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Carlos Bach
Genocidio en Tucumán Testigo aporta lista de desaparecidos
Durante el juicio que se está llevando a cabo en Tucumán contra los asesinos Bussi, Menéndez y otros represores, hubo un importante aporte por parte de un ex militante montonero que, luego de su detención, comenzó a trabajar en el Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía provincial. Allí pudo rescatar de su incineración dos biblioratos con información detallada sobre el secuestro y destino -incluso anotaciones de posibles sesiones de tortura- de 293 detenidos (entre los que se encuentran 195 desaparecidos), que pasaron por la Jefatura de la Policía tucumana que funcionaba como centro clandestino de detención y los guardó durante 33 años. Ésta estaba situada frente a la sede del Episcopado provincial, lo que demuestra la evidente complicidad de la cúpula eclesiástica con el gobierno militar. Incluso, el capellán castrense Mijalchyk -confesor de Menéndez y Bussi, entre otros- al ser indagado por su participación en carácter de informante desestimó las acusaciones diciendo “esto es un invento de los zurdos” (Clarín, 25-6).
En los documentos, además, se incluyen informes sobre actividades “sospechosas” de trabajadores en fábricas e ingenios provistas por las patronales, una prueba más de la estrecha colaboración por parte de los empresarios con la dictadura. Recordemos el caso de la Mercedes Benz donde se informaba de la actividad sindical de sus obreros con la complicidad del burócrata José Rodríguez, provocando 17 desaparecidos, 14 de los cuales eran delegados.
La aparición de estos documentos demuestra que las pruebas fundamentales contra los genocidas las siguen aportando los testigos, incluso a costa de su vida (como el caso Julio López), no la justicia ni el gobierno. Prueba que, mas allá de la impunidad de los gobiernos anteriores y del actual (a pesar que se autodenomine “de los derechos humanos”), sigue la lucha, a 34 años del golpe, por una justicia verdadera para que paguen quienes mataron, torturaron e hicieron desaparecer a nuestros 30.000 compañeros.
Este hecho hace necesaria la inmediata apertura de todos los archivos existentes e invertir la carga de la prueba, declarando a todos los genocidas y sus cómplices culpables, para que sean ellos quienes deban demostrar su inocencia. Enviándolos a cárcel común, efectiva y perpetua, terminando con sus prisiones de privilegio o la comodidad que gozan en sus hogares disfrutando de salidas transitorias.
Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.
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