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Escribe:
José Castillo
Cristina no redistribuye la riqueza
El gobierno insiste en que los trabajadores cada día ganamos más. Tanto, que seríamos los responsables de que aumenten los precios. ¿Qué hay detrás del argumento sobre la “puja distributiva”?
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Cristina Kichner y Boudou (Ministro de Economía): no combaten la inflación, ni a los monopolios |
La presidente Cristina pronunció, el pasado miércoles 9, un discurso que merece ser catalogado como el sumun del “doble” discurso. Insiste en que no hay inflación, sino “distorsión de precios”, sosteniendo que hay distintos precios para un mismo producto y sólo se trata de “caminar” hasta encontrar el más barato. Los trabajadores no necesitamos de esos consejos. Vamos al supermercado el día de los descuentos y sabemos en cada barrio dónde hay “ofertas”. Habría que decirle a la presidente que no somos tontos. Vemos como, a pesar de eso, nuestros salarios cada día valen menos y que llenar “el chango” del supermercado se ha transformado en un privilegio para pocos.
Vayamos al tema de fondo. ¿Por qué hay inflación o, como la llama cínicamente la presidente, “distorsión de precios”? Según Cristina se estaría produciendo una “puja distributiva”. El modelo de los Kirchner habría “redistribuido la riqueza”, subiendo salarios y jubilaciones y eso habría aumentado la “demanda” de bienes de consumo. Los empresarios, a pesar de que el gobierno les ofrece subsidios e incentivos, no estarían invirtiendo más para subir la “oferta” de bienes y, así, la mayor demanda haría subir algunos precios, siempre en el “mundo de Cristina”.
Vayamos por partes: los tan mentados “aumentos salariales” se lograron hace ya varios años (tenemos que remontarnos a 2004 y 2005), producto de duras luchas obreras. Cristina apela al olvido, tratando de que no nos acordemos cuántos reclamos costaron conseguir esos incrementos. Y, lo más importante, tanto trabajadores activos como jubilados, venimos sufriendo una sistemática depreciación de nuestro salario por la inflación: todos los “aumentos” desde ese momento estuvieron por debajo de la misma. Su afirmación es, por lo menos, cínica, diciendo que los precios aumentan porque “hay mucha demanda”.
Pero Cristina reconoce que algunos empresarios “desaprensivamente” suben sus precios. Lo harían “a pesar” de los privilegios y subsidios que les da el gobierno. A confesión de partes, relevo de pruebas. Desde 2003, los empresarios ganaron como nunca. Esto desnuda que el palabrerío de acuerdos de precios fueron para la tribuna. Los empresarios los violaron impunemente y jamás el gobierno tomó una sola medida seria para sancionarlos. Y no se trata de “algunos empresarios”. La inmensa mayoría de los sectores productivos en la Argentina está en manos de grandes monopolios u oligopolios. Una, dos o a lo sumo tres grandes empresas controlan toda la producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza y tocador, y hacen lo que quieren con los precios. Es muy fácil sancionarlos si hubiera voluntad política.
La presidente también se refirió a las tarifas de servicios públicos, que permanecerían bajas gracias a la política de subsidios. Caben acá dos comentarios: sólo se mantienen bajas las tarifas en Capital y el Conurbano bonaerense, pero nada de esto sucede en el interior del país. Por otra parte, las empresas privatizadas se embolsan los subsidios, sin invertir un solo peso, a ganancia pura, lo que genera un deterioro mayúsculo en la calidad de los servicios, como lo puede observar cualquiera que suba a un tren suburbano o que sufra los cortes de luz casi cotidianos en Ciudad de Buenos Aires. Y todo esto sin hablar de los millones de trabajadores que no tienen el “privilegio” de acceder a la red de gas natural y deben gastar fortunas en garrafas.
Le respondemos categóricamente a Cristina: en nuestro país los precios no suben por ningún “exceso de demanda” ni “puja distributiva” del mercado. Dice eso para querer convencernos de que no hay que hacer pedidos “desmedidos” de aumentos salariales, porque si no, “naturalmente”, los empresarios (“la oferta”) se “verían obligados a aumentar los precios”. La realidad es que la inflación se da porque los grandes monopolios cada día ganan más a costa nuestra.
Por eso es mentira que se está redistribuyendo la riqueza. “Redistribuir” de verdad sería otorgar un aumento generalizado de sueldos y jubilaciones que recupere en primer lugar lo que se perdió por la inflación y que, mes a mes, se ajuste según el aumento real de los alimentos. Sería garantizar que ningún trabajador gane menos de la canasta familiar. Sería combatir la carestía con la fijación de precios máximos a los productos de la canasta familiar y la sanción real de todo empresario que lo viole, multando, clausurando o incluso expropiándolo, como plantea la Ley de Abastecimiento. Sería reestatizar los servicios públicos, terminando con la “fiesta de los subsidios”, para garantizar tarifas baratas en todo el país, o nacionalizando el comercio exterior para evitar que los grandes empresarios multinacionales vendan en el mercado interno a precios internacionales. Todo esto, muy, muy lejos, del mentiroso modelo de “redistribución” que ofrece el kirchnerismo.
Escribe:
Federico Molinari
¡Los salarios no deben pagar impuestos!
