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Editorial

Los precios de los alimentos vienen subiendo sin parar. En el último año subieron el 45%. El año pasado el pollo aumentó un 116%, la carne vacuna el 110 por ciento, el pan y la harina un 67% y en estos días subió un 60% el tomate, 40 por ciento la zanahoria y un 18 por ciento los huevos. Todos dicen que la inflación en 2011 será mucho mayor a 2010. ¡A pesar que el gobierno le dio a las patronales alimenticias 2.500 millones en subsidios, supuestamente para que no haya tantas subas! A eso hay que agregar la suba de las naftas, los teléfonos celulares y cuantas cosas más.

Cristina dice que aplica un “modelo de crecimiento con inclusión”, pero la inflación -el impuesto más despiadado contra los bolsillos populares- está empujando a miles y miles a la pobreza, marginación e indigencia. El “boom” del consumo o el de las vacaciones que tanto se promociona, es sólo para una parte menor de la población. El resto vive como puede.

El INDEC considera que una familia tipo (matrimonio con dos hijos) deja de ser pobre si percibe 1.250 pesos mensuales. ¡Cuando un alquiler en Capital está, como mínimo, en 1.500 pesos! Es una burla. ¿Por qué si dicho organismo intervenido y manipulado dice que hay un millón de hogares pobres, dio la asignación por hijo a dos millones de familias? Subsidio que, dicho sea de paso, todos coinciden en que ya fue comido en su totalidad por el terrible aumento de los precios.

El menos preocupado por la inflación es el propio gobierno. ¿Alguna vez escuchó a la presidente decir que estaba muy consternada por la suba de precios? No. Sólo atina, de vez en cuando, a “sugerirle” a los empresarios que no aumenten tanto. O le dicta al oído a algunos de sus ministros para que den ridículos consejos para paliar las subas (ver “Boudou y la palta”).

Este modelo inflacionario es defendido por el gobierno porque le representa una tremenda recaudación vía la inflación, esencialmente a través del IVA, el impuesto que paga el pueblo y más recauda para las arcas K.

El gobierno ya ni atina a los “precios sugeridos” o a ponerle algún límite a las patronales formadoras de precios. Junto con Moyano, varias veces han dicho que prefieren un modelo “con inflación y empleo” y no otro “con estabilidad y desocupación”, como si fueran las únicas alternativas posibles.

Sería fácil frenar la inflación: eliminando el IVA de la canasta familiar, imponiendo precios máximos y aplicando severas sanciones a los empresarios que no cumplan. Obligándolos a que vendan sus productos y alimentos a precios accesibles bajo apercibimiento de expropiárselos y ponerlos al alcance popular, entre otras urgentes medidas. No puede ser que en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, el 30% de sus habitantes vivan en la pobreza sin poder consumir las proteínas mínimas necesarias para la subsistencia.

Ante este panorama, lo único que le queda a los trabajadores es luchar por salarios dignos. Hay muchos gremios que están pidiendo aumentos de acuerdo a la verdadera inflación. Gastronómicos exige el 35%. Comercio, de un básico de 3.000 pesos, pide que se eleve a 4.000, aún sabiendo que ese monto queda por debajo del costo de la canasta familiar. Los petroleros exigen el 40% y no se guían por las cifras del INDEC, sino por los cálculos de una consultora privada. Lo mismo ya han hecho otros gremios. Algunas paritarias se van a firmar por seis meses con la condición de reabrirlas si las cosas siguen aumentando como ahora.

El ejemplo lo están dando los trabajadores de Rosario representados por la CGT San Lorenzo, que han paralizado los puertos de cereales de las agroexportadoras Nidera, Cargill, Budge, Molinos Río de La Plata, Noble y Dreyfus, entre otras, por tiempo indeterminado desde hace una semana. Son 8.000 trabajadores de la construcción, portuarios, camioneros, de empresas de seguridad y otros que reclaman 5.000 pesos de básico, lo que consiguieron los trabajadores aceiteros a fines del año pasado. Denuncian que hacen la misma tarea, pero al estar encuadrados en otros gremios, trabajan por menos. Estas multinacionales tienen mucho personal tercerizado, pagando un 60% menos que los de convenio. Las mismas que amenazan con suspender o despedir personal en vez de dar los justos aumentos reclamados.

El gobierno y Hugo Moyano han coincidido en que las paritarias deben ser “sin piso ni techo”. Esto, que llevaría a pensar que no habría limitaciones en los pedidos, es sólo una apariencia. Tomada ha salido al cruce diciendo que no va a avalar reclamos de 30% de aumento. “Ni piso ni techo”, para estos personajes, significa que cada sector pelee por distintas cifras por debajo de la inflación real, dividiendo al movimiento obrero y dejando las manos libres a las patronales para que sigan haciendo fortunas y no aumenten lo que corresponda.

El valor de referencia a reclamar es el de la canasta familiar, que ronda los $ 5.000. Los trabajadores que ya cobran esa cifra, deben exigir porcentajes de aumentos como el de los alimentos, es decir, un 45%. Y los trabajadores que no lleguen a esa cifra, deben reclamarla en forma urgente, como el ejemplo de los trabajadores de Rosario. Hoy, los trabajadores en blanco tienen un sueldo promedio de 4.000 pesos. Y la mitad de la clase obrera que lo hace en negro gana 2.500 pesos, llevando a que el salario medio no supere los 3.000, dos mil menos de lo que hace falta para vivir dignamente.

Mientras los trabajadores necesitan ya aumentos dignos, los dirigentes de la CGT se la pasan veraneando. O, como Moyano, haciendo negocios o política para el PJ kirchnerista. Otro tanto los dos sectores burocráticos de la CTA. Micheli hace un mes dijo que pediría un 30% pero no ha movido un dedo. Y Yasky ni abrió la boca.

Hace falta un aumento de emergencia para paliar el enorme costo de vida. Y unificar al movimiento obrero tras una paritaria común. Lo que hace falta es un plan de lucha de toda la clase obrera para lograr un aumento. Terminar con el trabajo en negro y las tercerizadas. Y enfrentar los despidos y suspensiones. Reclamo que deberá ser exigido desde abajo.

Es cierto que los trabajadores no van a esperar que sus dirigentes se dignen a pelear. Lo pueden hacer -y lo hacen- por su cuenta, imponiendo sus reclamos, como cuando se logró con tomas y planes de lucha el 35% en la alimentación. No hay que quedarse con los brazos cruzados. Los tercerizados del Roca marcaron el camino. Ahora le siguen los trabajadores del norte de Rosario. Exijamos aumentos de acuerdo a lo que suben los alimentos, indexados periódicamente, el 82% móvil y el fin de la precarización laboral. Es decir, un combate abierto contra la inflación, con la cual el gobierno y las patronales han decidido seguir adelante.

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