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Editorial
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La carne, leche, frutas y verduras ya son artículos de lujo. El kilo de asado y otros cortes subieron 110% en un año. Algunos alimentos son más caros que en Estados Unidos y Europa, donde los trabajadores ganan diez veces más que acá. Argentina se ha transformado en “el país del arroz y el fideo”, donde millones encuentran en esos productos su sustento diario. La inflación es el ajuste más antipopular que existe. Con los aumentos de los productos básicos subió la pobreza, la indigencia y la brecha entre ricos y pobres.
Lo más lamentable son las terribles consecuencias de esta política: las muertes por desnutrición que se vieron en estos días. Mientras el kirchnerista gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se paseaba por Italia abrazándose con el derechista Berlusconi, una nena de dos años y medio moría en su provincia por falta de nutrición. Los especialistas hablan de “sociopatía”, enfermedad ligada a la pobreza extrema. Flagelo que en vez de combatir, los políticos patronales encubren. Los chicos salteños, por ejemplo, son pesados con ropa para falsear las estadísticas. ¿De qué “modelo de crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza” habla la presidente? Una verdadera vergüenza nacional.
Quiénes ganan con los aumentos de precios son, en primer lugar, los grandes empresarios y multinacionales que los forman. Entre ellos, las grandes patronales del campo, con el aumento sideral de la carne, leche y demás alimentos. En segundo lugar, quien se beneficia sustancialmente es el gobierno, que embolsa 50.000 millones de pesos por una mayor recaudación fruto de la inflación. Dinero que sale del pueblo, fundamentalmente con el pago del IVA, impuesto que no se puede evadir porque va sumado al precio de los principales productos básicos, el más regresivo y uno de los más altos del mundo. Boudou desconoció la inflación y dijo que no afecta a los pobres. Ante el escándalo, Aníbal Fernández fue obligado por Cristina a desautorizarlo, diciendo que la culpa es de los empresarios. Volvió ahora sobre sus pasos diciendo que “no hay inflación”. Van y vienen tratando de encubrir lo que es evidente. Se le podría preguntar al Jefe de Gabinete multiuso qué hizo el gobierno para frenar los aumentos patronales. ¿Por qué no les impone precios máximos? ¿Por qué no los obliga a vender alimentos a precios accesibles bajo apercibimiento de cerrarles sus establecimientos o meterlos presos como lo dice la propia Ley de Abastecimiento? Precisamente porque los aumentos son autorizados por el patotero kirchnerista Guillermo Moreno bajo órdenes presidenciales. El peronismo oficial (con la complicidad de la oposición patronal) es un claro impulsor de la inflación.
La Asignación Universal por Hijo -que Cristina recuerda en cada acto electoralista-, ha sido erosionada por los aumentos de precios. Los $176 que paga por ese concepto son sólo un paliativo, “un beneficio emocional”, según dijo un funcionario de la Casa Rosada, que sirve para comprar algunos útiles o zapatillas. No para alimentarse.
Es necesario redoblar esfuerzos para impulsar la lucha por un aumento salarial y de jubilaciones de emergencia, tendiente a paliar el sideral costo de vida. No puede ser que mientras los precios aumentan todos los días, los salarios lo hagan una vez al año o cada seis meses. La pérdida salarial y jubilatoria está a la vista. Los trabajadores estatales recibieron un 21% de aumento este año, cuando la inflación proyectada será del 30. Los dos aumentos jubilatorios (8% en marzo y 16% en septiembre) ya fueron comidos por la suba de precios. Ni hablar de los 5 millones de trabajadores que están en negro.
Y los trabajadores en blanco, si bien tuvieron aumentos, fueron fruto de grandes luchas, como aquellas protagonizadas en fábricas de la alimentación que impusieron el 35% de aumento, mientras el gobierno y la CGT pergeñaban un techo salarial del 19%. Pacto que quieren reeditar. Cristina dio la orden a la UIA y a Moyano para que se pongan de acuerdo en “combatir la inflación”. Es decir, en frenar los pedidos de aumentos salariales.
Hay que exigir la reapertura inmediata de las paritarias. Así lo piden los estatales, docentes, profesionales de la salud, judiciales y demás trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores aceiteros, en paritarias, piden subir sus básicos de 4.000 a 5.000 pesos, ya que la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario acaba de calcular que el valor de una canasta básica familiar está en $4.830 mensuales (Clarín, 16/11). Los trabajadores portuarios de Capital paran por tiempo indeterminado contra las tercerizaciones. Los trabajadores tercerizados del Roca lograron un primer triunfo al ser reincorporados, preparándose para la pelea que se viene por el pase a planta permanente. Los trabajadores de Sancor Rosario reclaman contra 11 despidos. Son innumerables los trabajadores que necesitan defender sus derechos y reclaman contra diversos ataques de las patronales y el gobierno. Lamentablemente las conducciones sindicales de la CGT y de los dos sectores burocráticos de la CTA no mueven un dedo. Y cuando lo hacen las cúpulas de algunos de sus gremios, es por la presión desde abajo.
Por un aumento de emergencia. Que nadie gane menos que la canasta familiar. Basta de tercerizadas y trabajo en negro. Pase a planta permanente. No a los despidos. Estas deben ser las consignas a levantar para ajustar cuentas contra los delincuentes que roban todos los días salarios y jubilaciones, mientras amasan grandes fortunas.
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