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Marchas por Julio López
Cuatro años de impunidad
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El próximo 18 de septiembre se van a cumplir cuatro años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Fue testigo clave en el juicio que condenó al genocida Etchecolatz por genocidio. Su secuestro prueba la existencia de bandas parapoliciales fascistas que siguen actuando. No sólo amedrentan testigos para que no declaren en juicios de lesa humanidad, sino que directamente están dispuestos a secuestrarlos y hasta hacerlos desaparecer. Aún así, sabiendo de éstas amenazas, el gobierno no le brindó la más mínima protección. Un claro desprecio de quien alardea con los “derechos humanos”.
Julio López continúa desaparecido por la inoperancia y la suma de irregularidades injustificables que sucedieron a su captura. La justicia decía que estaba “perdido”. Pasaron tres meses hasta que aceptó que era un secuestro. Un año y medio para que apartaran a la policía Bonaerense de la investigación, sospechada de autora o cómplice del caso. Dos años llevó para que comenzara a seguirse una línea de investigación sobre policías y militares. Pero, finalmente, la misma quedó en la nada.
Este gobierno nunca más mencionó el caso, ni mostró intención de esclarecerlo, buscar y encarcelar a sus autores intelectuales y materiales. Tampoco hizo nada frente al asesinato de Silvia Suppo, en Rafaela, Santa Fe, otra ex detenidadesaparecida que, luego de testificar en otra causa contra militares, fue asesinada. O por Luciano Arruga, golpeado salvajemente y desaparecido por la policía desde hace 7 meses.
Los Kirchner siguen negando, en los hechos, la existencia de estas bandas, garantizando así su impunidad. Cristina Fernández declaró recientemente que “la mayoría de los militares del Proceso están presos, ahora hay que ir contra el poder económico”. Dos grandes mentiras. Porque siguen sin ser expulsados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante los años de plomo. Siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices. No se abrieron los archivos secretos de la dictadura. No hubo nulidad de los indultos. Y a 6 años de la anulación de la Obediencia Debida y Punto Final, han sido condenados sólo 58 genocidas y la mayoría goza de prisión domiciliaria en mansiones o countries. Tampoco se va contra ningún “poder económico” que actuó en los años de plomo. La deuda externa se sigue pagando y quienes la contrajeron, reconocieron, refinanciaron y la están pagando, gozan de buena salud.
Los Kirchner se limitan a decir que, a 34 años del golpe, “actúe la Justicia”. Pero ni siquiera incorporó al Código Penal el delito de genocidio, lo cual permitiría juzgar a todos los genocidas por la misma causa, unificar todos los procesos judiciales y las pruebas, e ir, no sólo contra los ejecutores materiales, sino contra los cómplices civiles del golpe. Un nuevo Punto Final, ya que si no fuera por la movilización popular, no hubiera habido ningún avance a lo largo de estos años desde la caída de la dictadura.
Con el kirchnerismo sigue la impunidad para los asesinos de ayer y de hoy. Y siguen procesados más de 5.000 luchadores sociales por defender sus derechos. Contra ello llamamos a participar de la movilización convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del cual forma parte Izquierda Socialista-, exigiendo este 18 la aparición con vida ya de Julio López y el castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro.
Marcha en Capital
Sábado 18 de septiembre, 15.30 hs.
De Congreso a Plaza de Mayo
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