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Tito Mainer

Doscientos años de la “Argentina” (Parte II)

Del 17 de octubre al Bicentenario

En 1947 el gobierno de Perón decretó la “independencia económica” y labró un acta en Tucumán que se presentó como una continuidad del Acta de la independencia de 1816 (ver reproducción en esta página). Sesenta años después está a la vista que Argentina es un país sujeto a los dictados del FMI, con una colosal deuda externa y una economía dominada por pulpos imperialistas que nos desangran y hunden en la miseria a los trabajadores. La tarea que muchos creyeron que Perón encabezaría sigue pendiente: la Segunda Independencia.

Izq.: Cordobazo. Mayo 1969. Der.: Argentinazo. Diciembre 2001

El 17 de octubre de 1945 las masas trabajadoras ganaron la calle al grito de “¡Queremos a Perón!”. Su movilización provocó que, al año siguiente, el peronismo llegara al poder en las elecciones más limpias registradas hasta entonces. Con el logro del voto femenino, Perón fue reelecto para un nuevo período en 1952, hasta que la llamada “Revolución Libertadora” lo derrocó en septiembre de 1955.

Aquellos años del peronismo, sobre todo durante el primer gobierno, plasmaron una relativa independencia del país respecto de los centros imperialistas: Gran Bretaña dejaba su lugar como gran potencia y el peronismo –como otros movimientos nacionalistas en Latinoamérica y el mundo– detuvo el avance yanqui apoyándose en la organización y movilización de los trabajadores.

Manteniendo el modelo capitalista –a pesar de una enunciada “tercera posición”– la coyuntura internacional permitió que el país tuviera una relativa independencia respecto del imperialismo, lo que favoreció una redistribución del ingreso, que llegó a ser cercano al fifty-fifty que pregonaban los llamados Estados de Bienestar de la posguerra. Ese “cincuenta y cincuenta” se mostraba como ejemplo de una “verdadera” democracia y de una repartija equitativa del capitalismo, ¡como si fuera justo que el 95 por ciento de la población reciba la mitad de la renta total de un país y la otra mitad quede en los bolsillos de una tremenda minoría de capitalistas, banqueros y funcionarios corruptos!

El movimiento obrero se organizó masivamente en sindicatos por industria y construyó una CGT poderosa. El peronismo, sin embargo, puso un corset a la movilización independiente, generando una burocracia sindical que ahogaba la democracia obrera y limitaba los reclamos o, directamente, los boicoteaba persiguiendo a los activistas de base. Cuando los yanquis se largaron al asalto –respaldados por la Iglesia, los radicales y el resto de los partidos de la “contra” como el Socialista y el PC– Perón, como aficionado al boxeo que era, “amenazó con la izquierda” con aquello del “5 x 1” que dijo en un discurso, pero pegó con la derecha, desarmando a la resistencia obrera y dejando a los trabajadores que creían en él en manos de los fusiladores. Los límites del nacionalismo burgués –como el de los Chávez y los Morales de ahora– habían quedado a la vista.

La Libertadora y Frondizi: una semicolonia yanqui

Los militares fusiladores del 55 y su continuidad política, el desarrollista Arturo Frondizi –que subió con los votos del peronismo proscripto– aplicaron una receta en común conocida como “Plan Prebisch” que, rápidamente, convirtió a Argentina en una semicolonia yanqui. El economista Prebisch partía de un diagnóstico apocalíptico: “La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico, más que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar ‘ahorrando sobre el hambre y la sed’ y más que la del ’90 y que la de hace un cuarto de siglo, en plena depresión mundial.”1

Como bien señala Mario Rapoport su plan “implícitamente apuntaba a una redistribución del ingreso inversa a la del peronismo, privilegiando las transferencias de la ciudad al campo y del trabajo al capital”. De hecho configuró un plan regresivo que desconocía los cambios operados desde la década de 1930 y retornaba al antiguo modelo. “Si bien tenía un lejano horizonte industrialista, las medidas apuntaron en concreto a estimular la producción agropecuaria, con el objeto de equilibrar las cuentas externas”. Resurgía con fuerza el modelo agroexportador –que el peronismo no había modificado sustancialmente– e introducía dos cambios sustanciales: el comienzo de un proceso de endeudamiento masivo con el capital financiero internacional, y –lo fundamental– la apertura de sectores enteros de la economía a la inversión extranjera directa, en particular de capitales de los Estados Unidos, como en el caso del petróleo y la industria automotriz. La Argentina adhiere a los acuerdos de Bretton Woods y se suma al FMI y al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), antecesor del Banco Mundial, pasos decisivos para sojuzgar a la Nación. Para imponer este cambio y convertir al país en una semicolonia, ante la creciente resistencia obrera, se recurrió a la aplicación del plan Conintes –de “Conmoción Interna”– que permitió la represión más salvaje y hasta la militarización del conflicto del Frigorífico Lisandro de la Torre, en 1959.

