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Escribe:
Malena Zetnik
¡Que Cristina legalice el aborto ya!
Aunque viene siendo un reclamo histórico y un grave problema de salud pública, el derecho al aborto es un tema postergado y temido por el gobierno de Cristina. No sólo no se están discutiendo los proyectos de ley para legalizarlo, sino que el ministro de Salud Manzur rechazó recientemente una guía técnica que reglamentaba la atención de los abortos no punibles considerados en el artículo 86 del Código Penal.
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La Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles no es un escrito nuevo. Se trata de un material que fue elaborado en 2007 por el ministerio de Salud durante la gestión del entonces ministro Ginés González García. Sin embargo, en su momento no tuvo demasiada circulación en el sistema de salud. Pero la semana pasada, luego de su actualización y publicación en el sitio web del ministerio, se desató el escándalo: mientras Manzur negaba haber firmado el material, los ministros de Salud de las provincias se reunían con el objetivo vergonzante de exigir que se diera de baja al material. Mientras tanto, Cristina cumple su compromiso con la Iglesia y permanece callada avalando la situación.
¿Qué dice la guía?
El instructivo dispone que no se deben judicializar los abortos no punibles y se debe garantizar su práctica en cada hospital. Hay tres casos permitidos: cuando corre riesgo la salud de la mujer, cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (hace falta el consentimiento del representante legal) o cuando hay una violación (la mujer debe aportar la denuncia policial o una declaración jurada).
Además, la guía contempla la figura del “objetor de consciencia” solo a título individual y no institucional, es decir, que todo hospital tiene la obligación de realizar la práctica. Y los profesionales que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo, serán responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología.
Lo claro es que esta guía no avanza más allá de las leyes existentes desde 1921 en relación con los permisos previstos para interrumpir voluntariamente un embarazo, contemplados en el artículo 86 del Código Penal. Pero al no existir un protocolo, los médicos de los hospitales en muchos casos se niegan a practicar los abortos porque argumentan que ese artículo no es claro y/o que tienen miedo de ser acusados de cometer un delito. Por supuesto que detrás de todo esto está la Iglesia, que se empeña en destruir la vida de las mujeres que no desean tener hijos a costa de mantener su mandato de defensa del “niño por nacer”.
Necesitamos el aborto legal ya
En los últimos años hemos sido testigos de cientos de casos de mujeres que han muerto durante la gestación o que han tenido que soportar un embarazo producto de una violación gracias al accionar de médicos, abogados y militantes católicos que han judicializado los derechos de las mujeres. Junto con ellas, otras cientos murieron anualmente a causa de abortos clandestinos y otras miles sufrieron secuelas por la ilegalidad. Está claro que la mejor forma de terminar con la violación de los derechos de las mujeres es legalizando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para que no haya más dudas ni excusas. Para lo cual llamamos a movilizar, aprovechando el triunfo logrado con el matrimonio igualitario. ¡Las mujeres queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos! ¡Fuera la Iglesia del Estado!
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