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Néstor Kirchner¿Fue “el que más hizo por los trabajadores”?Hugo Moyano dijo esta frase: “el que más hizo después de Perón y Evita”. ¿Se trató efectivamente del presidente que redistribuyó la riqueza?
Más de un trabajador puede dudar al escuchar: “Kirchner creó cuatro millones de puestos de trabajo, redujo la desocupación a la mitad, derogó normas flexibilizadoras de la época menemista y volvieron las paritarias”. Le proponemos a ese compañero dialogar seria y fríamente. Es cierto que la economía creció desde 2003. Pero no se debió a Kirchner. La crisis capitalista mundial detuvo ese ascenso en 2008, pero a mediados de 2009 todos los países del Tercer Mundo, empezando por los latinoamericanos, volvieron a crecer, producto de los altos precios de las materias primas de exportación (soja, trigo, petróleo, otros minerales). Por supuesto que, entonces, tenía que aumentar el empleo. La pregunta debería ser: ¿cómo puede ser que a pesar de que la economía creció a tasas chinas todavía hay tantos desocupados? Flagelo que es aún peor al que muestran las estadísticas. Es mentira que el desempleo “se redujo” a cerca del 7,5%. La desocupación en nuestro país está por encima del 10% y, si le sumamos los subocupados, más del 20% de nuestros compatriotas tienen serios problemas de empleo. “Pero los salarios aumentaron”, podría retrucarnos. En algunos casos sí, respondemos, pero hagamos historia. Fue producto de las luchas, a veces duras, como las de fines de 2004 y comienzos de 2005, que, empezando con los telefónicos, siguió con el subte y los ferroviarios, rompiendo el piso de los salarios de miseria de 2001. Quienes obtuvieron incrementos posteriores tienen anécdotas similares. Y, a partir de 2006, cuando la inflación se largó con todo, la burocracia sindical y el gobierno se ocuparon de fijar “techos salariales”, haciendo que la gran mayoría de los aumentos quedara por debajo de la suba de los precios, perdiendo aceleradamente poder adquisitivo. Este año, mientras Boudou dice que es un tema de clase media alta-alta (ver recuadro), la inflación ya se comió un 30% de nuestros ingresos, transformándose en un brutal ajuste. No es cierto que gracias al gobierno “se acabó la flexibilización laboral”. Tenemos un 40% del total de los trabajadores en negro, ante la vista gorda del ministerio de Trabajo. Pero hay algo peor: entre un 30 y 40% de trabajadores en blanco están “terciarizado”, ganando la mitad que sus compañeros y en un grado de precarización absoluta. Aún así ese trabajador nos puede decir: “pero se actualizó varias veces la jubilación mínima, dos millones de personas que no tenían sus aportes completos accedieran a ese beneficio y se creó la asignación universal por hijo”. Nuevamente: las organizaciones de desocupados, con su lucha, consiguieron a principios de 2002 dos millones de planes sociales. El repudio a las políticas de los 90 generados por esa enorme rebelión popular llevó a que, entre otras cosas, se terminara con las AFJP. Lo que hizo el kirchnerismo es montarse sobre esa realidad. Aprovechó la justa indignación popular ante el robo de la jubilación privada para apropiarse de la caja del Anses y usarla para sus propios fines. La Asignación Universal por Hijo -reivindicación muy justa pero insuficiente- terminó en muchísimos casos reemplazando planes sociales anteriores. Y le permitió al kirchnerismo “ahorrarse el financiamiento”: lo que antes era parte del presupuesto de políticas sociales, ahora lo paga con la caja del Anses. Algo similar sucede con los jubilados: aumentó la jubilación mínima varias veces -siempre por debajo de la inflación- y a cambio “congeló” todas las demás, llevando a más del 80% de los abuelos a tener pensiones de miseria. La verdadera cara de todo esto se vio cuando Cristina vetó la ley del 82%, que en los hechos significaba apenas un aumento de poco más de 300 pesos sobre la jubilación mínima. Adujo que no había plata, cuando apenas 60.000 millones de pesos de los 160.000 que recauda anualmente el Anses se destina al pago de jubilaciones, desnudando que esa caja está dedicada a financiar otras cosas y a pagar deuda externa. No resulta extraño entonces que, con este manejo de las políticas sociales, en nuestro país la pobreza no baja