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Escribe:
Malena Zetnik
Hay que legalizar el aborto en Argentina
El derecho al aborto ya no es un debate tabú. La mayoría de la población lo reclama. Las trabas a los abortos no punibles, como la joven chubutense violada por su padrastro, ya no pueden tolerarse. En el Congreso se han presentado dos proyectos de ley para legalizarlo.
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Cada vez más voces piden la legalización |
Desde hace años se plantea este reclamo, en movilizaciones de mujeres y en el Encuentro Nacional anual. Cada vez se lo discute más en los medios de comunicación a través de los polémicos casos de mujeres (y a veces niñas) que no pueden utilizarlo aun siendo no punible por haber sido violadas. Un paso importante es que al iniciarse las sesiones legislativas de este año están presentados dos proyectos de ley sobre el derecho al aborto.
Ya en 2007, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto había presentado un proyecto que perdió vigencia parlamentaria por no ser tratado. Pero este año volvió a presentarse con firmas de más legisladores. También Sabattella, Heller, Vilma Ibarra y otros presentaron un proyecto similar.
¿Se puede legalizar el aborto en Argentina?
Todas las encuestas señalan que la mayoría de la población está a favor del derecho al aborto. Es más, hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó recientemente su “preocupación” por la legislación “restrictiva” del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como “por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo”. Aunque el cuarenta por ciento de los embarazos termine en abortos, para quienes gobiernan éste viene siendo un tema silenciado.
Tal es la necesidad de legalizar el aborto y el acuerdo de la población que, de hecho, ya existen servicios en algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires donde, en una delgada línea que roza los límites legales, asisten a mujeres en la atención pre y pos aborto, reduciendo los riesgos a la salud.
Lo cierto es que estos nuevos proyectos están firmados por legisladores de todos los bloques. Desde el Frente para la Victoria, la UCR, la Coalición Cívica, Proyecto Sur, el GEN de Stolbizer y el PS, entre otros, pero hasta el momento son una minoría. Es más, en general la mayoría de los dirigentes de estos sectores políticos ya se han manifestado en contra, como Carrió, reconocida militante antiabortista, lo mismo Oscar Aguad de la UCR o la propia presidenta Cristina Fernández, quien ya le ha jurado al obispado que no dejará pasar la ley, aunque con su habitual doble discurso promete dar “libertad de conciencia” a sus legisladores. El presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, dijo que se compromete a garantizar el debate. Pero eso no alcanza.
¿Qué podemos hacer las mujeres?
Aunque estos proyectos tengan algunos límites, su aprobación sería un gran avance para todas nosotras. Y fundamentalmente para las mujeres pobres y las trabajadoras. Por eso tenemos que poner en pie una importante movilización para lograrlo. La CTA, que integra la Campaña por el Derecho al Aborto, Pino Solanas, Sabattella y hasta el propio PS que son firmantes e impulsores de los proyectos deberían unificarlos y convocar enseguida a una gran movilización para aprobar la ley. Porque ya no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos ni suplicarle al Poder Judicial que habilite el derecho en los casos no punibles. Con las mujeres en la calle, podemos legalizar el aborto.
¿Qué dicen los proyectos de ley?
Los dos proyectos presentados, el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y el de Sabattella, Heller, Vilma Ibarra y otros, coinciden en proponer la legalización del aborto para todas las mujeres en forma voluntaria, a partir de los 14 años de edad sin autorización de los padres. Mientras que el primero lo habilita hasta las 12 semanas de gestación, el segundo lo permite hasta las 14 semanas. Luego de esas fechas, solo se podría hacer un aborto por peligro de la vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. Ambos proponen que el aborto se realice en el servicio público de salud y se incorpore como práctica médica del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas. Otro punto es que ante la presencia de objetores de conciencia en los servicios de salud, o sea, aquellos médicos que se nieguen a realizar la práctica por cuestiones morales, el director del lugar debe garantizar la realización del aborto con otro personal. Finalmente, solo prevén la punibilidad del aborto en caso de que se realice sin el consentimiento de la mujer.
Aunque ambos proyectos podrían mejorarse (por ejemplo, con disposiciones más efectivas para la protección de la mujer obligada a abortar), llamamos a que se apoye su aprobación efectiva.
