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Editorial
“Acuerdo Nacional de Promoción de Diálogo Social en la Industria Hidrocarburífera”. Bajo ese pomposo nombre se acaba de firmar un pacto antiobrero entre el gobierno, las patronales petroleras y la burocracia sindical. Es para contener las luchas y dejar que estas empresas saqueadoras sigan haciendo fabulosas ganancias. El anuncio fue dado a conocer en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada, bajo una enorme imagen de Evita.
El acuerdo fue impulsado por el gobierno nacional y firmado por los gobernadores de provincias petroleras, tanto oficialistas como algunas “opositoras” de pico -Das Neves (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Campo (La Pampa), Sapag (Neuquén), Saíz (Río Negro), Urtubey (Salta) y Peralta (Santa Cruz); y 9 gremios comandados por Guillermo Pereyra, el burócrata del Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Hecho aplaudido por representantes de YPF, Pan American Energy, Petrobrás, Total Austral, Chevron y otras multinacionales. Nombres que quedarán grabados como gestores de uno de los mayores actos de entrega de nuestros recursos naturales.
Según Cristina, el acuerdo es para “resolver los conflictos laborales, para evitar cortes de rutas y bloqueos de los yacimientos y plantas productivas”. Y agregó: “Son tiempos que exigen canalización legal de la conflictividad laboral. Los 40 millones de argentinos no podemos ser rehenes de prácticas que no le hacen bien al país”. El ejecutivo de Fiat, Cristiano Ratazzi, coincidió: “son huelgas salvajes que afectan a la producción”. ¡La presidente se une a estos empresarios mafiosos, acusando a los trabajadores que defienden sus derechos de tener de rehenes a todos los argentinos! ¡Son estos empresarios salvajes quienes se llevan todas nuestras riquezas mientras el gobierno le quiere atar las manos a los trabajadores para que lo puedan evitar!
Este nefasto antecedente, bajo el nombre de Consejo para el Diálogo Económico Social, quiere trasladarse a otras ramas de la producción con la venia, ¡qué casualidad!, de Hugo Moyano y, por supuesto, de ambos sectores de la CTA, que no emitieron ningún comunicado en contra. “Hay que volver a consensuar”, dijo el titular de la CGT. Ahora avanzarían en el sector minero, otro ámbito de saqueo para las multinacionales como la Barrick, a quien el gobierno se esmera para seguir cuidando sus espaldas. Pacto que se firmará por sectores (bancos, industria metalúrgica, cerealera y farmacéutica, entre otros).
Este Pacto Social es una medida preventiva para frenar los reclamos salariales y que no se desmadren en un año electoral. El objetivo no es contener la inflación, sino la pelea salarial.
El gobierno, las patronales y la burocracia de la CGTCTA quieren poner un límite al gran ejemplo que representa para los trabajadores del país el triunfo de los tercerizados del Roca. Porque en todos los lugares de trabajo hay tercerizaciones donde se trabaja por la mitad de los salarios de convenio. Un gran negocio que viene de los 90 y este gobierno mantiene, como se demostró con el negocio mafioso que comparte con empresarios y burócratas del Roca.
Tienen miedo que esta lucha se extienda a otros gremios. Con el antecedente de los petroleros de Las Heras de años atrás, donde denunciaban estar afiliados a la UOCRA, cobrando menos de la mitad. Lucha que fue germinando y estalló con los tercerizados del Roca, obligando al gobierno a reincorporar a 200 despedidos y reconocer el pase a planta permanente de 2.052 trabajadores antes de fin de año. Como lo señaló un patrón industrial: “Tenemos el escenario complicado por la tercerización, creamos nuestra propia bestia. Los delegados de los servicios tercerizados no responden a los gremios peronistas y van a competir para sacar ventaja. Y encima, la paritaria arranca junto con la competencia electoral” (Clarín, 19/11).
La inflación come día a día los salarios e ingresos populares. Es el gran problema que el gobierno deja correr y avala (sin combatir a los formadores de precios), mientras intenta frenar las luchas por aumento de salario. Con el Pacto Social quieren fijar un techo salarial que gobierno, empresarios y burócratas sindicales harían valer en las paritarias. Se habla de un 15/19%. Pero estos pactos que barajan desde 2008 ya vienen fracasando. Recordemos cuando Moyano quiso imponer el techo del 19% y los trabajadores de la alimentación arrancaron, desde abajo, un 35%.
Hacia dónde apunta el plan de gobierno lo grafica un informe del Instituto de Investigaciones de la CTA-Yasky, citado por el oficialista periodista Horacio Verbitsky: “Para el conjunto de los asalariados el nivel de remuneraciones sigue por debajo del alcanzado antes del estallido de la convertibilidad a fines de 2001… mientras las ganancias de las principales empresas siguen siendo superiores al promedio” de esa época (Página12, 21/11). Es decir, seguir adelante con este “modelo” de crecimiento para los grandes empresarios y salarios por debajo de la inflación, tercerizaciones y el 50% de la mano de obra en negro.
Por arriba pergeñan un pacto, pero por abajo se hace sentir la bronca. Se dan reclamos por aumento de salarios (LAN, Paty, estatales y docentes de Formosa); pagos por única vez para fin de año (los trabajadores del Banco Ciudad de Buenos Aires lograron meses atrás un adicional por única vez de 1.800 pesos y ahora una gratificación especial de $7.700; los empleados de estaciones de servicios 200 pesos, entre otros); reclamos de pago de doble aguinaldo como en algunas plantas de la alimentación; de tercerizados de Luz y Fuerza por el pase a planta; luchas contra la reforma provisional que aumenta la edad jubilatoria por parte de docentes y estatales en Santa Cruz. Mientras se reanudan algunas paritarias como las de SMATA y UTA a fin de año, como adelanto de la mayoría que se reabrirían desde marzo de 2011, en un año electoral. Lo que augura un año conflictivo. Llamamos a la más amplia unidad de los trabajadores para enfrentar este pacto y a reclamar un aumento salarial de emergencia, en camino de lograr que todo trabajador gane el valor de la canasta familiar, que hoy asciende a los 5.000 pesos.
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