Un nuevo golpe de Estado liderado por el general Juan Carlos Onganía, con el aval explícito de la burocracia sindical y de casi todos los partidos –en este caso, menos el radical que fue el derrocado–, profundizó la represión y la penetración yanqui: de la mano del ministro Krieger Vasena los monopolios se adueñaron de sectores claves de la economía.

El Cordobazo

En respuesta a ese curso entreguista y hambreador, los trabajadores desarrollaron una creciente movilización que, extendida a todo el país, culminó en el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, que derribó al dictador y facilitó el surgimiento de nuevas direcciones sindicales clasistas, como el glorioso SITRAC-SITRAM de las fábricas Fiat de Córdoba. El movimiento obrero confluyó con el movimiento estudiantil y sectores de clase media muy influenciados por la triunfante revolución cubana, lo que motivó la aparición de corrientes guerrilleristas y vanguardistas alejadas de las tradicionales prácticas de los trabajadores. Estas corrientes –como el PRT-ERP y los Montoneros– querían “tomar un atajo” declarándole ellos solos la guerra al “Estado burgués”. Se aislaron de los trabajadores, ayudaron a confundirlos y, de hecho, sirvieron como pretexto a la represión que tenía como principal blanco a los activistas sindicales antiburocráticos y antipatronales.

Las nuevas elecciones devolvieron el poder al peronismo y, aunque con Cámpora y Perón se agitaba la bandera de la “liberación nacional”, la realidad es que se imponía un “pacto social” que descargaba la crisis sobre los trabajadores. La muerte de Perón llevó al gobierno a Isabel y López Rega, que dieron rienda suelta a la represión clandestina de las Tres A para imponer un plan económico de hambre y miseria, el “Rodrigazo”, que detonó una movilización de rechazo. A principios de julio de 1975, la clase obrera protagonizó su primera huelga general contra un gobierno peronista y derrotó este intento de aplicar un mazazo al nivel de vida popular y las conquistas democráticas. Pero la burocracia sindical pactó con Isabel y, frenando las luchas, dio paso a un nuevo golpe de Estado. Los guerrilleros, por su parte, sólo echaban leña al fuego a favor del golpe porque, según ellos, “cuanto peor, mejor”. Si había dictadura se justificaba más su “guerra”.

La dictadura y el plan Martínez de Hoz

A sangre y fuego, desde marzo de 1976 la dictadura impuso el Plan Martínez de Hoz. Descargando la más brutal represión de la historia nacional, con miles de desaparecidos –la mayoría de ellos, trabajadores–, decenas de miles de presos, censurados y exiliados, robando niños como verdadero “botín de guerra” y cambiándoles la identidad, apropiándose de bienes de los secuestrados, la dictadura impuso un plan económico entreguista, y endeudó al país al servicio de la banca imperialista.

La deuda externa aumentó de menos de 8000 millones de dólares en 1975 a más de 45.000 millones en 1983. Además, la fuga de capitales –depositados en el exterior– se estimaba en unos 80.000 millones de dólares. Durante su gestión, Martínez de Hoz provocó un quebranto en el sistema financiero equivalente a 7.000 millones de dólares, malgastó 10.000 millones de dólares en equipamiento militar y llevó la deuda privada a 10.000 millones. Con la bicicleta financiera, los grupos económicos amigos de los militares y las multinacionales alcanzaron ganancias del 150%. Endeudó a las empresas estatales, superando todos los límites permitidos, por cerca de 8000 millones de dólares −lo que daría motivos para su posterior privatización− y habilitó sobregastos para la realización del Mundial de Fútbol y las autopistas urbanas por cerca de 1.600 millones de dólares”. Además, estos genocidas “invirtieron” otros 250 millones de dólares para garantizar la “seguridad continental” (en operativos represivos tipo Plan Cóndor) y apoyar, entre otros, a los contra nicaragüenses y salvadoreños y al golpista boliviano Luis García Meza.

La resistencia obrera se incrementaba y comenzaba a poner en apuros al régimen, cuando la dictadura dispuso el desembarco en Malvinas, que cambió bruscamente el panorama.

Malvinas y la crisis de la deuda

La lucha antiimperialista movilizó al país, pero los jefes militares se negaron a desplegar las únicas medidas que podían hacernos triunfar: apoyándonos en la solidaridad de los pueblos latinoamericanos desarrollar una guerra contra el imperialismo en todos los terrenos. La derrota militar precipitó la caída de la dictadura. La “salida democrática” acordada con los partidos patronales, agrupados en la Multipartidaria, desembocó en un nuevo proceso electoral que llevó al radical Raúl Alfonsín al poder.