Un millón y medio de trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Es decir, el 20% de los que lo hacen en blanco, y 1 de cada 5 del total. El impuesto alcanza a 36.000 docentes bonaerenses, al 30% de los maestros de Neuquén, entre tantos otros gremios. Un robo que se come un aguinaldo y medio por año que, finalmente, se lo lleva el fisco.
Esto ocurre porque este gobierno mantiene una ley del radical Machinea que estableció este impuesto usurero. Al haber un mínimo no imponible, es decir, un piso a partir del cuál los salarios pagan ganancias, cualquier aumento que se logre se lo come el impuesto, en vez de ir a los bolsillos de los trabajadores. Por eso muchos gremios, en lugar de pedir aumentos reales, piden menos para no ser alcanzados por el mismo, a cambio de sumas en negro.
El propio ministro Tomada dijo que no subirá el mínimo no imponible, argumentando que el impuesto a las Ganancias es “un recurso tributario que contribuye a… la mejora de los haberes de los jubilados. También sirven para pagar la Asignación Universal por Hijo…” (Clarín, 10-02). Revelando que se le saca a los trabajadores y no a los que más tienen, para darle migajas a nuestros abuelos y al pueblo pobre.
Es probable que, en un año electoral, en algún momento se suba el mínimo no imponible. ¡Pero de lo que se trata es que los salarios no paguen ni un peso! ¡Y se grave con grandes impuestos a las multinacionales, grandes empresarios, al juego, renta financiera y tantas otras actividades que están exentas!
Escribe:
Atilio Salusso
Salarios
¡Qué suban igual que los alimentos!
Los precios de los alimentos no paran de subir. Se vienen las clases, y el aumento de la canasta escolar será de un 30 a un 40% más. En vez de combatir a los monopolios formadores de precios que lleva los artículos básicos por las nubes, a Cristina sólo se le ocurre pedir “equilibrio y racionalidad” a los pedidos salariales. Llamó a los trabajadores a que no tomen “medidas extremas”… ¡cuando lo “extremo” son los siderales aumentos de precios!
Tomando la inflación de las provincias que no están intervenidas, da que los salarios reales formales estàn estancados desde 2007, y que los sueldos de los trabajadores estatales y en negro están en retroceso (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino-CENDA, iECO, Clarín, 6/02 ). A eso hay que sumarle que un millón y medio de trabajadores paga el repudiable impuesto a las Ganancias.
¿Cuánto hay que pedir de aumento? Teniendo en cuenta que la mayoría de los salarios se destina a adquirir alimentos, el reclamo debería ser igual al porcentaje que aumentaron aquellos, es decir, el 40%. En el marco que una familia tipo necesita para vivir dignamente 5.000 pesos mensuales, el valor al que asciende la canasta familiar que, el gobierno, por supuesto, no mide. Hasta Lucio Garzón Maceda, abogado de la burocracia sindical, dice que el básico para todos los trabajadores debería estar en $ 4.000. Recordemos que los trabajadores del puerto de Rosario están pidiendo un salario de 5.000 pesos, lo que ganan los aceiteros.
La CGT y Moyano están más preocupados en zafar de la causa por la mafia de los medicamentos, en organizar actos a favor de Cristina y en poner a burócratas en las listas kirchneristas, que en pelear por el salario. Una de las alas burocráticas en que se dividió la CTA, la de Yasky, vía Ctera, pide un básico docente de 2.500 pesos, completamente insuficiente. Y el sector Micheli-CTA-ATE llama a una marcha el 3 de marzo para pedir 3.000 pesos de aumento, pero sin ningún plan de lucha a la vista más que en organizar los días 23 y 24 un Congreso de su sector en Mar del Plata.
Hay que luchar por un aumento de emergencia de 1.500 para todos los trabajadores. Pelear para que los aumentos vayan de la mano de la suba de los alimentos y que se indexen al real costo de vida. Nadie debe ganar menos que la canasta familiar. Por una paritaria nacional para unificar al movimiento obrero tras esos reclamos, que se firmen por seis meses y no se tengan en cuentas las cifras truchas del INDEC. Basta de tercerizadas y trabajo en negro. Que la CGT y CTA rompan el pacto con el gobierno. Que ATE fije un plan de lucha por salario y para que se termine el trabajo en negro en el Estado, donde el gobierno es el mayor empleador de trabajo precario. Para ello hay que exigir asambleas, plenarios de delegados y coordinar acciones. Sólo así se le podrá ganar la pelea a la inflación.
17% a los jubilados: Una miseria
Un mes antes de que se vaya a hacer efectivo -propio de su electoralismo-, Cristina anunció un 17,3% de aumento para los jubilados. Esto llevará el haber promedio de 1.400 a 1.640 pesos. Solo a un 40% de lo que cobran los trabajadores registrados. ¡Cuando todos dicen que la inflación será más alta que en 2010 y superará el 30%! El gobierno, por su parte, se niega al 82% móvil y no paga los 450 mil juicios ya acumulados para que se actualicen sus ingresos de acuerdo a lo ordenado por la Corte. Mientras sigue usando la plata del Anses para hacer campaña electoral, pagar deuda externa y subsidiar a privatizadas y grandes empresarios. Una vergüenza.
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