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Escribe:
Federico Molinari
Murió Massera
Sigue la impunidad
El genocida falleció de muerte natural y sin proceso alguno. En la Argentina kirchnerista: ¿hay justicia o impunidad?
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Debería haber muerto en la cárcel |
La Junta Militar que tomó el poder tras el golpe genocida de 1976 tuvo entre sus integrantes a Emilio Massera, quien falleció la semana pasada a los 85 años en el Hospital Naval. El ex Almirante junto a sus camaradas de armas orquestaron el golpe militar más terrible de nuestra historia, abriendo así un período de entrega y endeudamiento externo con el imperialismo.
Sobre Massera recaía la acusación de 83 homicidios, 623 privaciones ilegales de la libertad y 102 robos, entre otros delitos. Había llegado a lo más alto de la cúpula de la Marina tras ser nombrado Jefe Naval por Perón en 1974. Fue condenado a prisión perpetua en 1985, posteriormente indultado por Menem y detenido nuevamente con el beneficio de prisión domiciliaria en 1998, hasta el año 2002, cuando sufrió un ACV. En 2005, fue declarado insano y todas las causas quedaron suspendidas.
Massera murió de viejo, impune, llevándose consigo los secretos más oscuros de la dictadura, cuando se debería haber muerto en una cárcel común. ¿A esto se le puede llamar justicia? ¿No tiene responsabilidad el gobierno de que esto ocurra? Claro que si.
Cristina viene diciendo que de los procesos a los genocidas “se encarga la justicia”. Pero tras esta estrategia recubierta de institucionalidad, se esconde la impunidad. Según los propios diarios oficialistas “bajó la cantidad de represores presos por el notable incremento de excarcelaciones; del total de procesados, un 37,5% está en detención domiciliaria; y ya fueron juzgados 145 personas de las cuáles 131 fueron condenadas, pero sólo 41 condenas están firmes y 14 resultaron absueltas” (Página 12, 10/11). A confesión de parte, relevo de prueba.
Los juicios y procesos conquistados por la lucha popular, en manos de este gobierno, lamentablemente se han transformado en impunidad. Cristina dice que actúe la justicia para evadir su responsabilidad política por no haber anulado los indultos menemistas. Sabe muy bien que el poder judicial está lleno de jueces que vienen de la dictadura y que, de esa forma, la lucha de décadas por parte de los organismos de derechos humanos y de varias generaciones se sigue diluyendo en los palacios tribunalicios, cuando hay pruebas suficientes de que hubo un genocidio y por ende, todos los responsables deberían estar en cárceles comúnes, no en prisiones domiciliarias con privilegios y prebendas.
Ni hablar de los cómplices políticos, económicos y eclesiásticos de los genocidas, que están en la más completa impunidad. Muchos creyeron que con la denuncia de Papel Prensa el gobierno quería hacer justicia con los negocios económicos ocurridos en los años de plomo. Nada más alejado de la realidad. Fue una cortina de humo con el objetivo de apuntalar un monopolio mediático afín al kirchnerismo. Los mismos empresarios y burócratas sindicales que durante la dictadura denunciaban a los luchadores para que los militares los hicieran desaparecer, hoy siguen activos.
Cristina y su difunto esposo agradecían ser identificados como “el gobierno que más hizo por los derechos humanos”. Pero no hay que dejarse engañar. Las pruebas está a la vista. Una, la forma en que murió Massera. Otra, el gobierno pagando cada vez más una deuda externa contraída por Videla y Martínez de Hoz.
Sólo con lucha y movilización, sin ninguna confianza en el gobierno, se podrá avanzar en lograr la cárcel común y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices civiles.
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