El Papa: Encubridor de abusadores de menores
La abogada de una víctima de abusos sexuales por parte del cura católico Ernesto García Rubio en EE.UU., explicó el miércoles que el Vaticano dio instrucciones a la Iglesia de Florida para que protegiera al sacerdote pederasta, y le dio facilidades para continuar cometiendo abusos. La abogada dio a conocer una carta de la Santa Sede a la arquidiócesis de Miami, fechada en 1968, en la cual notifica que el clérigo se vio obligado a salir de Cuba “debido a graves dificultades de naturaleza moral”. Pese a la advertencia, los superiores de García Rubio le encomendaron trabajar con niños refugiados de Cuba, El Salvador y Nicaragua.
El Vaticano hace desesperados esfuerzos por encubrir y minimizar los miles de casos de pederastia practicados por sacerdotes. El mismo Papa Benedicto XVI quedó en evidencia por su rol en la protección de curas pederastas en Alemania, mientras fue obispo de Munich y luego prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. La Iglesia destinó millones de dólares a acuerdos extrajudiciales para evitar que se conozcan las denuncias y evitar la cárcel a curas responsables de abuso sexual a niños.
La semana pasada provocó un escándalo el predicador personal del papa Benedicto XVI, el cura Raniero Cantalamessa, quien comparó las acusaciones contra el pontífice y la Iglesia por el escándalo de los abusos sexuales a la “violencia colectiva” contra los judíos. Después del repudio causado por estas insólitas palabras, incluso de líderes religiosos judíos, el Vaticano desautorizó a Cantalamessa.
El torrente de denuncias es imparable en Europa y ya dio origen a organizaciones de víctimas. Sólo en Austria, unos 174 casos de maltratos y abusos sexuales en instituciones católicas fueron denunciados tras la implantación hace dos semanas de un número de teléfono especial para recibir las denuncias, informó este viernes la asociación Plataforma de Víctimas de la Violencia de la Iglesia. “Diariamente sabemos cosas nuevas sobre los métodos de educación en las instituciones católicas de Austria en los años sesenta y setenta. Se puede resumir en una palabra: sadismo”, declaró Holger Eich, psicólogo de la Plataforma en una conferencia de prensa en la cual también participaba una víctima.
Todo el sistema de poder del Vaticano, que apoyó a Hitler, Mussolini, Franco, Videla, Pinochet, etcétera, es la cabeza de esta maquinaria de opresión sádica contra centenares de miles de niños en todo el mundo. Es la doble moral de esa cúpula católica reaccionaria y medieval, que hace campañas contra el uso del preservativo y la legalización del aborto, mientras sus curas tienen impunidad para abusar sexualmente de los menores.
Eli Díaz y Romina Tejerina: tan iguales y tan distintas
La historia de Eli Díaz no se diferencia demasiado de la padecida por muchísimas niñas y mujeres en Argentina. Hija de una familia humilde de San Javier, en la provincia de Córdoba, Eli sufrió abusos y posteriormente violaciones por más de diez años en manos de un empresario maderero de la zona, Arturo Benavidez. Cuando Eli cumplió los 19 años, quedó embarazada de su violador. Nueve meses más tarde dio a luz en el baño de la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Hecho traumático tras el cual mató al bebé.
Enseguida, como en el caso de Romina Tejerina, Eli fue acusada de asesinato. Pero en lugar de repetirse la historia, esta vez, todo fue distinto. Contando con el apoyo de su pueblo, el movimiento de mujeres de Córdoba y la propia Romina, Eli pudo acusar al violador y denunciar la historia de vejaciones. Finalmente, en marzo de este año, Eli logró su absolución definitiva y la condena de Benavídez.
Aunque nada fue fácil para Eli, como no lo es para nadie que se enfrenta a empresarios y poderosos, hoy sigue adelante con su vida. Pero para Romina fue más duro. Hoy sigue descontando años a su condena, y su violador Pocho Vargas sigue libre. Más que nunca, denunciamos la impunidad y la complicidad estatal en el abuso hacia las mujeres. Más que nunca pedimos para Romina, la libertad.
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