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Escribe:
José Castillo
Minería
¡Fuera la Barrick!
Cristina en Canadá se reunió con Peter Munk, líder de la Barrick Gold, segunda empresa minera del mundo, dueña en nuestro país de los las explotaciones de Veladero y Pascua-Lama, en San Juan. Allí le garantizó la continuidad absoluta a los privilegios y el saqueo que lleva adelante esa multinacional
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Esa reunión, en la que además participaron los gobernadores salteño Juan Manuel Urtubey, riojano Luis Beder Herrera, jujeño Walter Barrionuevo, santiagueño Gerardo Zamora y el Secretario de Minería Jorge Mayoral, tuvo como objeto reforzar el escándalo que está haciendo de la megaminería argentina una de las actividades más lucrativas para las transnacionales del sector.
El negocio minero
La Presidenta le garantizó a Munk que “no serán tocadas en absoluto” las leyes que rigen sus inversiones en el país. Se trata de la famosa “legislación minera” que proviene en su totalidad de la época menemista. El nacimiento del saqueo megaminero es un hijo del Pacto de Olivos: en la reforma constitucional de 1994 se estableció que “Corresponde a las provincias el recurso originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124 de la Constitución Nacional reformada). A posteriori, se dictan una batería de leyes, como la ley de inversiones mineras 24.196/93, y su modificación 25.161/99; de Reorganización Minera 24.224/93; de Acuerdo Federal Minero 24.228/93; de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería 24.498/95; de Protección Ambiental 24.585/95; y Ley de Actualización de Inversiones Mineras 25.429/01. Además, en 1997 se firmó el tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno (ver nota en esta misma página). La mayoría de esta legislación fue promovida por el entonces Secretario de Minería Angel Mazza y el presidente de la Comisión de Minería de Diputados, el ultramenemista, hoy ultrakirchnerista y gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
En resumen, se prohíbe al estado provincial, único dueño del recurso, explotar los minerales. Las concesiones se entregan a perpetuidad, en forma exclusiva y transferible, sin discriminación de nacionalidad. El concesionario puede vender o alquilar la explotación, como si fuera su propiedad privada. Prácticamente no existen barreras relacionadas con preservar derechos aborígenes o ambientales. Las empresas quedan prácticamente eximidas de cualquier impuesto o tasa, nacional, provincial o municipal. Lo único que pagan las explotaciones mineras es una regalía provincial del 3% del valor del mineral extraído a “boca de mina” (sin ningún valor agregado y después de restarle los costos). Lo ridículo es que esto lo declara la propia minera, 180 días después que la carga llega al puerto de destino. Según un informe de Estudios Fiscales y Económicos (El Cronista Comercial, 29/1/2006), se calcula que las empresas pagan realmente una regalía que nunca supera el 1,5%.
Por si todo esto fuera poco, se “complementó” estos beneficios con los decretos 417/03 y 753/04, firmados por Duhalde y Kirchner, respectivamente, por el que las mineras están autorizadas a llevarse del país el 100% de las divisas que obtengan de la exportación (por comparación, en el petróleo, que ya es un escándalo, pueden llevarse hasta el 70%). Y, además, ahora Cristina firmó dos decretos “secretos” (¡sí! ¡increíble! ¡secretos!) con mayores beneficios impositivos para las mineras.
Así nació el “boom minero” para las transnacionales. La actividad extractiva creció un 300% desde 2003 a hoy. La propia Secretaría de Minería, en un folleto titulado “Diez razones para invertir en minería en la Argentina”, afirma: “las tasas de retorno de las minas de oro y cobre argentinas se ubican entre las más altas del mundo, ocupando el cuarto puesto en el caso del oro y el tercero en el caso del cobre, según la Colorado School of Mines”.
Terminar con el saqueo
Argentina es la sexta potencia minera del mundo (oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, niquel, cobalto, uranio y otros), por un valor estimado de 170.000 millones de dólares. La Barrick Gold, con sus megaproyectos de Veladero y Pascua Lama, encabeza el saqueo. Pero en el “negocio” están metidas todas las grandes mineras del mundo, asociadas a intereses locales vinculados a los gobernadores de las provincias mineras y a empresarios testaferros de los Kirchner. Se llevan miles de millones de dólares, destruyen pueblos, ecosistemas y toman enormes pedazos de territorio como propiedad extra-nacional.
Hay que cancelar ya todas las concesiones de la megaminería, y exigir que las multinacionales, empezando por la Barrick, paguen por sus destrozos ambientales y la renta robada, expropiándole sus propiedades y maquinarias como garantía. Al mismo tiempo hay que derogar toda la legislación minera del saqueo, reemplazándola por otra, discutida democráticamente en las comunidades afectadas, que garantice la vida y el ambiente, donde el Estado nacional vuelva a ser, como antes de 1994, el dueño de los recursos mineros.
Sólo se logró detener, así sea parcialmente, este desastre en aquellos casos en que los pueblos se movilizaron, como sucedió en su momento en Esquel, o, hace poco, en Aldalgalá. Este es el camino, sabiendo que enfrentamos acá la faceta más entreguista y proimperialista de los Kirchner.
Un tratado para el saqueo
Se llama Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno. Firmado por los entonces presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997, fue promovido en su totalidad por la Barrick Gold. Crea una franja virtualmente autónoma por 40 años, llamada “Area de Operaciones”, en la frontera argentinochilena, pasando por arriba de Parques y Reservas Naturales, abarcando nuestro territorio de Norte a Sur, de Catamarca hasta Santa Cruz. El negocio central es Pascua-Lama, un gigantesco proyecto minero binacional, propiedad de la Barrick. Una vez puesto en marcha, desde San Juan, un túnel de 7 kilómetros perforado en las Altas Cumbres de los Andes, llevará oro, plata y cobre rumbo a los puertos del Pacífico, sin ningún tipo de control por parte de Argentina ni de Chile.
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