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Escribe:
Juan Rivera
Caso Juliá
La droga viaja en avión
El 2 de enero, un Jet privado de lujo proveniente de Argentina fue interceptado por la policía española con 944,5 kilos de cocaína. El hecho desnuda, una vez más, la existencia de un entramado de complicidades que llegan hasta lo más hondo del poder político.
El hecho fue descubierto recién cuando el avión aterrizó en Barcelona. Hasta entonces, los tripulantes del avión, Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, no habían tenido mayores contratiempos. Todo indica que nadie chequeó el avión. Como dijo uno de los hermanos Juliá a Miret, haciendo referencia a los controles locales: “No te preocupes por Ezeiza, no hay que hacer nada. Está todo arreglado”. Esto hace suponer que son cientos los casos de contrabando -no sólo de droga- que permanecen ocultos. Con lo cual, lo que pone en evidencia el caso es, una vez más, el entramado de complicidades entre el poder de turno, grandes empresarios y el narcotráfico.
¿Dónde está el “combate K al narcotráfico”?
Sin duda que el hecho de que un avión de esas características, con un cargamento de droga tan grande e incluso llevando a bordo a personas que previamente habían despertado sospechas por parte de las autoridades locales haya podido burlar todos los controles, hace pensar, necesariamente, en la complicidad de varios funcionarios. A esto hay que sumarle el hecho de que las autoridades españolas ya tenían información sobre el caso, por lo que interceptaron al avión inmediatamente después de que aterrizara.
Si bien todavía no llegó desde España la información necesaria para determinar dónde se produjo la carga, especialistas indican que la droga habría salido desde Argentina. Lo admitió hasta Aníbal Fernández cuando dijo que “nada descarta”, aunque Randazzo luego lo negó.
Pese a que el avión realizó una escala en Cabo Verde, África, el escaso tiempo en que estuvo allí sólo alcanzaría para cargar combustible, no tanta droga. La férrea sospecha que el cargamento haya salido desde Argentina ha puesto en la mira a numerosos organismos y funcionarios locales. Empezando por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones, la Aduana, la firma Aeropuertos Argentina 2000 y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), responsable del control de la Base Aérea de Morón -donde se encontraba el avión previo al pase por Ezeiza y donde se presume fue acondicionada para el traslado-. Y a Alejandro Granados, hombre de De Vido e hijo del intendente de Ezeiza.
Ninguna “laxitud” en los controles, complicidad lisa y llana
Todo aquel pasajero “de a pie” que alguna vez haya pasado por algún aeropuerto, seguramente se habrá tenido que someter a un riguroso control administrativo por parte de las autoridades para ver si transporta algo “ilegal”, al punto de obligarlo a semidesvestirse. A contramano de esto, un Jet privado de lujo se estaciona durante dos meses en los hangares de Morón, otros dos días en Ezeiza, carga entre sus tripulantes a personas sospechadas por la justicia y, sin embargo, logra salir del país con casi mil kilos de cocaína y todos los papeles en blanco, certificando que se trata de un “avión sin carga”. Raro. En realidad, más que un descuido o “laxitud” en los controles, como ahora esgrime la oposición patronal, lo que hay es un grado de complicidad estructural obsceno que involucraría a varios funcionarios.
La pantomima de los controles de pasajeros en los aeropuertos no hace más que simular una “batalla contra el narcotráfico”, cuando en realidad quienes se llevan la parte del león de este negocio suelen gozar de una impunidad casi absoluta. El antecedente directo de esto es el de las muertes por la efedrina, que golpeaba de lleno contra el gobierno por contar entre los traficantes muertos con alguno de los aportantes para la campaña electoral del PJ kirchnerista. Hoy, ante el escándalo desatado por el caso Juliá, el kirchnerismo se preocupó centralmente por no verse afectado por el caso, descartando que en algún momento pudiesen haber usado aviones pertenecientes a la empresa de los hermanos Juliá, Medical Jet, para su propio traslado.
No sólo eso. El mecanismo utilizado por Juliá para alquilar en Miami el jet a través de una sociedad con miembros no rastreables es el mismo que empleó el ex asesor de Ricardo Jaime cuando inscribió en Delaware, la firma que aparece como propietaria del yate valuado en un millón de dólares que se sospecha pertenecía al ex secretario de Transporte. Entonces, ¿de qué se sorprenden?
Ante este gravísimo caso, hay que exigir juicio y castigo a todos los involucrados, en particular de los funcionarios gubernamentales cómplices. Terminar con los aeropuertos privados -principal vía por la que fluye el narcotráfico-, el lavado de dinero y todas las mafias que ejecutan aberrantes delitos de guante blanco, que siguen en la impunidad, con grandes negociados y muertes.
Pocos radares y muchos aeropuertos liberados
En la Argentina hay alrededor de 1.500 aeropuertos privados y el número de radares, cuando funcionan, es incapaz de controlar el total de los vuelos que se efectúan por estos canales. Si bien en el caso Juliá se utilizó como salida el propio aeropuerto de Ezeiza, son miles los vuelos que se realizan por medio de aeropuertos privados que tienen por finalidad el tráfico ilegal de drogas. En realidad, el número de lo que se trafica por intermedio de pasajeros que ofician de “mulas” transportando drogas en su cuerpo o equipaje es bastante inferior al que se traslada, como en este caso, en vuelos privados.
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