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Escribe:
Julio Poblesec 
Bergoglio es cómplice
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Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, fue citado a declarar en el juicio contra 17 represores por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en la ESMA. Fue a raíz de la denuncia de una testigo sobre su vinculación con el secuestro, tortura y desaparición, en 1976, de dos curas jesuitas que actuaban en una villa miseria del bajo Flores. María Elena Funes, sobreviviente de la ESMA, afirmó que Orlando Yorio y Francisco Jalics fueron secuestrados después que Bergoglio les quitó su respaldo por “razones ideológicas” y les exigió que se fueran de la villa. Esa misma semana se los llevaron en medio de un gigantesco operativo militar.
Como era de esperarse, Bergoglio se comportó haciendo uso de toda la impunidad con la que siempre contó la cúpula de la Iglesia cómplice de los genocidas, y con un cinismo repugnante e inquebrantable. En primer lugar, la audiencia se realizó en su propio territorio, el Arzobispado de Buenos Aires, en lugar del Tribunal en el que se tramita la causa, ya que el cardenal se amparó en un artículo del Código Procesal Penal que establece que las máximas autoridades del país -presidente, vice, gobernadores y “altos dignatarios de la Iglesia”- no están obligados a declarar ante un tribunal.
Peor fue su desenvolvimiento durante su declaración. Después que se vio obligado a reconocer que los dos jesuitas, tras ser liberados seis meses después, le manifestaron que había muchos más secuestrados en el lugar donde estuvieron, la abogada de la parte querellante le preguntó: “¿Y usted qué hizo?”. A lo cual respondió: “Le informé a mis superiores”. “¿Y no hizo ninguna denuncia judicial?”, le insistieron. “No” -”Pero con la información que tenía, sabiendo que había secuestrados en la ESMA, ¿no hizo nada para intentar salvarlos?”. “Informé a mis superiores”, fue su única respuesta.
Su declaración demuestra que los máximos responsables de la Iglesia fueron cómplices de los genocidas por sus acciones y su silencio. Y también que, después de la caída de la dictadura, siguieron encubriendo a los asesinos torturadores, pues jamás se presentaron por propia iniciativa ante la Justicia a exponer toda la información de que disponen.
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