El país tenía una deuda que era, virtualmente, impagable. La “crisis de la deuda” sacudía a las economías latinoamericanas, pero los dirigentes de la UCR y el peronismo prefirieron negociar con el imperialismo. El Movimiento al Socialismo (MAS, del cual Izquierda Socialista es uno de sus continuadores), por el contrario, llamaba en aquel 1983 a “no pagar la deuda” o decretar una moratoria unilateral que pusiera por delante los interés del pueblo a los de los banqueros imperialistas. En 1960, el conjunto de América latina debía 7.200 millones de dólares. En 1970, esa cifra pasó a 20.900 millones, es decir que en diez años se incrementó en un 290 por ciento. Una década después, en 1980, el pasivo de la región, con Argentina, Brasil y México acumulando el 80 por ciento del total, llegaba a los 243.000 millones. La “crisis de la deuda” era de alcance continental, pero las burguesías latinoamericanas y sus gobiernos optaron por imponer planes de ajuste a sus respectivos pueblos y de privatización de la economía, sin siquiera tibiamente desafiar a sus “mandones” de ahora, el FMI y los gobiernos de los países imperialistas.

Acosado por las luchas –13 huelgas generales en su contra– y la hiperinflación, Alfonsín renunció y asumió el peronista Carlos Menem en julio 1989. Con el superministro Domingo Cavallo (quien en 1982 había estatizado la deuda privada) profundizó aún más la miseria y la entrega rematando al peor postor todas las empresas públicas y las riquezas del patrimonio nacional, dando por tierra con todas las históricas banderas del justicialismo de aquella ansiada “independencia económica” decretada en 1947. Famoso por establecer “relaciones carnales” con los Estados Unidos, el menemismo se convirtió en el gobierno más servil del imperialismo desde el retorno de la democracia, en 1983, al punto de visitar Londres y rendir pleitesía a la reina de Inglaterra, usurpadora de las Malvinas. La corrupción de funcionarios del Estado, entretanto, se convirtió en moneda corriente: todos los políticos y burócratas sindicales se enriquecieron de una manera desorbitante. La desocupación vino para quedarse.

El 2001 y después: Por la segunda independencia

Los dos años de gobierno de De la Rúa (1999 a diciembre 2001) estuvieron signados por el tema del endeudamiento externo: fracasaron el “blindaje”, el “megacanje” y todas las argucias tramadas por sus ministros –José L. Machinea y, nuevamente Cavallo– junto al FMI y el Banco Mundial. ¿La conclusión? Una deuda que siguió creciendo de forma geométrica mientras millones de argentinos se convertían en desocupados crónicos y arrojados a la marginalidad, en cifras jamás vistas en el país. En diciembre de 2001 el país estalló, tiró al gobierno proimperialista de De la Rúa y, al grito de “que se vayan todos”, repudió por igual a los políticos peronistas, radicales y de todos los partidos patronales, a los traidores de la CGT, y se movilizó frente a la Rosada, el Congreso, la Corte, los bancos y las privatizadas.

El resto es historia cercana. Los Kirchner –continuadores del modelo impuesto desde 2002 por Duhalde– mantienen el sistema capitalista semicolonial y continúan una política de entrega de las riquezas nacionales (como la minería, el agua y el petróleo) y disfrazan su proimperialismo y sus negociados con supuestas “nacionalizaciones” y “reestatizaciones” para beneficiar a empresarios amigos y seguir su doble discurso para estafar a los trabajadores y el pueblo.

1. Raúl Prebisch: Informes Económicos. Presidencia de la Nación, Bs. As., 1955-56

El historiador nacionalista Norberto Galasso comenta que, respecto de la deuda externa, existe un patrón de conducta: “Siempre la negocian los mismos, el que la toma es empleado del que presta”. En los años de la dictadura, ejemplifica, “el estudio jurídico de Guillermo Walter Klein era apoderado en la Argentina de dos bancos extranjeros. El número de clientes creció a más de veinte cuando Klein se convirtió en la mano derecha de José Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía”.*

Desde ese puesto, tomaba créditos para el país con los mismos bancos a los que representaba. “Fue una de las tantas veces en que el gobernante y el prestamista estuvieron sentados del mismo lado de la mesa, enfrentados a los intereses del país”. En el estudio de Klein-Mairal trabajaban los hijos de Mariano Grondona y de Martínez de Hoz, quienes en 1985 “se fugaron con valijas repletas de documentación que probaba la ilegitimidad de la deuda” contraída por la última dictadura. Otro tanto, señala Galasso, sucedió con un intermediario más reciente: “Daniel Marx fue negociador de la deuda con Alfonsín, Menem, Cavallo y De la Rúa, y en el medio fue socio de Nicholas Brady”, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

Ahora, el gobierno de los Kirchner ha tomado devotamente el pago de la fraudulenta e impagable deuda externa. Y para la operación del canje ha puesto como coordinador al Banco Barclays, uno de los principales accionistas de las empresas que están intentando robar el petróleo de las Islas Malvinas.

* Véase N. Galasso, Historia de la deuda externa argentina, de la banca Baring al FMI, Colihue, Buenos Aires, 2002. cit. en R. de Titto, La joya más preciada. Una historia general de la Argentina, El Ateneo, Buenos Aires, 2008

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