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Caso FibertelCristina les regala un gran negocio a las telefónicasEn un nuevo capítulo de la pelea gobierno-Grupo Clarín, los Kirchner le han quitado la licencia a Fibertel, la empresa de Magnetto. Al hacerlo, entregan en bandeja un negocio de $1.000 millones anuales a Telefónica y Telecom. El gobierno de Cristina le acaba de quitar la licencia al Grupo Clarín para seguir operando su servicio de Internet, realizado a través de la firma Fibertel. Informó que, en 90 días, sus clientes, 1.055.000 (4,5 millones de usuarios), deberán “optar” por pasarse a otros operadores. O, caso contrario, se quedarán sin Internet. El ministro De Vido, al informar la decisión, señaló que la “migración” no debería generar problemas, ya que “existirían” otras 300 empresas operadoras de Internet. Esto es mentira. Porque el total de empresas inscriptas es muchísimo menor. Y, fundamentalmente, porque el grueso del mercado se reparte entre Fibertel (25% del total de usuarios de banda ancha de la Argentina), Speedy (la operadora de Telefónica, con 1.406.000 clientes, 34%) y Arnet (de Telecom, con 1.274.000 usuarios, 30%). El resto de las empresas vinculadas a la telefonía celular u operadores menores, tienen, de conjunto, apenas 465.000 clientes (11% del total). En muchísimas zonas del país, sólo se encuentra Fibertel y una u otra de las dos telefónicas. La clausura de Fibertel es, entonces, un negocio en bandeja ofrecido por el gobierno a Telefónica y Telecom, no una política para combatir a ningún monopolio. Se trata, sin duda, del “precio” que el gobierno acordó pagar el año pasado, cuando -debido al repudio popular ante las denuncias de que la nueva ley de medios contenía escondido un negocio brutal a favor de las telefónicas, las únicas habilitadas para brindar el servicio Triple Play (televisión por cable, teléfono e internet en un sola boleta)- terminó optando por retirar esos artículos del proyecto finalmente aprobado, para ganar el voto de Pino Solanas y el resto de la centroizquierda. Monopolio versus monopolio La convergencia tecnológica de la telefonía y la televisión hace que a la mayoría de los hogares hoy lleguen dos tendidos: el de la TV por cable y el del teléfono. Los propietarios de ambos sistemas están en condiciones insuperables, desde el punto de vista económico y tecnológico, para brindar el tercer “servicio en disputa”: Internet por banda ancha. Si bien pueden existir otros operadores capaces también de ofrecerlo, no tienen capacidad de alcance territorial para competir con estos monstruos. El problema en nuestro país comienza cuando se corre el telón y salen a luz quiénes son los propietarios de estas inmensas redes. En el caso de la telefonía, la privatización menemista dividió al país en dos zonas, operadas en forma monopólica por Telecom y Telefónica, respectivamente. En lo que respecta a la televisión por cable, los múltiples operadores que existieron en un comienzo fueron desapareciendo, quedando la red monopolizada por Cablevisión y Multicanal (este último perteneciente al Grupo Clarín). Fibertel era una empresa de Internet de Cablevisión. Finalmente, en las épocas de “luna de miel” del gobierno kirchnerista con Clarín, se autorizó la “fusión” de Cablevisión y Multicanal en diciembre de 2007, siendo el último acto de gobierno del ex presidente Kirchner. Con la explícita anuencia kirchnerista, el Grupo Clarín, de esa manera, pasó a controlar la inmensa mayoría del servicio de televisión por cable argentino. Hoy, en medio de las peleas del matrimonio presidencial con el grupo, y como parte de la política de avanzar en el control de los medios para armar “su” red adepta, le retira la licencia a Fibertel, dejando afuera a Clarín del negocio de Internet. A cambio, entrega un regalo multimillonario -un millón de clientes cautivos- a Telefónica y Telecom. Todo como parte de la política de los Kirchner de controlar absolutamente todos los medios de información, para hacer propaganda de sus actos, liquidar las criticas a su gobierno o reducirlas a su mínima expresión y, además, beneficiar a sus amigos empresarios del grupo Werthein, que se quedó con gran parte de Telecom. Reestatizar las telefónicas y garantizar Internet para todos Los trabajadores tenemos derecho a acceder al uso de Internet, con