del 30%. La contrapartida de todo esto son las ganancias records de los empresarios. Acá “nadie pierde”: los que cotizan en la bolsa, los bancos, las petroleras, las privatizadas, las automotrices, las patronales del campo y, por supuesto, los empresarios amigos del gobierno (los Ulloa, Lázaro Báez, Cristóbal López, Midlin, Ezkenazi). La fiesta de los subsidios y las exenciones impositivas superaron todos estos años cualquier partida presupuestaria para salud, educación o empleo. Entonces, compañero, es nuestra obligación decirle la verdad. Lamentablemente no nos encontramos ante un gobierno que “redistribuye la riqueza”. Los Kirchner, primero Néstor y ahora Cristina, más allá del doble discurso, siguen, igual que los anteriores, gobernando para los de arriba, para los ricos y grandes empresarios. Inflación: el caradurismo de BoudouEl ministro de Economía no tiene límites. Formado en la más ultraliberal universidad privada argentina, ex militante de la Ucedé de Alsogaray y ahora ferviente kirchnerista, ha dicho que la inflación no afecta a los trabajadores y demás sectores populares. Que es un tema de la clase media-alta. ¡Su mentira no tiene límites! Todos los analistas privados acuerdan que la inflación anual ya suma más del 20%. Y los alimentos subieron por encima del 27%. El asado, por ejemplo, el 104%. La inflación es un brutal ajuste que se come los salarios y demás ingresos populares. ¿Este oligarca es el ministro de economía de la “redistribución de la riqueza”? Kirchner y los Derechos HumanosLa causa de los derechos humanos en general, y la lucha contra el genocidio de la dictadura en particular, es una de las más sentidas por el pueblo argentino. Por eso el gobierno kirchnerista, en el marco de su política del doble discurso, ha buscado apropiársela, contando lamentablemente con el apoyo de varios de los organismos de derechos humanos llamados “históricos”, en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini y Abuelas, liderada por Estela de Carlotto. Se ha repetido hasta el cansancio que, gracias a Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se reiniciaron los juicios a los genocidas. Se oculta deliberadamente que esos triunfos fueron el resultado de las luchas libradas durante décadas, de miles de marchas y escarches, en las que nunca jamás participaron ni Néstor ni Cristina. El propio proyecto de anulación de las leyes no provino del bloque oficialista, sino de la izquierda en el Congreso Nacional. Y nos podemos preguntar ¿por qué no se anularon aún los indultos menemistas? A posteriori, cuando se reabrieron los juicios, el gobierno no hizo nada para incorporar la figura de “genocidio” al Código Penal. Y viene trabando la celeridad de los mismos obligando a un fatigoso e interminable “caso por caso”, donde los testigos deben desgastarse repitiendo una y otra vez lo que vienen diciendo desde 1984, en vez de dar lugar al reclamo de unificación de las causas. Pero no se trata solamente de una disputa “de cartel” por quien se adjudica los logros, o una discusión de “técnica jurídica” por cómo se desarrollan los juicios. Lamentablemente, en nuestro país no se terminó la impunidad. Siguen en la policía bonaerense, por ejemplo, 900 efectivos involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El no desmantelamiento del aparato represivo se verificó siniestramente con la desaparición de Julio López. Posteriormente, con la de Luciano Arruga. O, en el nunca esclarecido asesinato de Silvia Suppo. También en la sistemática judicialización de la protesta social, con miles de luchadores amenazados con el desafuero sindical, o hasta de ir a la cárcel por defender sus derechos en una toma, corte de calle o de vías. Roberto Martino, por ejemplo, está preso por expresarse contra las políticas genocidas del Estado de Israel. Podríamos sumar la negativa explícita del gobierno a siquiera abrir la discusión sobre los asesinatos de la Triple A, o la complicidad gubernamental con los casos de gatillo fácil, o, más cerca y dolorosamente, sus vinculaciones con la burocracia sindical y la patota que asesinó a Mariano Ferreyra. Con todos estos temas a cuesta, ¿se puede seguir diciendo que Néstor y Cristina son “los presidentes de los derechos humanos”? J.C. |
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