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Censo 2010Lo que no se va a poder contarLa realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 se ve empañada por la crisis de credibilidad del INDEC, gracias a la política de desmantelamiento que lleva adelante la intervención kirchnerista desde enero de 2007. Como venimos denunciando los trabajadores desde hace ya casi 4 años, el gobierno ha tenido una política sistemática de manipulación de las estadísticas públicas, empezando por la inflación y la pobreza, y siguiendo con la desocupación y demás indicadores. Hoy, ante lo inminente del censo, desde la Comisión Técnica de ATE-INDEC se elaboró un informe cuestionando aspectos centrales del operativo. Por un lado, la improvisación, separación de técnicos con experiencia en censos anteriores, la falta de pruebas piloto y la demora en las tareas que tienen que ver con los listados de viviendas hacen prever que el operativo va a tener enormes falencias logísticas. Por otro lado, y coherente con la política de ocultamiento de la realidad de este gobierno, se han eliminado ciertas preguntas de los cuestionarios para conocer información sobre la pobreza estructural (por ejemplo, relacionadas al hacinamiento en las viviendas o a si están provistas de agua potable o de inodoro). Llama la atención, también, que no se pregunta sobre si el establecimiento educativo al que se concurre es público o privado y no se indaga sobre los distintos tipos de cobertura de salud. Otro tema que el cuestionario aborda con notable distorsión es el referido al déficit de viviendas, ya que al hablar indistintamente de vivienda y/o hogar, está ocultando que en millones de viviendas argentinas conviven dos ó más grupos familiares completos (hogares) que comparten el mismo baño, comedor y cocina, pero que no aparecerán en el censo como necesitando una vivienda. También el cuestionario sobre desocupación induce, en las cuatro preguntas que le dedica (No 25 a 29), a que toda persona que en las últimas dos semanas trabajó una hora ¡ya no es desocupado! Al contrario de la publicidad oficial, este censo no va a poder contar bien ni a los afrodescendientes, ni a los pertenecientes a pueblos originarios, ni a personas con discapacidad, ya que éstas preguntas sólo se harán a un 10% de la población, sin estudios previos sobre la representatividad de las muestras seleccionadas. Por todo esto, esta intervención va a dilapidar los 524 millones de pesos que tiene otorgados para este censo. Y nos va a ocultar a los trabajadores y al pueblo información de calidad y confiable. No somos los trabajadores quienes boicoteamos el censo, sino la propia intervención. |
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