una calidad y velocidad adecuada, a un costo razonable. Ya hace tiempo que esto ha dejado de ser “un servicio de lujo”. Lo necesitamos para trabajar, para mantenernos comunicados con familiares y amigos, y tener acceso a información y opiniones. Es una de las formas en que se materializa la libertad de prensa. Tanto como en el acceso a la televisión o la radio. Incluso hoy, quizás, más que en los medios gráficos en papel. Muchísimos trabajadores, por ejemplo, leen los diarios por Internet. Con los avances tecnológicos actuales hay condiciones de exigir un Triple Play (acceso a teléfono, TV y banda ancha) a precios populares. E incluso se podría abastecer Wi Fi libre y gratuito para todos. Si hoy el gobierno no lo hace, se debe a que le deja el negocio para que lo manejen monopolios privados (tanto del lado de Clarín como de las telefónicas). Se impone entonces la reestatización de Telefónica y Telecom, pasando su administración a manos de sus trabajadores y técnicos. Y que, desde allí, se garantice el acceso automático a todos los hogares de la banda ancha de Internet. A su vez, respaldar todas las medidas que pueda tomar el Sindicato Argentino de Televisión, como ya lo señaló, para “garantizar la estabilidad del empleo y la protección integral de su trabajo” de los trabajadores de Cablevisión. |
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¿Qué quieren hacer los Kirchner con Papel Prensa? En un largo discurso, Cristina denunció “la apropiación ilegal” de Papel Prensa, acusando a los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y la Razón. Papel Prensa es el monopolio con mayoría del Grupo Clarín y minorías de La Nación y el Estado Nacional que controla la producción de papel de diario. No está mal recordar hechos de la última dictadura militar. Pero los Kirchner se acuerdan ahora de enviar el caso a la justicia, después de siete años de gobierno, cuando están enfrentados con el Grupo Clarín. El gobierno es padre del doble discurso. Si se habla de hechos aberrantes ocurridos en la dictadura, sería bueno que anulara los indultos o dejara de pagar una deuda externa contraída por Videla y Martínez de Hoz a costa de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El gobierno vino amenazando con expropiar Papel Prensa para ponerla bajo control del patotero Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, su mano derecha en la intervención del Indec. Ahora, además de anunciar que llevará el caso a la justicia, enviará al Congreso un proyecto de ley para “declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización, y establecer el marco regulatorio de este insumo básico que garantice un tratamiento igualitario para todos los diarios de la República”. Supuestamente, para que haya más “amplitud de voces”. Puras mentiras. Si ésa fuera la intención del gobierno, ya lo hubiera hecho con Canal 7. Pero en la TV pública no se aceptan voces opositoras, sino sólo alabanzas al kirchnerismo, como hace escandalosamente el programa 6,7,8. Ni qué hablar del silencio sobre los conflictos cotidianos de los trabajadores o los nulos espacios hacia los partidos de izquierda. Miremos, como otro ejemplo, Fútbol para Todos. Aprovechando el sentimiento popular por ver los partidos de cada fecha del torneo oficial, el gobierno está gastando 1.000 millones de pesos en propaganda que mecha entre gol y gol para anunciar “sus obras”, muchas de ellas mentirosas. Por eso es que, hasta Julio Grondona, presidente de la AFA desde la dictadura, ha dicho que en 2011 votaría por Cristina, por los negocios que mantiene con el matrimonio presidencial. Los socialistas no aceptamos que un gobierno patronal maneje el papel a su gusto y antojo. Tampoco que lo hagan los grandes grupos como Clarín o La Nación. El único objetivo que mueve al gobierno es tener medios gráficos adeptos. Nuestra propuesta es que el Estado se haga cargo de garantizar el papel para que todas las corrientes de pensamiento, sean políticas, culturales y sociales, sin excepción, puedan dar a conocer su opinión sin ningún tipo de censura. Y defendemos el derecho inalienable de la clase trabajadora y los sectores populares a hacer escuchar su voz, sus luchas y exigencias. Lo opuesto a lo que aspira al gobierno con sus nuevos anuncios mediáticos. |
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