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Escribe:
Francisco Moreira
Hecha la ley, hecha la trampa
En las últimas semanas, varios jueces cuestionaron la posibilidad de aplicar la ley de “reforma política”. Referentes de la oposición patronal cuestionaron puntos “oscuros”. El gobierno salió a defenderla. Se trata de una ley proscriptiva y reaccionaria. Una verdadera trampa política que hay que anular.
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Fascimil del cartel común acordado entre los partidos afectados, como parte de la campaña contra la Reforma Política de Cristina |
En diciembre de 2009 el Congreso aprobó la llamada “Ley de democratización de la representación, la transparencia y la equidad electoral”, pergeñada por el kirchnerismo, con el aval de los radicales. El pomposo nombre buscaba crear expectativas entre los millones que repudian los mecanismos fraudulentos de los partidos tradicionales. Por el contrario, la “reforma política” intenta consolidar esos mecanismos y, lejos de democratizar la vida partidaria, imponer una alternancia en el poder de los partidos patronales que vienen siendo repudiados desde 2001, proscribiendo a la izquierda y centroizquierda.
No a la trampa de las internas
Uno de los aspectos centrales de la “reforma política” son las “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias” que se proponen realizar el 14 de agosto. El juez Manuel Blanco dijo públicamente que la ley “es de imposible cumplimiento”, cuestionando el “escaso tiempo entre las internas abiertas y la presentación definitiva de candidatos”. La jueza Servini de Cubría sostuvo que “es imposible que estén confeccionados los padrones para la interna”, ya que se deben actualizar dos años de “novedades” (5 millones de cambios: fallecimientos, mayoría de edad, cambio de domicilio, etcetera).
Referentes de la oposición patronal salieron a denunciar “puntos oscuros”. Mauricio Macri dijo que “tiene un cronograma bastante confuso”. Ernesto Sanz, de la UCR, cuestionó la fecha de las internas. Referentes del Peronismo Federal pidieron “suspenderlas” y Elisa Carrió dijo que la ley “busca encerrar a los partidos”.
En realidad, estos dirigentes políticos critican aspectos parciales de la reforma pero comparten su sentido general proscriptivo y reaccionario. La UCR apoyó con sus votos la ley, y ninguno de los partidos patronales impulsó ninguna medida contra su aplicación pese a tener mayoría en el Congreso desde marzo de 2010.
Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió a defender la ley y la realización de las internas con el argumento de que “la ciudadanía elija a los candidatos”.
Lo cierto es que las internas abiertas, simultáneas y obligatorias nada tienen que ver con mayor democracia, transparencia y participación. Por el contrario, la obligatoriedad a presentarse en ellas supone una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos. La ley impide expresamente que los afiliados de un partido decidan el mecanismo que democráticamente determine cuales serán sus candidatos. Se les niega la alternativa del consenso y las internas se deben realizar igual, aún cuando se hubiese acordado un solo candidato para el cargo. Su carácter “abierto” abre la posibilidad de que sean los aparatos clientelares tradicionales, no “la ciudadanía” ni los afiliados, quienes diriman las internas de otros partidos de acuerdo a sus propias especulaciones. Su “simultaneidad” limita la posibilidad de control sobre la posible intromisión de esos aparatos.
La ley obliga asimismo a conformar alianzas previo a la definición de los candidatos, más de cuatro meses antes de las elecciones generales, impidiendo, además, que se reformulen o amplíen estos frentes o alianzas después de las internas.
No a la proscripción de la izquierda
A su vez, la reforma pone un piso (filtro) del 1,5 % del padrón electoral a nivel nacional y por distrito para que vote en las internas de cada partido (decenas de miles de sufragios), como condición para tener derecho a presentar candidatos a presidente, diputados y senadores nacionales. Es decir, que el derecho democrático a presentar candidatos y a ser elegido queda cercenado.
Por otra parte, la ley habilita las “colectoras” para las internas, dando continuidad a los “sellos de goma” clientelistas de los partidos tradicionales a condición de que tributen para sus candidatos mayoritarios.
A todo lo anterior habría que agregar la falta de regulación de la pauta oficial y que la autoridad de aplicación pasó a ser la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Poder Ejecutivo.
Este carácter antidemocrático de la ley en general, y las internas en particular, tiene como objetivo un mayor manejo discrecional de las candidaturas por parte del gobierno y, en especial, la proscripción electoral de la izquierda que es la que está al frente de los reclamos obreros y populares, levantando medidas de fondo contra este sistema capitalista y combatiendo a sus políticos patronales, sean oficialistas u opositores.
Hay que rechazar la reforma política con sus internas truchas. Y llamar a luchar contra la proscripción de la izquierda y centroizquierda.
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