de Martínez de Hoz, al servicio de la liquidación de las conquistas sociales y el saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint, Amalita Fortabat, Pérez Companc, Pescarmona y Macri. Al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.
El país pasaba a integrar el grupo de naciones latinoamericanas gobernadas por gobiernos de facto (junto a Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, entre otros), víctimas del Plan Cóndor, pergeñado por la CIA y EE.UU.
Los militares no dieron el golpe solos. Tuvieron el invalorable apoyo de varios de los partidos patronales, la UCR y un sector del peronismo. Ellos aportaron intendentes en varias ciudades del país -UCR: 310 intendentes, PJ: 192, Demócrata Progresista 109, entre otros-. Días antes del golpe, Ricardo Balbín -líder por entonces de la UCR- definía a las huelgas como “guerrilla industrial” y decía que las “Fuerzas Armadas son las mejores que he visto en mi vida” (La Prensa, 16/3/76). Algunos justicialistas en vez de defender al gobierno elegido en las urnas en 1973, que ellos encabezaban, se pronunciaron a favor de los golpistas. La cúpula de la Iglesia Católica bendijo el golpe. Los empresarios fueron cómplices. Recordemos que el abogado de Siemens era José Alfredo Martínez de Hoz. Muchos de los miles y miles de delegados y activistas desaparecidos fueron sacados directamente desde adentro de las fábricas. Uno de los casos más graves fue la masacre de Mercedes Benz, donde la patronal -junto a la burocracia del SMATA de José Rodríguez- logró que catorce de los dieciséis delegados fueran asesinados.
Una de las repudiables herencias de la dictadura fue la deuda externa. Los grupos económicos que se desarrollaron al calor de sus negocios con los milicos (obras del mundial 78, autopistas, contratos fraudulentos con empresas públicas), se habían endeudado por otros 13.000 millones. Ahí fue cuando, en el final de la dictadura, apareció el “joven” Cavallo en su cargo de presidente del Banco Central, para decretar la estatización de la deuda privada. De un plumazo los grandes pulpos quedaban libres de deudas y el Estado argentino asumía en su debe 26.000 millones. Como quedó demostrado años más tarde gracias a la investigación de Alejandro Olmos, esos 26.000 millones de dólares se componían de créditos, en muchos casos inexistentes. El FMI, por su parte, no sólo promovió y avaló este endeudamiento, sino que fue el primero en reconocer a la dictadura, otorgándole un crédito a días de producido el golpe.
En 1982, cuando la situación económica y social era desastrosa, la dictadura, en un intento por recobrar algo de popularidad, invade las Malvinas. Inglaterra, con Margaret Thatcher y el apoyo de la OTAN y los Estados Unidos, logra recuperarlas. Pese al heroísmo de los combatientes y la movilización popular en apoyo de la recuperación, Galtieri se rindió. Esto, sumado al odio a la dictadura, hizo que el pueblo entero saliera a las calles exigiendo a los militares que se vayan, cayendo la dictadura vía la movilización.
A fines de ese año se convoca a elecciones, asumiendo en 1983 Raúl Alfonsín. Se hizo el juicio a las juntas, logro del pueblo movilizado, pero con el correr de los años Alfonsín no tardó en promulgar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Eran vergonzosas concesiones a los carapintadas que se sublevaron en Semana Santa, a quienes se capituló mediante la firma de un acta refrendada incluso hasta por el Partido Comunista.
Con Menem-Cavallo vendrían los aberrantes indultos en diciembre de 1990, que una movilización de 150.000 personas no pudo evitar. Y el robo de las privatizaciones. Luego Cavallo vuelve a aparecer como ministro de Economía de De la Rúa, y hoy en día continúa en la impunidad, dando cátedras por el mundo.
A pesar de que la burguesía hace todo por que olvidemos, el pueblo sigue luchando, reclamando por la aparición de Julio López y no duda en hacerse escuchar ante cada hecho de represión (Kraft, Andagalá). Tampoco se deja llevar por el doble discurso de Cristina que dice defender los derechos humanos mientras mantiene los indultos y paga la deuda de Martínez de Hoz. A pesar que la impunidad sigue, son miles y miles quienes siguen movilizados contra ella.
Muchas cosas quedaron pendientes en más de tres décadas de lucha. Mientras nos sigan gobernando los partidos patronales que sostienen este sistema capitalista, no habrá salida para el pueblo trabajador. Es imprescindible lograr nuevos dirigentes políticos y sindicales y construir el partido socialista revolucionario que sirva para unir a toda la izquierda y luchar por un gobierno de los trabajadores. Para terminar de fondo con la impunidad, al igual que con los modelos económicos y planes de ajuste al servicio de las multinacionales y el imperialismo. En el camino de avanzar en construir una Argentina Socialista. Ese es el compromiso de nuestro partido en este nuevo aniversario del golpe genocida.
Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.
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