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Escribe:
Julio Poblesec 
Asesinan a la testigo Silvia Suppo
¿Otro caso Julio López?
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Silvia Suppo |
Silvia Suppo, fue una ex detenida- desaparecida y testigo clave en la causa por crímenes de lesa humanidad que se le sigue al ex juez Víctor Brusa y a otros cinco represores. Declaró el 5 de octubre del año pasado, siendo su testimonio fundamental para lograr una condena de 19 a 21 años de prisión para los acusados.
El 29 de marzo, dos asesinos ingresaron a su local en la ciudad de Rafaela (sur de Santa Fe), la asaltaron y apuñalaron salvajemente, robando dinero y elementos de poco valor. Debido a las reiteradas amenazas recibidas por todos los testigos en esta causa, desde el primer momento surgió la hipótesis de un ataque de sicarios de los genocidas en represalia por su testimonio. Más aún considerando que el hecho se produjo pocos días después del aniversario del golpe militar del 24 de marzo, y a que en Rafaela, ciudad de muy bajo índice de criminalidad, este es un caso inédito.
Sin embargo, rápidamente la policía y el juez que interviene en el caso, Alejandro Mognaschi, si bien no se animaron a descartar totalmente este móvil, comenzaron a hacer circular la versión de que se trató de un robo que terminó en asesinato. Arrestaron a dos jóvenes que, interrogados en la Comisaría 1ra. de Rafaela, “confesaron” su autoría, argumentando que la mataron para que no pudiera acusarlos, negando que hayan actuado como sicarios.
En Rafaela nadie cree que se trató de un robo y se niegan a aceptar que haya chivos expiatorios. A pesar del frío y la lluvia, unos 1.200 vecinos se movilizaron el viernes 2/4 en una marcha de silencio en reclamo de verdad y justicia. La bandera que la encabezaba decía: “¿Robo o asesinato político? ¡Esclarecimiento ya!”. Se sumaron el intendente, Omar Perotti, sus secretarios del gabinete y algunos concejales. No fue ninguno de los funcionarios del gobierno de Hermes Binner ni de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
En el mismo sentido, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia emitió un comunicado repudiando el asesinato, exigiendo al gobierno nacional y al de Santa Fe la “inmediata investigación y castigo a los asesinos y sus instigadores”, y demandando al Estado que “disponga las medidas necesarias para garantizar la seguridad de testigos, querellantes, abogados y todos los interesados en el juicio y castigo a los genocidas”.
Más allá del resultado de la investigación, lo cierto es que, tanto este nuevo crimen, como las amenazas que han salido a la luz, siguen demostrando que, de continuarse con la política actual del gobierno respecto a los juicios, no hay ninguna garantía de que puedan evitarse nuevos casos como el de Julio López o Silvia Suppo. Con el ritmo que llevan las causas individuales, se calcula que terminarían de juzgar todos los casos en el 2030, cuando ya muchos de los genocidas “juzgados” se hayan muerto de viejos hace tiempo. Mientras tanto, los testigos son obligados una y otra vez a exponerse y a padecer el daño psicológico que supone tener que volver a contar sus experiencias de tortura y encierro. ¿Qué más hay que testificar y comprobar que ya no esté hecho y sea archi conocido? Hay que terminar con este método de los juicios individuales y mandar a la cárcel a todos los militares y policías que ocuparon algún cargo durante el proceso. Y los que no sean culpables… que lo demuestren. Para eso hay que seguir movilizados, exigiendo castigo a los responsables materiales y políticos de este aberrante asesinato.
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